El pasado 9M, mientras miles de mujeres se manifestaban por el día internacional de la mujer trabajadora por el Ni Una menos, contra la violencia, por el derecho al aborto legal, entre otros reclamos, se viralizó un video de Matías Casaretto –concejal en Tigre por Juntos por el Cambio, jefe de la Agencia Pami de Pacheco y presidente del partido Acción Comunal-  en el cual se lo observa agrediendo y amenazando violentamente a su pareja diciéndole "Mirá qué miedo tenés. Si quiero te mato" y otras frases similares.

La presión popular producto de la rápida difusión del video y el repudio que despertó en las redes sociales obligó al concejal Segundo Cernadas, jefe del bloque de Juntos por el Cambio en el distrito, a solicitarle que deje su banca en tanto se sustancie la investigación. Casaretto optó por una licencia médica y difundió un comunicado pidiendo disculpas, para luego arremeter contra su pareja argumentando que la situación de violencia se dio bajo “un estrés emocional” al que habría sido empujado ya que se trataba de una operación política (!). En el mismo sentido, buscó desacreditar a la víctima basándose en que hay solo un video y ninguna denuncia formal, como si fuera tan sencillo denunciar a un concejal y miembro de una de las familias más poderosas de la zona Norte que incluyen hasta un obispo con llegada directa a la justicia y el Vaticano.

El Estado es responsable de la violencia hacia las mujeres

Casaretto en su descargo señaló “en última instancia quiero comunicar que la persona que yo quiero ser es la que presentó el proyecto de implementación en Tigre de la ley Micaela, y que en todo de acuerdo con ella me preparo para participar de cuanta capacitación y taller me ayuden a reparar el daño que pude haber cometido, y ser mejor persona y aún mejor representante de los vecinos” (Infobae, 11/03). Casi casi una declaración de culpabilidad, que expresa con claridad cómo desde el Estado utilizan la lucha por los derechos de las mujeres para lavarse la cara. Son los mismos funcionarios que profundizan la dependencia y vulnerabilidad de las mujeres al pactar con el FMI el ajuste y pago de la deuda. Un verdadero plan contra la violencia de género debe partir de garantizar las condiciones de vida de las mujeres: trabajo genuino, salario igual a la canasta familiar, vivienda, salud, educación sexual científica y laica.

Las declaraciones de Cernadas fueron en el mismo sentido: tratarlo como una cuestión de un hombre común pasando un mal momento; un cinismo típico que busca individualizar una problemática social confinándola a las cuatro paredes del hogar. Pero la responsabilidad política es ineludible. Con más de 70 femicidios en lo que va del año, queda en evidencia el fracaso de las políticas llevadas adelante por todos los gobiernos.

Por la organización independiente

A la violencia hacia las mujeres debemos enfrentarla con la movilización callejera, organizadas de forma independiente del gobierno y los partidos patronales. Es necesaria la creación de un Consejo Autónomo de la Mujer a nivel nacional, elegido por todas las ciudadanas mayores de 13 años y con mandato revocable, que cuente con presupuesto, bajo el control de las organizaciones de mujeres y que sea independiente del poder ejecutivo; establecer en todos los barrios Centros Integrales de la Mujer, con recursos y profesionales para atender los casos de violencia.