Distintas organizaciones y familiares de víctimas de femicidios y redes de trata nos hicimos presentes en las puertas de la Fiscalía de Género del distrito bonaerense de Tigre para exigir que se eleve a juicio la causa de abuso contra Pablo Paz Gutiérrez, uno de los responsables del femicidio de Luna Ortiz, quien admitió haber ejercido violencia sexual sobre ella aquel 3 de junio de 2017. Allí realizamos una radio abierta mientras tenía lugar una reunión entre los papás de Luna y la fiscal Mariela Miozzo.

En todo el proceso de lucha por justicia, impulsado por la familia, el accionar de los jueces y fiscales estuvo al servicio de tergiversar los hechos, en función de depositar la responsabilidad en la víctima y consagrar la impunidad para los femicidas, que, a su turno, están vinculados con los negociados de la droga y la trata de personas. Desde el inicio, la Fiscalía de Género, a cargo en ese momento del fiscal Fuenzalida, se negó a caratular el crimen de Luna como femicidio, y, en su lugar, lo encuadró como delito de “abandono de persona seguido de muerte con suministro de sustancias estupefacientes a título gratuito”, a su vez, cajoneó la denuncia por trata. Vale destacar que fue mérito exclusivo de la movilización que se iniciara el juicio, donde se conquistó la condena a uno de los responsables del femicidio de Luna, Isaías Villarreal. Esto, sin mencionar el papel que jugó la policía en ocultar las pruebas y la negativa del Municipio de Tigre a entregar las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido ese 3 de junio.

Ahora, Isaías Villarreal está a punto de quedar en libertad gracias un reciente fallo de Casación -en manos de los jueces Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky- que cambia la carátula a pedido de la defensa, iniciándose un nuevo juicio por “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real por homicidio imprudente” donde la condena se reduciría a 3 años, que es el tiempo que Villarreal lleva en prisión. El recurso de queja presentado por la familia de Luna fue rechazado por el Tribunal, con lo que solo resta apelar a la Corte Suprema bonaerense.

En paralelo se abrió la causa de abuso, donde está involucrado Pablo Paz Gutiérrez, uno de los hombres que le suministró drogas a Luna esa noche para poder violentarla. La investigación comenzó con la presentación de una pericia aberrante, elaborada por el perito Mariano Mosca, miembro del Departamento de la Policía Judicial, perteneciente a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La misma se vale de los problemas de adicción por los que estaba atravesando Luna para concluir que “ella se lo buscó”, revictimizándola y responsabilizando a la familia de lo ocurrido con su hija. Semejante canallada persigue la finalidad de poner en igualdad de condiciones a víctimas y victimarios y crear un relato donde el crimen de Luna habría sido resultado de un supuesto “exceso” de ambas partes, en el marco del consumo de sustancias; cuando lo que verdaderamente ocurrió fue un femicidio a manos de agentes del narcotráfico y las redes de trata. Justamente, se aprovecharon de la adicción de la joven en aquella ocasión para vulnerarla, induciéndola a un cuadro de sobredosis.

 

Resulta que es muy evidente la desigualdad de poder que había entre la víctima y los femicidas. No solo por la diferencia de edad y la condición de género de Luna, sino también por la protección política con la que contaban las actividades delictivas de los agresores que los hacía actuar con total impunidad. Sucede que el Poder Judicial prefiere construir la imagen de la “mala víctima” que mejor se ajuste a sus fallos misóginos, en pos de allanarle el camino a las mafias de la droga y la explotación sexual, negociados que se llevan la vida de nuestras pibas en cada barriada del territorio nacional. Por otra parte, estas sentencias de impunidad son una forma de aleccionar a las mujeres, de desalentar la lucha, y, a su vez, de condenar al oprobio a aquellas que rompen con los estereotipos de género pautados en este régimen social.

Como si esto fuera poco, en la reunión de hoy se les informó a los papás de Luna que pueden realizar otro peritaje, pero que lo deben costear de sus bolsillos. Las trabas económicas (y la falta de asistencia estatal y patrocinio jurídico gratuito) se suman al sinnúmero de obstáculos que deben atravesar las familias trabajadoras para acceder a la Justicia, convirtiendo todo el proceso en un verdadero peregrinaje. En ese sentido, todos los familiares que tomaron la palabra el día de hoy mencionaban que se ven obligados a soportar atropellos similares, y, en cada uno de los casos, aparecen distintas instituciones del Estado amparando a los femicidas.

El gobierno, por su parte, es el que elige a estos jueces repudiables, el que genera las condiciones de pobreza dejando a la juventud a merced de estas mafias criminales, el que no desmantela ni un asola red de trata y el que abandona a su suerte a las víctimas de violencia y a los familiares cuando reclaman por justicia. Por lo tanto, la lucha en las calles y de manera independiente es la única vía para conquistar nuestros reclamos.

¡Justicia por Luna, fue femicidio, no a la excarcelación de Isaías Villarreal, juicio y castigo a Pablo Paz Gutiérrez!

 

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