Ante una multitud movilizada a las puertas del tribunal para exigir justicia por el femicidio de Luna Ortiz, asesinada el 3 de junio del 2017 en Benavidez, el pasado jueves 25 de abril el TOC 7 de San Isidro, a cargo de los jueces María Cohelo, Alberto Gaig y Guillermo Federico Ecke, condenó a 14 años de cárcel a Isaías Villarreal por el delito de abandono de persona seguido de muerte con suministro de sustancias estupefacientes a título gratuito. A los testigos del condenado Pablo Paz y Matias Della Rocca, luego de sus testimonios, se los acusó por abuso sexual con acceso carnal y falso testimonio, y por encubrimiento, respectivamente. 

Con una condena y dos imputaciones, el poder judicial busca cerrar un proceso de lucha que lleva casi dos años exponiendo el encubrimiento estatal a quienes someten a las mujeres de los barrios de familias trabajadoras. 

Fue femicidio, El Estado es responsable

Durante el juicio se probó que el 2 de junio del 2017, Villarreal invitó a Luna a su casa, allí la esperaban 2 hombres más. Fue ultrajada en un raid sexual por todo el distrito de Tigre, en el cual la intercambiaron como mercancía abusando sexualmente de ella. Fue drogada y alcoholizada hasta perder la conciencia, y agonizó durante horas negándole atención médica habiendo un centro de salud a solo dos cuadras. 

El cuadro de vulnerabilidad social que atraviesa a la juventud transformó a Luna en una víctima de las redes de explotación sexual y narcotráfico. Este contexto criminal la condenó a muerte por ser mujer, joven y desocupada. Y es especialmente lo que la justicia, la fiscalía, el municipio y la policía buscaron esconder durante todo el proceso de investigación.

El fiscal Marcelo Fuenzalida cajoneó las causas por narcotráfico y trata de personas con fines de explotación sexual, declarando en varias oportunidades que era una muerte por consumo y responsabilizando a la propia Luna por el desenlace. El intendente de Tigre Julio Zamora les negó a los padres, Marisa y Facundo, el acceso a las filmaciones de las cámaras de seguridad del distrito; las cuales, sin dudas, hubiesen sido un valioso aporte al esclarecimiento de la actividad de esta banda criminal. Del mismo modo, durante el juicio se dio a conocer que las pruebas de ADN se “habían degradado”, producto del encubrimiento policial que entregó el cuerpo lavado, y los golpes maquillados.

El proceso de lucha encabezado por la familia, acompañada de organizaciones sociales, políticas y de mujeres, que enfrentó al aparato de impunidad estatal, arrancó una condena a 14 años por el homicidio de Luna. El fallo, incluso con las limitaciones de no haber sido caractulada la causa como femicidio, es una conquista de la organización independiente que durante dos años llevó adelante asambleas, movilizaciones, cortes de calle, festivales, pintadas, volanteadas, como también la conformacion de comisiones de familiares de víctimas de femicidios e impunidad, participando de audiencias públicas en el Congreso e impulsando la presentación de un proyecto de ordenanza municipal y una ley provincial para el libre acceso a las cámaras de seguridad para familiares de víctimas de desapariciones, violencia de género y femicidios.

La lucha continúa. #MiraCómoNosOrganizamos

Quedó expuesto cómo el poder judicial promueve los mecanismos de sometimiento de las mujeres, educando a la sociedad en la misoginia con fallos revictimizatorios. También quedó expuesta la fuerza de los métodos de organización independiente y lucha callejera. Para conseguir justicia por Luna, debemos profundizar la organización y luchar para que no haya más muertes evitables. Sigamos este camino, en unidad de clase, contra ente régimen social de explotación, opresión y violencia. 

Exigimos la prisión preventiva para Pablo Paz y Matias Della Rocca.

Justicia por Luna. Fue femicidio. El Estado es responsable.