En el marco del día internacional de lucha contra la trata de personas con fines de esclavización sexual y laboral, el Estado argentino no ha avanzado en el desmantelamiento de una sola red de trata aunque en nuestro país existe una ley que federaliza el delito desde el año 2008.

Una de las razones fundamentales de la ausencia de combate al delito de comprar y vender personas para ser esclavizadas, es que el Estado participa del proceso como protagonista y que la participación de gobernantes y funcionarios de todo tipo, no solo es moneda corriente, sino condición excluyente para que el delito se desarrolle.

Nuestra provincia se conmocionó con el caso de la desaparición de Fernanda Aguirre en 2004. Gracias a la lucha de su madre, pudimos saber que la impunidad en la causa fue la obra de la acción de jueces y dirigentes políticos que hicieron lo imposible para borrar las huellas de su secuestro.

Relatamos aquí otro caso escandaloso que tiene de protagonistas a la clicke dirigente de la provincia.

Caso Alfonzo: las fiesta del poder

Durante el año 2014 -bajo la intendencia del actual gobernador de la provincia Gustavo Bordet- la justicia Federal procedió a la detención de Gustavo Alfonzo, conocido locutor radial de la ciudad de Concordia, quien fue trasladado al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, tras comprobarse que en su vivienda estaba secuestrada una menor cuya madre la había denunciado como desaparecida. La detención se realizó luego de que la madre de la víctima, acusara a Gustavo Alfonzo de explotar sexualmente a su hija.

En el momento del rescate de la adolescente, en el departamento se encontraban con ella: Alfonzo, una enfermera y su hermana Gisela Zárate, quien era celadora en un hogar del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Esta última había conocido a la adolescente durante su residencia en un hogar a raíz de un conflicto familiar.

Además de ser locutor, Alfonzo se dedicaba a prestar servicios en importantes boliches de la ciudad como “relacionista público”, actividad que le permitía tener acercamiento a jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad ofreciéndoles trabajos como tarjeteras de estos lugares. La víctima contó en su declaración en la Cámara Gesell que fue engañada por parte de Alfonzo con la promesa de trabajo y que una noche debió por esa razón ir a un departamento y la obligó a quedarse ahí, donde la explotaba sexualmente con hombres y la llevaba, junto a otras chicas, a fiestas privadas en quintas. Entre otras cosas, mencionó al “Grupo de las 10”, que era una decena de chicas sometidas a los clientes del acusado.

Producto de las investigaciones, se comprobó además que era el mismo Alfonzo quien se encargaba de organizar fiestas privadas a las que las adolescentes eran llevadas con el fin de prostituirlas. Allí, participaban -según declaraciones de la menor- varios poderosos hombres del ámbito político y empresarial. Entre ellos, resonaron varios apellidos reconocidos de la provincia de Entre Ríos: el hijo del entonces gobernador Sergio Urribarri (PJ), el empresario Pietroboni quien tiene a cargo casi toda la obra pública de la provincia, el entonces senador provincial -y luego intendente de la ciudad- Enrique Cresto (PJ), el coordinador del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, Fernando Rouger, entre otros.

El caso tomó relevancia en los medios nacionales cuando Marta Pelloni declaró públicamente -después de entrevistarse con la madre de la víctima-, quiénes eran los responsables directos de la trata de personas en Entre Ríos y en particular en Concordia. El final de la historia es conocido: Pelloni fue pasada al ostracismo por la cúpula clerical y los responsables gozan de total impunidad.

La trata crece con la impunidad

“La madre fue a la Fiscalía a hacer la denuncia. Dos fiscales la atendieron a la noche, la escucharon y le dijeron que fuera al día siguiente para declarar con el fiscal en turno. Escobar fue a la mañana, pero como esa madrugada hubo un homicidio, contó que le dijeron que regresara más tarde. Al mediodía, la atendió el fiscal Darío Mautone, quien, según la mujer, le dijo: ‘Señora, su hija es menor, estaba drogada y acá hay nombrados gente del poder ¿cómo se anima? Yo le aviso que esto no va a progresar, vaya a buscar a su hija al Copnaf y llévela a su casa nomás’ (sic)”.

Como se puede ver, el Estado está presente, pero lo está para cubrir a los poderosos y para desoír a las víctimas.

A lo largo del juicio las declaraciones fueron cambiando dada la fuerte presión política y amenazas que recibió la víctima, quedando impunes los empresarios y políticos nombrados en un principio.

La víctima –como siempre sucede- quedó desprotegida. Los organismos del Estado que debieran proteger a las adolescentes fueron quienes las entregaron y explotaron sexualmente vulnerando todos sus derechos.

Si bien Alfonzo fue condenado a cumplir 10 años de prisión por captación de menores para ser explotadas sexualmente agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por haberse consumado la explotación, en la actualidad goza del beneficio de la prisión domiciliaria. Y el resto de los nombrados, ocupan cargos públicos ¡Un verdadero escándalo!

Sin terminar con la impunidad del Estado y de las fuerzas políticas gobernantes, no hay posibilidad de terminar con estos flagelos que afectan mayoritariamente a niñas y mujeres.

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