Una joven de Trelew declaró el sábado que lleva ya 30 denuncias realizadas contra su expareja por violencia de género. La jueza Gladys Susana Rodríguez, a cargo del juzgado de familia, dispuso ante este reclamo que el acusado lleve una tobillera electrónica para hacer efectiva la prohibición de acercamiento. Sin embargo, la joven denuncia que el agresor no la utiliza y se presenta reiteradamente en su domicilio, y que cuando eso sucede la policía arriba al lugar tardíamente –y él ya se retiró. Ella teme por su vida y la de sus hijos.

Este terrible caso revela un calvario que se vive en todo el país, con la ausencia de medidas del Estado frente al crecimiento de las situaciones de violencia que sufren las mujeres en medio del aislamiento social obligatorio. En la provincia de Chubut hubo un incremento del 30% en las denuncias por violencia de género durante la cuarentena. Además, según informa el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos, en Argentina llevamos 96 femicidios en 100 días.

En este acurdo, a nivel nacional sólo existen entre 120 y 125 casas refugios, la gran mayoría de alcance local y perteneciente a organizaciones civiles o religiosas. No existe una red de derivaciones a nivel nacional ni provincial. En Chubut, según la página oficial de atención a víctimas de violencia de género, solo cuatro localidades cuentan con refugios de emergencias: Puerto Madryn, Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia. En la zona andina no existen alojamientos de emergencia, siendo la localidad del El Hoyo una de las que más denuncias presenta por esta problemática.

Desde el Plenario de Trabajadores reclamamos la apertura urgente de una casa refugio cada 10.000 habitantes, para garantizar asistencia y protección a las mujeres y sus familias.  Exigimos que las mismas cuenten con equipos profesionales de planta permanente y sean administradas por las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Además, planteamos la necesidad de que se otorgue un subsidio de hasta 30.000 pesos para las víctimas de violencia para garantizar un mínimo de subsistencia.  

Para ello hace falta la asignación de un presupuesto nacional y provincial a la altura de nuestras demandas, y debemos ser nosotras -las mujeres- quienes estemos al control de su ejecución. En lugar del vaciado Ministerio de la Mujer que se limita a medidas testimoniales como el barbijo rojo, desde el Plenario de Trabajadoras peleamos por poner en pie un Consejo Autónomo de Mujeres, electo y revocable por el voto de todas.

La deuda es con las mujeres. ¡Ni una menos! El Estado es responsable.