El Plenario de Trabajadoras realizó, con motivo de cumplirse tres años del femicidio de Alejandra Acosta, un acto en la puerta de Tribunales. Alejandra fue asesinada por su marido Sergio Edgardo Barrionuevo, policía de la provincia. 

La madre de Alejandra, Rosa, es una de las tantas mujeres que el 3 de Junio salió a las calles por primera vez para decir #NiUnaMenos. Por propia iniciativa fue a la plaza y pidió la palabra para denunciar el caso de Alejandra. Desde ese momento se integró a la comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad para denunciar que el principal responsable de la violencia que sufren las mujeres es el Estado.

Un reciente informe brindado por la Casa del Encuentro daba cuenta que en Tucumán las víctimas por femicidio serían las más bajas del país. Sin embargo, otras informaciones, estas provenientes de la justicia provincial, dan cuenta de un crecimiento de los hechos de violencia contra las mujeres. La fiscal Adriana Giannoni señaló recientemente que dictaron 40 medidas de exclusión de hogar contra golpeadores. Todas las fuentes, judiciales, policiales, municipales y los distintos observatorios que funcionan recibiendo denuncias, muestran el crecimiento de las mismas, pero a la vez la completa falta de coordinación e incluso la oscuridad estadística. Lucía Briones, a cargo del tema en el ámbito de la capital, señala que los casos de quemaduras o quebraduras con que llegan a hacerse atender las mujeres en los hospitales no son incluidos como violencia de género.

No solo eso. Los casos de violencia requieren todo una serie de procedimientos, primero para que la comisaría acepte tomar la denuncia, a partir de lo cual las víctimas deben concurrir al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a una revisión médica, para luego ver al médico de la policía para que certifique. Y si todo este laberinto se logra pasar, recién las reciben en los organismos policiales o judiciales específicos de violencia de género, que no atienden los fines de semana, a pesar de estar demostrado que gran cantidad de casos se producen precisamente en esos momentos.

El resultado de todo este sistema es que numerosas víctimas de violencia desisten de hacer la denuncia y procuran seguir sobreviviendo. En la propia policía, el sistema de acoso y violencia que sufren las mujeres policías por parte de sus superiores masculinos es vox populi. En la provincia no hay registro de violadores y tampoco de deudores alimentarios, así como tampoco se ha reglamentado el registro de identificación genética y delito contra la integridad sexual.

Todo esto es solo una pintura incompleta de un cuadro de descomposición social y política que tiene a las mujeres como una de las víctimas preferenciales de la violencia y donde el Estado aparece como principal responsable.

El camino es el que siguió la mamá de Alejandra. No resignarse, ponerse de pie y salir a la lucha. Y por esa vía, agruparse con las otras mujeres y movimientos que luchan en forma independiente por los derechos de las mujeres y contra todos los atropellos del Estado.