Sol, la mamá de Lucía, la niña violada y obligada a parir en Tucumán, fue entrevistada por Canal 8 en la noche del viernes. Allí denunció que el violador de la niña, que era pareja de su abuela, solicitó la prisión domiciliaria. La audiencia donde se determinará esto será el próximo martes 9 de junio. A tan solo tres meses de dictada la sentencia por 18 años, Víctor Eliseo Verón podría salir libre y ella teme por la seguridad de su hija.

Denunció además que todas las reparaciones que la justicia ordenó para la niña estaban siendo demoradas: todavía no le entregaron una casa, sigue sin poder vivir con su mamá para alejarse del lugar donde fue abusada porque no le restituyen la tenencia, etc.

A un año del caso Lucía, el Estado continúa hostigándola. Ninguno de los funcionarios implicados fue llevado a la justicia. Vigliocco y Chahla fueron premiados por el gobernador Manzur con la continuidad en sus cargos y sin ningún tipo de represalia por obstaculizar los derechos de la niña. No hay charla a la que concurra el gobernador por la ley Micaela que lo salve de su responsabilidad de sostener a Vigliocco a quien la madre de la nena denunció, entre otras cosas, por extorsión material para hacerla retroceder de su decisión de avanzar con el aborto legal que le correspondía a Lucía.

Tampoco fueron juzgados monseñor Sánchez, que violentó la privacidad de la familia difundiendo públicamente sus datos, los curas y grupos antiderechos que los amenazaron y se apostaron en las puertas del hospital perpetuando su calvario. A Adriana Gianonni, la fiscal que denunció penalmente a lxs médicos que hicieron la ILE, Manzur le concedió el retiro voluntario, una verdadera jubilación de privilegio. Y Manzur mismo, quien hace demagogia con la ley Micaela y la Emergencia en Violencia, continúa aplicando todo el peso del Estado en seguir torturando a Lucía.

Inmediata respuesta a todas las demandas de Lucía y de su madre. Restitución de la niña. Prisión efectiva para su violador.