03/09/2020

Tucumán: fuego cruzado en el poder judicial por la protección a Bussi

El hijo del genocida está acusado de abuso sexual y robo de identidad.

El camarista penal, Enrique Pedicone, denunció ayer al miembro de la Corte Suprema, Daniel Leiva, por tratar de influir con su posición, en la investigación contra Ricardo Antonio Bussi (diputado provincial por Fuerza Republicana, el partido que fundó su padre, el genocida Antonio Bussi) en el caso de abuso sexual y robo de identidad. Pedicone, advertido de las maniobras que suele llevar adelante Leiva, grabó una conversación que tuvo con este en una cafetería de la capital tucumana el pasado 28 de julio, previa a una audiencia que debía presidir solicitada por la defensa de Bussi, en la que solicitarían el expediente de la causa.

En la grabación, Leiva declara que actuaba en nombre de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, gobernador y vicegobernador respectivamente, quienes solicitaban cuidado con el manejo del caso, debido a que Bussi y su partido, Fuerza Republicana, le son funcionales al gobierno (PJ) y no debía generarse una situación en la que tuvieran que “detonarlo” de la legislatura, lo que generaría una ruptura de la organización y la pérdida del apoyo al
oficialismo. Luego, Pedicone declaró que para él, ni Manzur ni Jaldo manifestaron lo que dijo Leiva, sino que este actuó por su cuenta.

Leiva, en el pasado, estuvo a cargo de la Fiscalía de Estado y ocupó distintos cargos en el gobierno, hasta que fue nombrado por Manzur como camarista en 2019. Pedicone, por su lado, fue legislador e intendente de la localidad de Monteros, por el PJ, durante los ’90. Fue nombrado juez de la Cámara Penal durante el gobierno de Alperovich, en 2015. La semana pasada, Leiva y Pedicone tuvieron un cruce debido a la acusación contra el segundo por conducta indecorosa en una causa por mal manejo del procedimiento sanitario por el coronavirus, que se hizo en un bar. Leiva votó a favor de la sanción.

Desde el comienzo advertimos el amparo por parte del gobierno de Manzur a favor de Bussi. Tucumán tiene un poder político y judicial totalmente viciado, funcional a los intereses de las clases gobernantes, que van en detrimento de los derechos de las mujeres y disidencias. Necesitamos fortalecer la lucha para terminar con este régimen de opresión y violencia que sostienen los Manzur y los Bussi, la justicia y la legislatura en la provincia.

¡Justicia para Lupe! ¡Desafueros a Bussi ya! Basta de impunidad, el Estado es responsable.

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