En su paso en la cámara baja como diputado nacional (2015-2019) por el Frente para la Victoria, José Orellana no solo apoyó el acuerdo con los buitres, el robo a los jubilados o se opuso al aborto legal, entre las tantas leyes antiobreras aprobadas durante el macrismo con el apoyo del peronismo, sino que también se dedicó a acosar a una empleada del Congreso de la Nación. La semana pasada, después de un largo recorrido judicial por parte de la víctima, fue procesado por el delito de abuso sexual.

El abuso de Orellana sale a la “luz”

En noviembre de 2016 Agustina, secretaria por ese entonces de la diputada Gabriela Troiano (PS) –con 21 años– denunció que el “Mellizo” Orellana la acosó tanto verbal como físicamente, con tocamientos y mensajes humillantes. Salvo la denuncia realizada por la diputada Romina Del Plá interviniendo en el Congreso, se hicieron oídos sordos y la víctima fue trasladada 4 meses después, mientras Orellana continuó campante en su cargo como si nada hubiera pasado.

La jueza de primera instancia María Alejandra Provítola a cargo del juzgado criminal N°6, no solo demoró en dar respuestas, sino que dictó el sobreseimiento basándose en la declaración del secretario de Orellana, José Romero, desoyendo a otros 9 testimonios que coincidían con el relato de la víctima, que fue acosada en el despacho de Orellana, contiguo al de la diputada Troiano. Argumentando "falta de convencimiento" y un "estado de incertidumbre" solicitó más pruebas y dictó la falta de mérito. Finalmente, a partir de la apelación de la querella y fiscalía, que adicionaron nuevas pruebas, como las filmaciones del pasillo y el cambio de dos de tres magistrados de la Sala IV, se logró la revocación del sobreseimiento y el avance de la causa, que podría llegar a juicio oral.

Un programa “bien celeste”

En medio de denuncias de fraude, el “líder” asumió la intendencia por tercera vez el año pasado, ganándole a su ex cuñada Patricia Lizárraga. La familia Orellana gobierna Famaillá hace más de 25 años. Sin embargo, la situación de su población es cada vez más desesperante: la gran mayoría trabaja en negro y de forma precaria, en la cosecha y empaque de limón y arándanos, en comercios, como empleadas domésticas o al cuidado de niños, recibiendo a cambio salarios miserables. La municipalidad contrata en negro por $5.000 a más de 1000 personas, principalmente mujeres, para barrer calles, recolectar residuos, realizar tareas de jardinería y ordenar el tránsito entre otras. Todo esto, que lleva décadas, se desarrolló con el visto bueno de los partidos tradicionales – peronistas, kirchneristas y radicales – y la burocracia sindical.

El Concejo Deliberante no propone un proyecto o iniciativa con la intención de modificar esta tremenda realidad, sino que por el contrario sigue la agenda que defiende los intereses de los Orellana, Jesús Salim (gerente regional Noroeste del Anses) y Alcides Salomón (quien supo hacer campaña para el exgobernador José Alperovich). No es casualidad el silencio que guardan ante el caso de abuso sexual, el vaciamiento de la salud, los despidos, las rebajas salariales, la falta de cloacas, la falta de urbanización de barrios, ni hablar de la ausencia de políticas dirigidas al resguardo de mujeres violentadas o la implementación de la ESI (Educación Sexual Integral).

Recientemente la esposa de Orellana y actual legisladora Sandra Mendoza puso la firma a un proyecto que buscaba limitar aún más la Ley Micaela, introduciendo la “objeción de conciencia”.

En 2018, su hermano legislador Enrique Orellana (procesado por fraude) y Mendoza impulsaron el proyecto para declarar a Tucumán “pro vida”, aprobado por 39 de los 43 legisladores. Ese mismo año Mendoza y el vicegobernador Osvaldo Jaldo declararon el “Día provincial de las iglesias evangélicas y protestantes”. No quedan dudas que el programa que defiende Orellana es solidario con las patronales y el clero.

Las denuncias contra funcionarios políticos tucumanos van creciendo. El caso más resonante es la realizada contra el exgobernador y actual senador (de licencia pronta a caducar) José Alperovich.

La justicia tucumana dio muestras de ser totalmente servil a intereses contrarios a las mujeres y la clase trabajadora, encubriendo crímenes, amparando violadores y asesinos. Necesitamos cambiarla de raíz, desmantelando los aparatos represivos y con jueces electos y revocables que respondan a las mayorías populares. La única forma de terminar con el régimen de los Alperovich, Orellana y Manzur es sacarnos de encima a todas estas lacras políticas que solo hacen daño a las mujeres y disidencias, poniendo en pie una alternativa independiente de lucha y organización: nuestra tarea hacia un nuevo #3J.