Esta mañana se conoció la resolución del proceso judicial, a cargo del Tribunal Oral Criminal N°8, sobre hechos ocurridos entre junio de 2015 y diciembre de 2016, donde se condena al ex concejal matancero Miguel Ángel Calvete, su hermano y  a un empleado del Consejo de la Magistratura, por asignar departamentos a mujeres prostituidas,  permitiéndoles “vivir allí y ejercer su trabajo a cambio de alquileres extremadamente altos y con condiciones contractuales abusivas” (Diario El 1 digital, 6/6). Calvete y compañía resultaron culpables en primera instancia, y pesan sobre ellos penas de 4 años de prisión.

Calvete integró la boleta de Cambiemos en 2015 e ingresó al Concejo Deliberante de La Matanza a partir del pedido de licencia de Rodrigo Lasalle. Lasalle volvió al Concejo a comienzo de las sesiones ordinarias de 2019, tras ser despedido de la Anses y Calvete abandonó el escaño anunciando el llamado de María Eugenia Vidal para coordinar la campaña electoral del actual Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finochiaro, que se postula como candidato a intendente de La Matanza (ídem, 27/2).

Calvete es además un empresario Pyme y presidente del Indecom (Instituto de Estudio de Consumo Masivo) y fue secretario general de la Cámara Argentina de Autoservicios y Supermercados de residentes chinos de Capital y Gran Buenos Aires.

Este no es el primer caso de funcionarios involucrados con delitos derivados de la trata de personas. La clausura del prostíbulo "Anchorena", en Recoleta, propiedad del espía de la ex Side, Raúl Martins en el año 2015, involucró a uno de los financistas de la campaña electoral de Macri. Está también la denuncia en 2014 de una red de proxenetismo en Río Negro, que tenía por víctimas a niñas asiladas en un instituto de menores bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Y la concejala Angelina Zapico del FpV de San Antonio de Areco, acusada de regentear una red de prostíbulos y departamentos en el centro porteño en 2015. En Salta, intendentes de Salvador Mazza y de El Bordo fueron encontrados "in fraganti" abusando de menores. El hijo de Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos, fue acusado de formar parte de una red de prostitución de niñas y mujeres en 2015, y sigue la lista. 

A seis años de sancionada la ley contra la trata de personas, apenas un puñado de proxenetas están presos. Más de 3 mil mujeres siguen desaparecidas, según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Johana Ramallo y Marita Verón entre ellas. La Protex ha recibido más de 5 mil denuncias por trata desde julio de 2015 (Revista Norte, 24/9/18).

El régimen se ha demostrado incapaz de resolver la violencia social contra las mujeres. A la connivencia del Poder Judicial y de las fuerzas represivas se suman los funcionarios del Estado a regentear el negocio de trata de personas.

No están perdidas, están desaparecidas para ser prostituidas. Organicémonos contra el régimen de la violencia y de la trata hacia la mujer, que es el responsable de la desaparición de Johana, Marita y 3 mil mujeres en nuestro país. Luchemos por su aparición con vida.