En la provincia de San Luis, la titular del Juzgado Laboral Nº2 de la Primera Circunscripción Judicial, María Eugenia Bona, declaró inconstitucional la Ley 27.610 que establece el aborto legal en el país. Lo hizo avalando el pedido de la exsenadora provincial peronista, Liliana Negre de Alonso, quien presentó una “declaración de certeza” para que se suspendiera la vigencia de la IVE en la provincia. Ahora, la decisión final se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá expedirse sobre el asunto.

Negre de Alonso, alineada al Peronismo Federal -el oficialismo en San Luis bajo la alianza de Compromiso Federal- tiene una fuerte raigambre en el oscurantismo clerical. Preside la agrupación “Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia”, del Opus Dei, y es una acérrima enemiga del aborto legal. Esta impronta reaccionaria tuvo uno de sus hitos durante el debate sobre matrimonio igualitario en Argentina en 2010, cuando mantuvo una postura contraria al proyecto y se posicionó por una ley de unión civil que excluyera la adopción por parte de personas homosexuales, llegando al punto de afirmar que de lo contrario se daría lugar a un “mercado negro de semen y óvulos” (La Razón, 2010).

Se trata de una fuerza política ligada históricamente a los intereses “celestes” y de las iglesias. Tal es así que el senador por San Luis de Compromiso Federal, Adolfo Rodríguez Saá, votó en contra del derecho al aborto en 2018 y se ausentó de la votación en 2020. Sin embargo, es preciso aclarar que Negre de Alonso a la hora de elevar su “declaración de certeza”, se apoyó en la modificación del Código Civil y Comercial realizada en 2014 bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que -a medida del clero- reconoce la existencia de la persona humana desde la concepción.

Esta operatoria judicial se inscribe en una serie de embestidas por parte de los sectores antiderechos en escala nacional. En Chaco, la jueza María Beatriz Aucar de Trotti refrendó una cautelar que suspende la IVE en la provincia. En Tucumán hubo un intento en ese sentido, que fue rechazado por la Justicia Federal. El escenario ilustra la enorme influencia que ejercen las iglesias en los distintos estamentos del Estado y al interior de los partidos patronales, al punto de obstaculizar el acceso a un derecho que luego de décadas de lucha es ley en Argentina.

Se ve de forma cada vez más nítida la necesidad de que la marea verde resguarde su conquista en las calles, contra el avance del clero. Derrotemos por la vía de la movilización popular este fallo reaccionario y luchemos a fondo por la separación de las iglesias del Estado.