En el día de ayer se confirmó la muerte de una mujer en La Matanza como producto de un aborto clandestino. Es el segundo fallecimiento que se conoce en el país por esta causa desde que comenzó la cuarentena.

Según trascendió, la mujer ingresó en mayo al Hospital Materno Infantil Teresa Germani, ubicado en Gregorio de Laferrere, cursando un aborto inseguro, por fuera del sistema de salud. Fue intervenida y luego derivada a terapia intensiva en el Hospital Simplemente Evita, en donde falleció de un paro cardíaco.

Días atrás, el 3J (aniversario de Ni Una Menos) movilizamos al Municipio junto con la Mesa por el Derecho al Aborto Legal, exigiendo al Estado en todos sus niveles la urgente aprobación del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito presentado por la Campaña. También demandamos la aplicación efectiva de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los hospitales de todo el país. En toda Argentina nos movilizamos ese día reclamando terminar con la clandestinidad y la producción de mifepristona y misoprostol.

En el municipio, estas demandas se enfrentan a diversos obstáculos, el primero el político: estamos en presencia de un gobierno que tiene al pastor Gabriel Ciulla de Aciera -el reagrupamiento evangélico más reaccionario del país- como funcionario, desde que fuera designado en 2018 por la actual vicegobernadora, en una clara provocación contra la lucha de las mujeres.  El incumplimiento de la ILE es regular en el municipio. Los profesionales de la salud lo combaten tal como lo han relatado en el comunicado que dio a conocer la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, donde señalan que se “lucha desde hace años para poder garantizar Interrupciones Legales de Embarazo (ILEs). El contexto es sumamente adverso ya que no se cuenta con medicación, ni reconocimiento institucional, a la vez que sufrimos hostigamiento y persecución por garantizar derechos”, aun habiendo un Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a interrumpir el Embarazo y el Acceso a Métodos Anticonceptivos, aprobado en enero de 2020.

Como señaló la diputada nacional del PO-FIT (y dirigente gremial de La Matanza) Romina Del Pla, en relación con los dichos recientes de Alberto Fernández, “aquellos que insisten en que aprobar el aborto legal no es urgente son cómplices de ésta situación”. No se puede dilatar más una situación que se lleva la vida de las mujeres. Esta dilación beneficia solamente a las iglesias y a los negociados alrededor del aborto clandestino, y refuerza la opresión sobre los cuerpos de las personas gestantes.

De forma independiente del Estado aliado a la Iglesia y a los negocios de la clandestinidad que se llevan nuestras vidas, debemos organizarnos para conquistar nuestras demandas: Ni una menos por abortos clandestinos. Aborto Legal Ya, con el proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Aplicación efectiva de la ILE. Separación de las iglesias del Estado. El Estado es responsable.