La reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) del mes de junio, asediado por la presión de las mujeres y el movimiento estudiantil, votó un protocolo de políticas de género, el cual contempla un marco de acción con el cual actuaria la universidad ante situaciones de violencia hacia la mujer. En la última semana dio a conocer la gestión de qué manera materializarán dicho protocolo: una oficina de consultas, una línea de teléfono y un mail para hacer denuncias. 

 

Este año las mujeres de la UNGS y el movimiento estudiantil salieron a la calle a denunciar la situación de peligro que sufrimos las mujeres tras el acoso sufrido por la compañera Laura, abusada por cuatro milicos de Campo de Mayo. El rol del Estado, y particularmente del municipio de  Leonardo Nardini  está más que claro, dado que la comisaria de Malvinas Argentinas liberó inmediatamente a los abusadores, y sobre la urbanización de la zona (donde hay calles oscuras y descamapados, una zona liberada para el delito, etcétera) aún hoy no hay noticias. 

 

Los límites del protocolo

 

La oficina que el protocolo contempla no cuenta con profesionales de la salud pública (psicólogos, psiquiatras, médico clínico) ni trabajadores sociales, tampoco con abogados especializados en el tema. El protocolo no cuenta con un presupuesto asignado para su puesta en funcionamiento.  En estos términos, el Consejo Superior  no votó más que una  formalidad. Vale aclarar que donde ya “funcionan” estos protocolos como la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), varias estudiantes fueron abusadas y aún hoy la universidad (apoyándose en el protocolo) no da ningún tipo de contención, ni  solución. Tampoco  sirvió para separar de su cargo al docente acosador Dante Palma, quien fue destituido por la lucha independiente de mujeres y los estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA.

 

Nuestra propuesta

 

Desde nuestra agrupación El Yunque-UJS, presidencia del Centro de Estudiantes (CEUNGS), impulsamos una serie de proyectos que presentamos en el Consejo Superior, para atender concretamente  la problemática de violencia de género: becas; régimen especial de cursada por violencia; licencia por violencia para las trabajadoras de la UNGS; luminaria para las zona aledañas a la universidad; apertura de un centro integral para la mujer (CIM)con personal profesional: médicos, psicólogos y abogados; y la creación de un Centro autónomo de la mujer (CAM) espacio independiente políticamente del Estado y democrático, votado por  todas las mujeres de la comunidad universitaria, que cuente con una partida presupuestaria propia para poder concretar las políticas de género que se discuten y se aprueben en el espacio.

 

Poner en pie la Comisión Autónoma de la Mujer es la garantía que tenemos para defender la independencia política del movimiento de mujeres y que este no sea usurpado por los funcionarios del Estado que son los que votan protocolos y nos niegan soluciones efectivas a la violencia que sufrimos día a día las mujeres.