La lucha por el aborto legal es una necesidad porque casi 80 mil mujeres son internadas al año por complicaciones de abortos clandestinos, porque miles quedan mutiladas y porque una cifra indeterminada, pero que el movimiento de mujeres sitúa en unas 300 mujeres pobres al año, mueren por la clandestinidad del aborto. En el país se practican más de 500 mil abortos. Muchos de ellos las mujeres deben practicarselos por obligación, porque sólo acceden a trabajos precarios de los que son expulsadas si quedan embarazadas, porque viven un infierno de violencia con sus parejas que se intensifica si quedan embarazadas y que consiste también en que las obligan a no cuidarse, porque como parte de la barbarie que ha avanzado en los últimos años, los ataques sexuales son moneda corriente. Alrededor de 3000 nacimientos al año proceden de gestaciones que llegan a término de niñas de 10 a 14 años víctimas de abusos, en general intrafamiliares. El mismo Estado promotor de esta realidad es el que a su vez castiga a la mujer que aborta y la somete a la muerte, a las mutilaciones, a la culpa y a la persecución judicial también. 

 

En marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia se expidió al respecto del caso F.A.L., un caso ocurrido en la provincia de Chubut, donde había sido judicializada una práctica de un aborto sobre una niña de 15 años que había sido violada por su padrastro. La Corte no sólo determinó que el artículo 86 del código penal, escrito en 1921, determinaba la despenalización de esos casos, sino que habilitó dicha práctica sin otra autorización que la que emana del acuerdo entre la paciente y el o la profesional.

 

La amplitud del fallo de la Corte no implica que el aborto esté legalizado. Una muestra de eso es que apenas dos años después del mismo contabilizamos no menos de seis mujeres detenidas en diferentes puntos del país acusadas de practicar o practicarse abortos, como ocurrió con Belén en Tucumán o con Melisa en Bariloche. La ausencia en su proclamación como tal, la negativa del Estado a garantizar la práctica, la condena institucional que existe por obra de la intervención de los gobiernos, el clero y la justicia y la postración frente a la Iglesia, ponen el eje en la necesidad de arrancar la legalización y asestar un golpe político a esta orientación que trasciende la problemática de salud y convierte esta medida en un ardid político para encasillar el rol de la mujer y someterla.

 

La orientación  que afirma que hay aborto legal fue llevada hasta el extremo del ridículo por la agrupación kirchnerista Nuevo Encuentro, quienes sostuvieron que la extensión del uso de misoprostol (a través de medicamentos reumáticos que contienen dicha droga con la que se practican abortos químicos) representaba la legalidad del aborto por la vía de los hechos. Intentaban con esta maniobra descomprimir el reclamo de aborto legal hacia el gobierno de CFK, socio de la iglesia y enemigo de los derechos de las mujeres. 

 

Para avanzar en esto debieron ocultar que fue la propia CFK la que prohibió la comercialización de misoprostol por parte de Anmat, quien entregó la reforma del código civil a la iglesia católica otorgando a esta un estatus jurídico similar a los privilegios que tiene el Estado y ubicando el comienzo de la vida humana en los términos que quiere el Vaticano, que CFK entregó la ley de Educación Sexual a una formulación deseada por la iglesia para que el Estado no se entrometa en su abordaje del tema, tal como quedó plasmado en el artículado de la ley, y le regaló finalmente el último vestigio de laicidad que existía en alguna ley educativa derogando la 1420. Un sinuoso camino de entrega al clero disimulado por una verba de defensa de las mujeres y otras imposturas del relato.

 

El aborto clandestino cumple ante todo un rol político con libreto de la iglesia y aplicación práctica de parte de los gobiernos de América Latina. Para esta orientación no hay grietas, el llamado “nacionalismo” latinoamericano ha actuado de manera tan retrógrada y nociva como lo hacen los gobiernos derechistas. Rafael Correa siendo presidente amenazó con expulsar de la cámara a dos legisladoras de su bloque que querían tratar el tema del aborto legal. Daniel Ortega eliminó la causal de aborto terapéutico. Hoy Macri avanza sobre otros peligrosos reclamos de la iglesia como la extensión de la educación religiosa en la escuela pública que se consolidó bajo el gobierno de CFK, incluso aceptando leyes como la que oficializó el dictado de religión en Salta en 2008.

 

La lucha por el aborto legal es una bandera fundamental para enfrentar un flagelo enorme, cuyo alcance excede ampliamente el ámbito de la salud y se concentra fundamentalmente en la utilización de un recurso político tendiente a desautorizar a las mujeres, colocarlas en el papel de quien requiere tutelaje y defender un principio político de injerencia del clero y del Estado sobre su cuerpo. La mujer así es reducida a una ciudadana incapaz, como ocurría en el pasado pero a través de otros medios. La lucha por el aborto legal es una lucha política, de un lado las mujeres que peleamos por la emancipación y la libertad de la mano de nuestros hermanos de clase, del otro las aliadas del clero y defensoras del régimen de explotación.