En el distrito bonaerense de Vicente López, hace algunos días atrás, trascendió la noticia de que una mujer fue amenazada y violentada en su vivienda por su ex pareja, quien tenía una restricción perimetral y denuncia por violencia de género. El municipio, dirigido por Jorge Macri (JxC), se jacta de que la víctima se salvó debido a que corrió hacia uno de los “puntos” seguros (centros de monitoreo) más cercanos. Sin embargo, no ofrece ninguna política real para proteger a las mujeres que denuncian, por el contrario, rifa su suerte a la posibilidad que tenga cada una de correr y pedir ayuda.

El hecho sucedió en Carapachay, donde la víctima al llegar a su vivienda con su hija se encontró con su expareja, quien había violado la orden de restricción. El agresor la golpeó y la amenazó con matarla y “prenderle fuego la casa”. Lo sucedido pone en evidencia la situación de desamparo en la cual se encuentran las víctimas de violencia de género luego de realizar la denuncia. A lo sumo, los juzgados otorgan una perimetral o un botón antipánico, los cuales no tienen el objetivo de darle una salida a la situación de violencia sino que depositan la responsabilidad en la propia víctima. No existe ningún seguimiento del cumplimiento de esas medidas, y, a su vez, ni el gobierno nacional, ni el  provincial ni el municipal llevan adelante dispositivos para abordar a los violentos, a fin de evaluar riesgos.

El panorama en Vicente López

En el municipio de Vicente López la mayoría de las mujeres que van a hacer la denuncia hacia su maltratador reciben obstáculos en lugar de facilitadores. La dificultad de tomar la decisión de denunciar viene acompañada por las trabas que propone el mismo sistema. En algunas comisarías se niegan a tomar la denuncia o hay una fuerte práctica de revictimización por parte de los efectivos.

Por otro lado, el presupuesto destinado en materia de género en el 2020 fue del 0,021%, un estimado de $2.000.000, lo que apenas cubre salarios del área y deja $23 anuales por mujer del distrito. Una vergüenza. En el mismo sentido, el distrito no cuenta con ninguna casa refugio que albergue a mujeres en situación de emergencia.

Solo hay dos puntos de asesoramiento: la Dirección General de Género y Diversidad Sexual y el Centro de la Mujer y Políticas de Género.
El primero de ellos se encuentra desmantelado por recortes en el personal y en el horario de atención; se dedica básicamente a dar charlas de “capacitación” al interior de las distintas áreas del municipio. El segundo, es utilizado como un espacio de propaganda política y electoral de Juntos por el Cambio, ofreciendo cursos de maquillaje y bijouteri, entre otras cosas.

La provincia de Buenos Aires, en lo que va del 2021, es la que mayor cantidad de femicidios registra. La falta de recursos para brindar una asistencia integral a las víctimas de violencia de género y realizar un seguimiento de los denunciados son patrimonio común tanto de Juntos por el Cambio, que gobierna el municipio, como de Frente de Todos, que encabeza la provincia y el país. Vicente López, por ejemplo, es uno de los lugares que no tiene convenio con el Programa Acompañar, es decir, que las vecinas del distrito que estén atravesando situaciones de violencia y necesiten ese subsidio económico -limitado e insuficiente- no podrán acceder al mismo.

La farsa de los puntos “seguros”

Jorge Macri destinó enormes cantidades de dinero a 67 “puntos seguros” que funcionan en coordinación con el Centro de Monitoreo Urbano. La mujer que sufrió la amenaza y golpes por su expareja corrió con su hija hacia uno de esos puntos y pudo “salvarse”.
El sector de seguridad del municipio se jacta de tener resoluciones rápidas por este caso, pero lo que debe preocuparnos es qué pasaba si ella no llegaba a agarrar a su hija y escapar de su agresor.

Es decir, que el oficialismo municipal presenta como única medida para combatir la violencia de género la creación de “postas de seguridad” y retacea el presupuesto para implementar verdaderas políticas que colaboren en resguardar la integridad física de las víctimas. Esta orientación, en última instancia, es un reforzamiento de la fuerza policial, la misma que desoye y revictimiza a las denunciantes, es cómplice de las redes de trata, libera la zona en los barrios populares para garantizar el negociado del narcotráfico, mata a pibes por la espalda, cuenta con una infinidad de efectivos denunciados por violencia de género, y un largo etcétera.

Ante esto, las mujeres y diversidades y de Vicente López debemos organizarnos y exigir la puesta en pie de un Consejo Autónomo de Mujeres para que las medidas en casos de violencia sean decididas por las propias mujeres trabajadoras en organismos autónomos; la construcción de un centro integral para asistir a las víctimas de violencia de género cada 10 mil habitantes mujeres, los mismos deben tener un funcionamiento de 24 horas los siete días de la semana, allí se debe brindar asistencia psicológica, legal y económica con profesionales que se encuentren en planta permanente; equipos interdisciplinarios para monitorear al agresor; subsidio para las víctimas no menor a $63.000 hasta que la persona violentada pueda alcanzar su autonomía económica.