Gimena tiene 24 años y vive a unas manzanas de donde vivía Esther Mamani en la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires. El 31 de enero el padre de su hija de tres años la molió a palos. Sus vecinos escucharon la agresión y salieron a defenderla, llamando a la Gendarmería que es la fuerza nacional que actúa en las villas de la Ciudad. Gimena fue llevada al hospital donde debieron intervenirla para acomodarle la mandíbula, y una semana después tuvieron que realizarle una cirugía para reconstruírsela. Estuvo semanas sin poder hablar y en postoperatorio.

El mismo 31 por la tarde, la hermana del agresor fue a su casa a agarrar ropa, porque según relató habían pagado una fianza para liberar al agresor. La denuncia fue radicada en la comisaría 7a de CABA y la causa fue derivada al Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 20 a cargo de Laura Bruniard como jueza subrogante. Como ocurre siempre con estas causas, un juzgado penal “se ocupa” del acusado, en este caso liberándolo -a las horas de haber perpetrado una agresión física significativa sobre una mujer de 24 años- y un juzgado civil interviene sobre las “medidas de protección” para la denunciante. En este caso, el Juzgado Civil N°8 a cargo de Lucía Inés Córdoba extendió una perimetral, notificó a Gimena y la colocó en una lista de espera para recibir el botón antipánico -el cual recibió 10 días después por la presión ejercida por ella junto con sus compañeras sobre los tribunales.

Gimena tiene que cuidar sola a su hija y su temor a que el agresor vuelva se incrementa en el contexto de aumento de los casos de femicidios. Frente a esta situación el Estado no hizo más nada. No existen dispositivos ni judiciales ni de los ministerios para asistir a la víctima con un seguimiento al violento, que informe a la víctima sobre ese para que no viva la angustia de estar amenazada de muerte. La división de los juzgados para asistir y penalizar es otro de los obstáculos burocráticos que se interponen en el abordaje judicial y de los organismos específicos.

Gimena está pidiendo una asistencia económica para enfrentar su situación. El agresor se llevó todos sus ahorros. Ella se encuentra desocupada, alquilando una habitación en la 1-11-14, cursando un postoperatorio difícil, y como única responsable del cuidado de su hija. Al día de hoy ella no ha podido acceder ni a un subsidio habitacional ni al Plan Acompañar.

El Estado delega en las víctimas la responsabilidad en el seguimiento sobre su propia situación, con los botones antipánico y las perimetrales. Cuantas veces sea que el violento viole la perimetral, deberá ser la víctima la que tenga que volver a presentar las denuncias en oficinas donde deben esperar horas con sus hijos y son revictimizadas.

Reclamamos a la Dirección General de la Mujer y a los juzgados intervinientes que garanticen el seguimiento e informen sobre la peligrosidad del agresor, y efectivicen la tutela de la niña a manos de su madre víctima de las agresiones, garantizando todo lo que requiera mientras que su madre atraviesa el postoperatorio y luego también.

Responsabilizamos a todos los estamentos del Estado por la seguridad personal de Gimena y exigimos medidas urgentes para su protección así como la efectivización de la asistencia económica necesaria para que puedan continuar con su vida.

https://prensaobrera.com/mujer/gran-debate-en-la-comision-de-mujeres-y-disidencias-del-4o-plenario-piquetero/