Se conoció recientemente otro caso aberrante de violación en banda a una joven wichi. Ocurrió el 9 de junio en Rivadavia Banda Sur, en la provincia de Salta; y tras ello la víctima, de 16 años, fue además amenazada con un arma de fuego para que no realice la denuncia.

Hasta el momento se han detenido a cuatro personas; la investigación sigue y no se descarta la participación de otros sujetos.

La noticia salió a la luz porque la madre de la joven enfrentó el amedrentamiento y puso la denuncia. Lamentablemente estas prácticas no son una novedad: las mujeres y niñas de las comunidades originarias son presas del “chineo” -violación en banda- y el “derecho de pernada” ejercido por patrones, dueños de campo y por criollos. Los casos denunciados   reflejan solo una parte de la realidad, ya que muchas víctimas no realizan las denuncias por temor, vergüenza o -en las zonas rurales- por falta de acceso a comisarías y fiscalías.

En los casos de mujeres originarias pesa también que la barrera idiomática no es resuelta a tiempo por la justicia, poniendo un intérprete bilingüe -por lo que, la mayoría de las veces, dependen de que los caciques quieran actuar como traductores.

El calvario de las víctimas

Si tomamos los datos elaborados por el Observatorio de Violencia de Género en Salta en el 2018, podremos tener un paneo del sufrimiento de las víctimas de violación. Se registraron 1.558 denuncias contra la integridad sexual en toda la provincia. Entre ellas, las denuncias por abuso sexual con acceso carnal y por abuso sexual gravemente ultrajante, suman 451. Sin embargo, solo en 114 casos se suministraron kits de profilaxis post exposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia, y se desconoce por qué se privó el suministro al resto. El asunto es gravísimo, ya que más de dos tercios no tuvieron esa atención elemental de salud, obligatoria para estos casos.

Seguramente no existan a disposición los kits de profilaxis en los hospitales y centros de salud, por lo que muchas mujeres ante una violación afrontan enfermedades de transmisión sexual o embarazo. Así sucedió en el 2015 con el caso Juana, la niña wichi que sufrió una violación en banda y tuvo que afrontar un embarazo de riesgo, porque en el hospital de Alto La Sierra no tenían el kit de profilaxis ni el anticonceptivo de emergencia y, cuando lo tuvieron, esperaban orden de la fiscalía para su aplicación. La justicia empezó a actuar después de seis meses de producido aquel hecho, y solo porque el caso tomó estado público.