Un nuevo caso de violencia hacia la mujer conmueve al distrito de Avellaneda: una alumna fue violada por otro estudiante dentro de la escuela Longobardi. El caso fue brutal, la chica tuvo que ser internada en el Sanatorio Itoiz a partir de las lesiones y el shock emocional ocasionado.

 

A raíz del hecho, el acusado de 16 años fue detenido y las autoridades de Educación del gobierno provincial decidieron desplazar de su cargo a la directora de la escuela e iniciarle sumarios a

preceptores y docentes.

 

Frente a la descomposición social imperante, se descarga la responsabilidad en los docentes, exculpando al Estado y al régimen social capitalista. Muchas escuelas están atestadas de alumnos, con poco personal y sin un gabinete psicológico que pueda asistir a los adolescentes en situación de vulnerabilidad o problemas de adicciones.

 

La política municipal no se diferencia mucho: luego de una oleada de secuestros de adolescentes con fines de explotación sexual, en 2011, el municipio de Avellaneda ha inaugurado con bombos y platillos la Comisaría de la Mujer. Pero la misma comenzó a “funcionar” mucho tiempo después, ya que ni siquiera contaba con una línea telefónica para que las víctimas pudieran comunicarse. Es una cortina de humo frente al incremento de femicidios y la violencia de género, para la cual todavía no hay subsidios a las víctimas ni políticas para revertir los ataques sexuales violentos.

 

Hay miles de víctimas invisibles de éste flagelo, que no realizan la denuncia por temor o vergüenza, o porque el violador está dentro del seno familiar. La violación es la violencia contra la mujer en su grado más cruel y extremo. Tiene efectos permanentes sobre las víctimas y secuelas imborrables, y es parte estructural de un sistema social que reproduce la violencia desde el mismo Estado. La única herramienta con la que contamos las mujeres es organizarnos de manera independiente del Estado para luchar contra la violencia social que sufre la mujer día a día.

 

Por estas razones, desde la organización del Plenario de Trabajadoras exigimos que Florencia cuente con asistencia psicológica permanente, la separación del acusado de la escuela para protección de la damnificada y la constitución de una comisión de familiares y amigos para garantizar el funcionamiento del gabinete psicológico.