Melisa Fernández fue despedida del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en noviembre de 2013, luego de sufrir un largo proceso de violencia de género e institucional por parte de su jefe, quién hoy continúa en su cargo como funcionario público.

Bajo el encubrimiento total de las autoridades del Enacom y del silencio de ATE -sindicato del cual MF era afiliada- este caso de violencia continúa impune más allá de que en 2015 se inició un juicio por despido indirecto consiguiendo un fallo favorable en 2017. La representación legal del organismo está a cargo de la esposa del funcionario involucrado, lo cual, naturalmente, representa un claro conflicto de intereses.

En primera instancia, previo a su incursión legal, Melisa recurrió a la Ciot (Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato) para asentar la denuncia. Más allá de su nombre rimbombante, el organismo funciona como un callejón sin salida: corroboraron la existencia de violencia laboral pero solamente se expidieron en la determinación de que el Enacom proceda a armar un sumario administrativo, cuestión que nunca hicieron. Esto no solo la devolvió al punto de partida sino que provocó nuevos hostigamientos y su despido.

La Ciot funciona a imagen y semejanza de los intereses patronales, ya que plantea obstáculos administrativos que no tienen otro fin que desgastar la posibilidad de servir como una instancia real de denuncia de los atropellos laborales.

Recién en diciembre de 2019, Melisa fue recibida por Silvana Giudici, expresidente de Enacom, quien antes de dejar su cargo se disculpó por la actuación del organismo manifestando que su situación le había sido ocultada por parte de la abogada en cuestión, quien realizó de manera unilateral la apelación mencionada.

En el 19 de febrero de este año, en vísperas del 8M, a iniciativa de la Agrupación Naranja, se realizó una radio abierta donde se expuso abiertamente el caso, en conjunto con la participación de compañeras referentes del Plenario de Trabajadoras, lo cual provocó que muchos trabajadores tomen conocimiento de la situación. Es así como MF fue recibida por un asesor de Gustavo López (vicepresidente del Enacom).

El 5 de marzo una importante charla instaló el tema en el organismo, la cual contó con varios testimonios de violencia de género, de lucha y organización.

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Ya en tiempos de pandemia, en la Comisión de Comunicaciones del Congreso de la Nación, la diputada Romina Del Plá le preguntó al actual presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, por qué el organismo no cumplía el fallo: omitió referirse al tema, pero se comprometió a responder por escrito, cosa que tampoco ha sucedido.

El caso de Melisa ilustra de cuerpo entero un Estado que encubre a la violencia de género y vulnera a los trabajadores en general y a las trabajadoras en particular; también, describe cómo opera de conjunto con la Justicia misógina y ligada a los intereses de las patronales. Las condiciones de precarización que asumen los estatales dejan el terreno allanado para que los funcionarios de turno dispongan de sus trabajadores “a piacere”.

Las mujeres trabajadoras se ven obligadas a surfear en un mundo donde los espirales burocráticos que plantea la justicia conducen indefectiblemente a la revictimización y la vulneración total de derechos. Es así como la triple alianza entre el Estado, las variantes de la burocracia sindical y el aparato judicial velan por los intereses patronales y machistas dejando a Melisa, como a muchas otras, frente al desamparo total. Representa un mecanismo de violencia estructural transversal al Estado y a sus distintos gobiernos.

En momentos donde la violencia de género muestra sus cifras más escalofriantes, el rol del Ministerio de la Mujer, que con bombos y platillos anuncia una “Ley para erradicar la violencia contra las mujeres”, hasta el momento, no ha sido otro que destinar cifras casi irrisorias para atender los casos de violencia y funcionar como un lavado de cara para un gobierno que sigue manteniendo al aborto en la clandestinidad y a las trabajadoras discriminadas y precarizadas. Este punto resulta crucial para este caso porque Melisa, incluso, se ha intentado comunicar con funcionarias de este ministerio para pedir ayuda y exponer su caso, cuestión que ha sido profundamente rechazada por parte de estas, exacerbando el rol de revictimización en las mujeres violentadas que perpetúa el Estado.

Desde Tribuna Estatal y el Plenario de Trabajadoras reclamamos la reparación al daño sufrido por Melisa, quien en este momento reclama el pago de su indemnización. Seguiremos apoyando a Melisa en cada instancia.

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