La irrupción del movimiento de mujeres, colocando sus reclamos en las calles y repudiando la violencia que sufrimos en este régimen social, obligó a las autoridades de la UBA a tomar nota del importante proceso político abierto el  3 de junio de 2015.

 

En diciembre de ese año se aprobó un “Protocolo Institucional contra la Violencia de Género” el cual, según figuraba en su articulado debía ponerse en marcha 180 días después. Un año y medio más tarde no presenta reglamentación ni presupuesto alguno. El Rector designó a la abogada Valeria Thus a cargo del Protocolo y todos los jueves están teniendo reuniones las y los referentes de las Facultades para evacuar dudas o aplicar criterios, que no han sido explicitados por escrito.

 

En el último mes los decanos designaron a personas a cargo de responder mails que llegan a casillas de correo poco difundidas, que cada Facultad abrió en pos de “dar cumplimiento” al Protocolo en cuestión. La referente elegida por el Decano de turno,  atenderá y asesorará a denunciantes, en base a criterios no explicitados sobre el alcance del mismo. Que una estudiante sufra situaciones de inseguridad que incluyen la vulneración de su integridad física trasladándose desde o hacia una Facultad, es entendido por la responsable del protocolo como un hecho fuera del alcance de la responsabilidad de la Universidad. En estos casos la interpretación del Protocolo está por detrás de las leyes argentinas que reconocen dicha responsabilidad a las patronales y las obligan a garantizar la seguridad que sus trabajadores tengan a la hora de arribar o retirarse de un lugar de trabajo.

 

El Consejo Superior que aprobó el protocolo precariza a trabajadoras en diferentes áreas de la Universidad condenándolas a una situación de vulnerabilidad que incluso excede lo laboral. Ejemplo de esto son las tercerizadas de limpieza o las docentes ad honorem de las facultades y los CBC. Del mismo modo, las camarillas han desaprovechado en los últimos años cada oportunidad que han tenido para mejorar las condiciones materiales de las mujeres de la comunidad educativa cuando hemos presentado en los Consejos nuestras demandas concretas. Se han negado en forma sistemática a garantizar derechos como son los jardines maternales y lactarios o el cumplimiento de licencias por maternidad, enfermedad o violencia de género. Es que el Protocolo es un texto destinado a referir a relaciones interpersonales, excluyendo de plano las responsabilidades institucionales.

 

En este marco, la buena voluntad de más de una referente del Protocolo se choca con la falta de voluntad política de parte del Rectorado por avanzar. No hay destinado presupuesto para la aplicación del Protocolo, no se realizan concursos para poner a prueba la idoneidad de los sectores intervinientes, ni se destinan espacios adecuados para la atención de la temática.

 

En definitiva, los funcionarios de la universidad anteponen su defensa corporativa a la resolución de delicados problemas planteados en la Universidad. Esto se vio claramente frente a las denuncias de abusos a estudiantes y residentes del Hospital Clínicas, por parte de docentes y residentes de niveles mayores,  que incluía la existencia misma de un “bulo” con bola de boliche en el piso de Cirugía hace años, ante la cual el Consejo Directivo de Medicina actuó corporativamente defendiendo a los violentos. El Decano Sergio Provenzano y el Rector Barbieri han llegado muy lejos en esto designando como director del Hospital al jefe de traumatología, Marcelo Melo, un profesional muy respetado en su disciplina pero que dio la espalda a las denuncias de que en traumatología se realizan "bautismos" que, como ocurre en el ejército, incluyen torturas de todo tipo contra estudiantes y residentes.

 

Otro ejemplo de las prioridades que tienen los funcionarios se vivió en Filosofía y Letras el año pasado. La decana kirchnerista Graciela Morgade se negó en forma sistemática a separar al docente Dante Palma, acusado de abuso penalmente por dos ex parejas y de acoso a estudiantes en la UNSAM y en la UBA. Fueron las mujeres organizadas junto a su centro de estudiantes y consejeros de izquierda  las que lo alejaron de su lugar de poder en las aulas a pesar del encubrimiento oficial.

 

Mención aparte merecen las agrupaciones estudiantiles como La Mella que, lejos de denunciar esta realidad, le lavan la cara a las autoridades y utilizan el Protocolo como un canal más para integrarse a las gestiones kirchneristas a través de campañas y charlas con Morgade y  autoproclamando a sus militantes como “las promotoras del Protocolo” en vistas de los cargos que deberían crearse.

 

La discusión sobre los derechos de las mujeres en la Universidad debe ir atada necesariamente al debate sobre quiénes y con qué intereses sociales gobiernan el régimen universitario y si pueden o no velar por nuestros derechos. La UBA es gobernada por camarillas radicales, kirchneristas y del PJ que representan al 2% de la comunidad universitaria. Este régimen de gobierno anti-democrático, es el correlato de una universidad puesta al servicio de los grandes negociados y condenada al desfinanciamiento. Esta orientación social es claramente contrapuesta con los derechos de los trabajadores en general y de las mujeres de la Universidad en particular.

 

La UBA cuenta con recursos materiales y profesionales (psicólogos, abogados, médicos, entre otros) para ofrecer asistencia real a las víctimas de violencia, tanto dentro como fuera de la universidad. Sin embargo, el Protocolo no lo contempla. Ocurre que las camarillas ajustadoras defienden su caja de negocios con la salud y universidad pública a la vez que se niegan a poner el presupuesto universitario al servicio de las mujeres.

 

Un verdadero programa contra la violencia de género debería contar con gabinetes de atención gratuita a víctimas en todas las unidades académicas a cargo de equipos interdisciplinario de profesionales (psicólogos, abogados, médicos), un lugar físico con un horario de atención donde las mujeres podamos acercarnos, concursos para la designación del personal que debe abordar la temática, modificaciones de los planes de estudio, inclusión de contenidos específicos en todas las carreras. La implementación de un plan así debe estar a cargo de un Consejo Autónomo de las Mujeres, con representantes electas y revocables por todas las mujeres -estudiantes y trabajadoras- de la facultad, con independencia política y económica de las autoridades. Así avanzaría la organización y participación ya existente en las facultades de las mujeres por sus derechos, de manera independiente.

 

Ni Una Menos en nuestros lugares de estudio implica la lucha por una Universidad socialmente distinta y al servicio de las mayorías, sin delegar nuestros derechos a las camarillas que gobiernan la universidad e intentan encorsetar a nuestro movimiento.