Este lunes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció una serie de medidas vinculadas a la violencia contra las mujeres, entre las cuales se encuentra la creación de un Plan Integral para el Abordaje de Casos Críticos y de Alto Riesgo en la violencia por razones de género, el cual contará con una Mesa Interministerial; la conformación de un comité asesor de especialistas en violencia de género; y el pase a planta permanente de las trabajadoras de la línea 144 destinada al asesoramiento y contención de las víctimas, quienes hoy en día se encuentran precarizadas. Según sus propias palabras, tales iniciativas apuntan a “dar un salto de calidad en las respuestas que se otorgan desde el Estado a la violencia por razones de género” (Página-12, 8/3). Como vemos, el gobernador fue demasiado indulgente con su propia gestión, ya que el mentado “salto” se estaría dando desde el subsuelo, en una provincia donde arrecian los femicidios.

Las cifras son escalofriantes: en la provincia de Buenos Aires se cometieron 94 asesinatos por razones de género durante el 2020, según un informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense; por otra parte, datos relevados por el Observatorio “Ahora que si nos ven” dan cuenta que en lo que va del 2021 se perpetraron 25 femicidios en la provincia. Esta realidad es producto de las políticas gubernamentales, que destinan sumas de miseria en la asistencia a las víctimas y condenan a la pobreza a amplias capas de la población femenina, mientras buscan complacer al capital financiero y a las patronales.

Sin ir más lejos, estas declaraciones fueron formuladas junto a la vicegobernadora Verónica Magario, y a la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, Estela Díaz, mientras encabezaban un acto de firma de convenios del programa Comunidades sin Violencia. Dicho programa, es la expresión más clara de la precariedad que caracteriza a la asistencia a las víctimas de violencia de género en la provincia de Buenos Aires, ya que dentro de sus postulados se encuentra el “fortalecimiento y creación de equipos interdisciplinarios, construcción y refacción de hogares y casas abiertas, y formación y acceso al trabajo en el proceso de salida de violencias” (Télam, octubre 2020), no obstante, es financiado con un fondo irrisorio de $500.000.000, es decir, 3 millones por municipio, $60 por habitante mujer. Lo que es peor, se trata de un programa anunciado en octubre del 2020 y recién ahora se firmaron los primeros convenios con tan solo cinco intendencias. Nuevamente, quienes nos gobiernan pretenden maquillar, a través de poner en pie “Mesas Interministeriales” y presentando iniciativas incumplidas en el pasado como novedosas, la naturaleza de clase de un feminismo de Estado, que solo puede ofrecerle migajas a la inmensa mayoría de las mujeres.

Por otra parte, anunciar como un mérito oficial el pase a planta permanente de las trabajadoras de la línea 144 linda con el agravio. Más allá de su real efectivización, se trata de la confesión por parte del Estado provincial de su propio papel como ejecutor de un fraude laboral en toda la línea, manteniendo a estas trabajadoras sumidas en la tercerización, percibiendo salarios de hambre.

Axel Kicillof llegó al extremo de plantear en su discurso que de esta forma buscaba “dar un mensaje claro a las bonaerenses diciéndoles que no van a estar solas”. La impostura no podía ser mayor teniendo en cuenta que es el propio gobierno provincial el que edifica una realidad insustentable para las bonaerenses, avalando despidos, paritarias ruinosas y desalojando a miles de familias sin techo. El gobernador alertó que en el 30% de las relaciones de pareja están atravesadas por situaciones de violencia, pero sin mencionar que él mismo es responsable de configurar un escenario propicio para que se perpetúen todo tipo de vejaciones al interior de los vínculos interpersonales.

Mientras Kicillof se consagra como pagador serial de una deuda externa usuraria y se encuentra en el intrincado camino de reestructurarla, la crisis social en el territorio bonaerense es cada día más profunda. Sólo en el conurbano, la pobreza se mide en el 44% y la desocupación supera el 14%, mientras el déficit habitacional en la provincia afecta a 1.200.000 habitantes. Sin establecer un salario equivalente al costo de vida, ni trabajo bajo convenio para todxs, ni acceso a la vivienda, cualquier planteo de combate contra los femicidios se convierte en pura demagogia. El derecho de las mujeres a la planificación de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias, solo puede existir si va acompañado de los recursos materiales que permitan habilitar esa decisión.

El carácter impalpable de las medidas estatales en materia de género mencionadas anteriormente, contrasta con una orientación bien concreta que viene encabezando el gobierno provincial: la de empoderar sistemáticamente a la Policía Bonaerense, a partir de otorgarle partidas presupuestarias y aumentos salariales por encima de la media a esta institución descompuesta, que cuenta con 6.000 efectivos denunciados por violencia de género (1 de cada 15) desde 2013 a la actualidad.

Sucede que “cada vez que un agente policial es denunciado por agredir a una mujer en una dependencia policial o judicial, se abre una Investigación Sumarial Administrativa (ISA) en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), pero la gran mayoría de ellos cumple una suspensión corta y se reintegra a la Fuerza: más del 80% de los casi seis mil agresores siguen en funciones actualmente. Con su arma reglamentaria en la mesa de luz, además de en la cartuchera” (Perycia, febrero 2021).

Como hemos visto, son las fuerzas policiales las que juegan un papel central a la hora de canalizar las denuncias por violencia de género debido a su rol como auxiliar de la Justicia. Kicillof, a sabiendas de esto, permite que las víctimas se vean obligadas a acudir a estos reductos de violentos uniformados, sin hacer nada al respecto, y respaldando cada vez que puede a Sergio Berni, quien dirige esa fuerza, y al mismo tiempo, encarna en su figura prácticas como gatillo fácil, la xenofobia y la prepotencia frente a lxs más vulnerables. Finalmente, el gobierno tanto nacional como provincial necesitan reforzar la represión en función de hacer pasar el ajuste contra el pueblo.

La escalada de femicidios a la cual asistimos, nos encontró a las mujeres deliberando sobre las múltiples aristas del problema y posibles salidas. Sin embargo, debemos aclarar que esa construcción colectiva de sentidos no encontrará cauce a través de un Estado, que se ha mostrado responsable de la trama de violencias que nos atañen. La invención política en torno a las medidas que involucran a las mujeres -y su posterior concreción en el plano de la realidad- debe correr por cuenta de las propias mujeres organizadas, luchando contra el Estado.