Hace más de año y medio que Evelyn sufre acoso sexual por parte de un compañero de trabajo de la Cooperativa Obrera de Saavedra. La única respuesta de la patronal fue una conversación con el encargado. Evelyn recurrió a la Fiscalía de la localidad de Bahía Blanca, pero todo lo que recibió fue un mail en que le dicen cuáles son sus derechos, sin ofrecer acompañamiento ni asesoramiento para que pueda salir de la violencia a la que está expuesta. A partir de ahí pudo hacer la denuncia en la Ayudantía Fiscal de Pigüé, de la cual Adrián Montero es responsable, y le otorgaron la restricción desde el 18 de julio de 2021, por un plazo de 30 días, sin aclarar los metros. Cuando solicitó la renovación, el juez la rechazó.

El violento ha amenazado a Evelyn y a sus hijos de muerte. No sólo la acosa a ella, sino también a otras y otros compañeros de trabajo. Incluso ha acosado a otro compañero por su orientación sexual, haciendo que la persona pida un traslado. Desde Cooperativa Obrera le dijeron a Evelyn que le guardaban el puesto, mientras que su abusador puede ir a trabajar tranquilamente y se pasea de manera provocadora por el frente de la casa de la trabajadora. Ella no puede salir de su casa por miedo.

Es alarmante este desamparo, cuando según cifras oficiales de la Corte Suprema de la Nación llevan contabilizados en lo que va del año al menos 142 femicidios. El Ministerio de las Mujeres y Diversidades no destina presupuesto para acompañar a quienes se encuentran en situación de violencia. El gobierno de Alberto Fernández prioriza el ajuste para destinar los fondos a pagar la deuda externa usuraria.

Desde el Plenario de Trabajadoras nos solidarizamos con Evelyn y llamamos a concentrar frente a la fiscalía de Pigüé el día 7 de septiembre a las 10:00, para presentar un petitorio y exigir que el juez y la fiscalía restituya de inmediato la restricción para resguardar la integridad física y la salud de Evelyn y su familia, y que pueda volver a su lugar de trabajo con las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

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