En la Cámara de Diputados de Mendoza se acaba de aprobar un proyecto de ley impulsado por el oficialista Cambia Mendoza estableciendo un Protocolo para el tratamiento de la información relacionada con la violencia de género en los medios de comunicación.

 

El Protocolo tendrá por objeto “la adopción de medidas para el tratamiento de la violencia de género y su consecuente prevención en los servicios de comunicación audiovisual” de la provincia. Para ello se establece un “seguimiento pormenorizado” de los contenidos por parte de la Dirección de las Mujeres, Género y Diversidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, erigida como responsable de su cumplimiento. Se dice que deberá velar por un tratamiento “objetivo”, no sexista y no “sensacionalista” en el tratamiento periodístico de la violencia de género.

 

Se presenta como una ley progresista pero quien deberá velar por un tratamiento “igualitario” de los géneros en los medios masivos es un organismo estatal bajo  la órbitadel gobierno responsable de una provincia que lidera los rankings nacionales de femicidios y violencia de género. Cornejo puso en la Dirección de Género -autoridad de aplicación de la ley- a una dirigente del grupo feminista Mumalá (Libres del Sur- integrado al oficialismo mendocino) lo que intenta blanquear la imagen de un gobierno que ha vaciado el presupuesto de asistencia a las víctimas de violencia y que aplica un brutal ajuste contra los y las trabajadores.

 

“Evitar el efecto espejo”

 

Nada más clarificador sobre la naturaleza del proyecto de ley que sus fundamentos. Allí se plantea que desde el femicidio de Wanda Taddei por su pareja con alcohol, hubo una seguidilla de asesinatos producidos del mismo modo -con alcohol u otros combustibles- y que “esto deja a luz que los ataques no son meras casualidades y que existe un efecto espejo que se desata a partir de la aparición de tal modalidad en los medios de comunicación”. Es decir, para los autores del proyecto, “el lenguaje, o la forma de mostrar las imágenes construyen hechos sociale s”. Pregunta: ¿si la información hubiese omitido las características horrorosas del femicidio, se habrían evitado algunos de los asesinatos?

 

Los fundamentos plantean que “es importante ampliar la representación de las mujeres con imágenes positivas que reflejen la auténtica realidad” lo que es una directiva para sesgar la información, al punto que se plantea que en las redacciones de todos los medios “se estimule la valoración y el debate del trabajo realizado”, obviamente por el gobierno. ¿Qué tal?

 

Ya al nivel del descaro se indica que “dar buenas noticias es tan útil o más que dar la noticia de un caso de malos tratos”.

 

Censura

 

El proyecto de ley no es simplemente orientativo. Determina una autoridad de aplicación que debe adoptar “las medidas conducentes” (artículo 3) para que “se observen” sus recomendaciones. Es decir no se trata sólo de un proyecto de ley que viene a edulcorar la violencia de género sino a limitar la libertad de expresión.  Como el tema es muy sensible, los autores del proyecto de ley se manejan en el articulado de la ley con particular hipocresía. Plantean “mantener la objetividad al momento de transmitir la noticia”, “utilizar correctamente los conceptos violencia de género y femicidio en los casos que sean pertinentes”, “presentar al agresor… con detalles que demuestren que nunca tienen justificación, pero respetando siempre la presunción de inocencia”.

 

¿Quién ha sido dotado por el proyecto para medir la “objetividad”, la “utilización correcta de los conceptos”, la “presentación del agresor”? La autoridad de aplicación del gobierno Cambiemos, es decir Cornejo, el gobernador de una provincia que lidera el ranking de violencia de género y cuya mafia policial supera a la de la Bonaerense. Para esto la Dirección de las Mujeres tiene por tarea “realizar un seguimiento pormenorizado de los contenidos audiovisuales con perspectiva de género”. Un símil de Miguel Paulino Tato, aquel que se hizo famoso como ejecutor de la censura, cierto que ahora en manos de una “progresista” (de Libres del Sur).

 

Si bien el protocolo votado en Diputados no establece sanciones, los autores dejaron en claro que su objetivo en el corto plazo es que sí las haya. Lo que plantea un problema adicional: ¿contra quién cargará las tintas el gobierno de Cornejo? ¿Sobre los propietarios de los grandes medios o sobre el empleado cuyas producciones muchas veces son violentadas en virtud de lo que impone la “línea editorial”?

 

La izquierda revolucionaria y el proyecto de ley

 

Este proyecto de ley contó con el voto del PTS, lo que vendría a confirmar su consecuencia en un abordaje desclasado de la opresión de género y, a la vez, que no tiene pruritos en el seguidismo al kirchnerismo o al macrismo. Esto es lo que expresó también su acompañamiento -acrítico en un principio- a la paridad de género en una reforma política reaccionaria, que viene a embellecer un régimen político dominado por los enemigos de clase de las mayorías populares y sus reclamos. El planteo de la paridad de género en el parlamento ha sido convertido en bandera de campaña electoral por el PTS.

 

La función de los legisladores socialistas es desenmascarar las verdaderas intenciones detrás de la demagogia, no reforzar las ilusiones en una vía muerta. La ruptura de bloques únicos del FIT en las legislaturas impide que se pueda procesar un debate común para golpear de manera unitaria a los representantes del régimen.

 

La conmoción ante la violencia de género motorizó un movimiento de lucha extraordinario en la provincia de Mendoza que se ha enfrentado objetivamente al Estado y al gobierno, principales promotores de la violencia contra la mujer. La cosificación y degradación de las mujeres hunde sus raíces en la estructura clasista y la organización capitalista de la sociedad en la que vivimos. Ningún protocolo ni regimentación “por arriba” podrá ocultarlo. Se necesita una transformación profunda sobre nuevas bases sociales.  Que nada distraiga la lucha por la emancipación de toda opresión. Hagamos una campaña para que esta ley mordaza no se apruebe.