La Legislatura de Neuquén aprobó un proyecto presentado por el Partido Demócrata Cristiano (la personería del actual ex gobernador por el MPN, Jorge Sobisch) que solicita al Congreso Nacional el tratamiento y la aprobación de un proyecto de ley para penalizar a quienes incumplen órdenes de restricción ante denuncias por violencia de género o violencia familiar. Cabe aclarar que los jueces hoy ya cuentan con legislaciones suficientes para sancionar con penas carcelarias violaciones de perimetrales, dictadas por magistrados con variados y dudosos criterios, y sin realizar ningún seguimiento sobre los acusados.

El proyecto que respalda la Legislatura de Neuquén fue presentado en el Congreso por el cambiemista Diego Mestre (UCR de Córdoba), que establece penas de 2 a 6 años para quienes violen la exclusión del hogar o la prohibición de acceso al domicilio, lugar de trabajo o estudio de la víctima dictada por un juez, y prisión de uno a 4 años para quienes desobedezcan una medida cautelar de restricción domiciliaria.

El de Mestre no es el único proyecto de este tipo presentado en el Congreso. A partir de la brutal escalada de femicidios desde principios de año, sin grieta, oficialistas y opositores echaron mano del viejo recurso de presentar proyectos punitivistas para explotar la sensibilidad social. La diputada camporista Carolina Gaillard, del Frente de Todos, propuso en un proyecto de su autoría que se establezcan penas de prisión de 3 a 5 años para quienes desobedecen la orden de exclusión del hogar o restricción perimetral, penas de uno a 4 años para el funcionario público que actúe con “omisión, renuencia o retardo” cuando exista un peligro físico para una víctima de violencia de género, y penas de uno a 6 años en el caso de que sean jueces quienes retarden o desestimen una intervención.

Los proyectos se limitan al establecimiento de penas. Nada más para ofrecer ante la barbarie de una mujer que pierde su vida por violencia de género cada 20 horas y no cuentan con seguimiento de ningún tipo desde que realizan la denuncia. El punitivismo aparece como único recurso de los partidos del régimen cuando fracasan en todos los demás terrenos, empezando por el de la prevención y el combate a la violencia.

Un planteo para la tribuna, punitivismo trucho

La propuesta de lxs Gaillard y Mestre a la que se acopló la Legislatura neuquina -con la abstención de nuestra diputada Patricia Jure-, lejos de alterar o modificar el sistema judicial, disimula el carácter nefasto de su intervención.

En primer lugar, no es cierto que la Justicia necesite una modificación de las leyes vigentes para proteger a una mujer en riesgo frente a un violento que represente una amenaza grave. Los jueces ya tienen la potestad de dictar prisión preventiva para quienes incumplan una orden judicial. El Código Penal prevé, por ejemplo, penas y “prisión de quince días a un año” para quien desobedece a un funcionario público o una orden judicial. Incluso, frente a reiterados incumplimientos, la Justicia puede hacer uso de la prisión preventiva, que en virtud del delito que se impute podría ser de varios años. En rigor, no hace falta crear ninguna figura específica para disponer medidas de este tipo.

Digamos de paso que la reclusión en prisión, como receta administrativa, en nada garantiza seguridad para la mujer cuando el período de prisión sea finalizado -¿o alguien cree que las cárceles sean un centro de recuperación de una persona en esa condición?

En el caso de la penalización de los jueces que incorpora Gaillard, el Código Penal contempla actualmente la sanción con “inhabilitación absoluta de uno a cuatro años” al juez que “que retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales”: algo que no ocurre nunca porque prima la impunidad y la protección política y, sobre todo, la completa complicidad del cuerpo que integra Gaillard (el Parlamento es quien designa a los jueces y quien puede revocarlos) y del Consejo de la Magistratura, con mayoría oficialista, para con los jueces que elles designan y que aunque sean responsables de abominaciones, jamás revocan de sus cargos. Pretender que el Estado y la Justicia se juzguen -y castiguen- a sí mismos, sin alterar su carácter, no pasa de ser un saludo a la bandera.

Un dato para resaltar es que el proyecto de Gaillard tiene giro a la comisión de Legislación Penal, que preside la propia Gaillard, y hasta el momento no tuvo ningún tipo de tratamiento. La presentación de este proyecto fue parte de una campaña de poca monta contra la Justicia que impulsaron distintos sectores del kirchnerismo con el único objetivo de absolverse de las responsabilidades que les caben como fuerza política dirigente. Pero el gobierno no tiene ningún interés en confrontar con la Justicia por este tema. La dramática situación de las mujeres y el papel de la Justicia es usada por el oficialismo sólo como maniobra de extorsión y presión, para avanzar en el único sentido que de verdad les interesa: la cruzada por el lawfare y la impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de corrupción.

Claro que el proyecto está para cuando se presente una nueva conmoción popular y se vuelva necesario echar mano de alguna iniciativa cosmética que simule voluntad de abordar el problema.

Por otra parte, el aumento de penas no ha servido nunca para desalentar la comisión de delitos en ningún rincón del mundo. En nuestro país, las leyes Blumberg, aprobadas bajo el gobierno de Néstor Kirchner, y un arsenal de leyes de este tipo son una flagrante muestra del fracaso. Finalmente, lo único que se hace es reforzar el poder punitivo de un Estado y una Justicia clasista, que se arma de esas herramientas para perseguir y criminalizar a los trabajadores. Esta no sería la excepción.

Disimulan la defensa de un sistema judicial perverso

Con estos proyectos buscan encubrir el hecho de que la Justicia no aborda los casos, se los saca de encima. Un dato que estremece es que entre un 20/25% de las mujeres que perdieron su vida en el último año contaban con denuncias previas -y en muchos casos con órdenes de restricción para sus agresores por parte de la Justicia.

Sucede que cuando una denuncia llega a la Justicia -tras un largo y tortuoso recorrido por parte de la víctima- la respuesta suele ser el dictado de órdenes de restricción perimetral y exclusión del hogar para el denunciado, cuyo cumplimiento ningún organismo del Estado se encarga de garantizar. A partir de las masivas movilizaciones en 2015 por Ni Una Menos, el único reflejo de la Justicia fue dar curso al dictado estas disposiciones (que como herramienta judicial existen desde hace décadas) con un abordaje administrativista. Se dictan perimetrales como si se repartieran caramelos.

No existe ningún dispositivo, judicial ni de ninguna dependencia estatal (como podría ser del menguado Ministerio de Mujeres y géneros, que no cumple ninguna función en esta materia) que realice un seguimiento de las denuncias, brinde efectiva asistencia y contención a las denunciantes, y aborde la situación de los denunciados, de modo de evaluar las medidas que fueran necesarias en cada caso, analizar el nivel de peligrosidad y la posibilidad de un abordaje multidisciplinario con diferentes enfoques y medidas según corresponda. Nada de todo esto aparece como preocupación de quienes nos gobiernan y legislan.

Subvertir este sistema judicial

Lo que corresponde es subvertir por completo el funcionamiento y la organización del sistema judicial. Algo que requiere, en primer lugar, la elección por voto popular de jueces y fiscales y la revocabilidad de los mandatos como mecanismo de control popular -para atacar el entrelazamiento del poder político y judicial, y poner fin al divorcio que existe entre una camarilla de jueces con poder vitalicio y absolutamente divorciados de los intereses populares. Es urgente, asimismo, terminar con la doble vía del fuero penal y el civil mediante la creación de un fuero único especial por violencia de género, electo y revocable. Disponer el presupuesto y los recursos necesarios para un seguimiento serio de cada denuncia, de las mujeres y de los denunciados, que permita dar curso a distintos abordajes según la evaluación de cada caso -que no siempre será el punitivo. En definitiva, una ruta de acción contraria a la política de un gobierno que priva de estos recursos al combate a la violencia de género y las necesidades sociales en función del pago de la deuda y el acuerdo con el FMI.

Reforcemos la organización independiente de las mujeres y diversidades para luchar por un programa de transformación real del Estado responsable y sus instituciones.