El miércoles 11 de septiembre, tras un dictamen favorable de la comisión parlamentaria,  la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad el proyecto de ley de “Protocolo de Búsqueda Inmediata y la creación de un Registro Único de Personas Desaparecidas”, presentado por el legislador Eduardo Salas, del Frente de Izquierda.

Esta ley tiene por objetivo central terminar con las dilaciones arbitrarias para la recepción de denuncias de desaparición de personas, y que el Estado disponga de inmediato de los recursos humanos y materiales para la búsqueda.  A su vez, establece la creación de un Registro Único de Personas Desaparecidas, una página web y un 0800 destinado a colaborar con esa búsqueda. Las denuncias podrán ser realizadas por cualquier persona que acredite una relación o vínculo con la persona desaparecida, siendo que hasta hoy sólo podían realizarla familiares directos. Se determinan sanciones penales y administrativas para los funcionarios que no cumplan con la obligación de recibir las denuncias y de informar a familiares y conocidos que así lo requieran sobre el avance de la investigación.

El proyecto fue presentado por primera vez en 2014 por la legisladora Cintia Frencia. La iniciativa surgió a raíz del femicidio de Paola Acosta, que conmocionó a la provincia, tras la negativa de las autoridades de comenzar el rastreo hasta tanto transcurrieran 48 horas. Luego de las movilizaciones del movimiento de mujeres que hicieron trascender el caso, fue hallado el cuerpo sin vida de Paola y se logró la supervivencia de su hija. Desde entonces, este reclamo forma parte del pliego de reivindicaciones que se levanta como bandera en las masivas movilizaciones Ni Una Menos y de la marea verde.

Lo cierto es que no existe normativa alguna que establezca el plazo de 48 horas para iniciar la búsqueda. Se trata de un uso y costumbre arbitrario por parte de la fuerza policial, que es amparado por el Estado bajo el supuesto de que la persona se ausentó por sus propios medios y que “ya va a volver”. Una política estatal deliberada que coincide con el accionar cómplice de la cúpula policial, funcionarios políticos, jueces y fiscales, que garantizan impunidad a las redes de trata que operan en la provincia. Las primeras 48 horas desde la desaparición son cruciales para evitar el traslado con fines de trata laboral y/o sexual, y también para evitar un desenlace fatal en casos de violencia de género. Este accionar expone de cuerpo entero la situación de desamparo de las mujeres y la responsabilidad estatal frente al creciente índice de femicidios y transfemicidios en la provincia.

La aprobación de la ley, que será aplicada de forma inmediata, fue recibida con gran emoción por parte del movimiento de mujeres de la provincia y tuvo un fuerte impacto en los medios de comunicación.

Esta sanción es una conquista. Es el resultado de la enorme lucha del movimiento de mujeres en las calles, que el Frente de Izquierda y el Plenario de Trabajadoras acompañaron y reforzaron desde las bancas que ocupamos en el parlamento. Esa lucha colocó en la agenda política los múltiples flagelos de un sistema basado en la opresión.  Esta ley constituye una herramienta más de lucha y un paso adelante en nuestros reclamos, que seguiremos profundizando en las calles y en la Legislatura.