Hace diez días, un grupo de trabajadores “tomó” la planta reclamando la destitución del presidente de la cooperativa, Eduardo Murúa. Los ocupantes convocaron también a Luis Caro, el abogado riquista (y ahora kirchnerista) que había asegurado una asistencia del gobierno a la cooperativa, si ésta “cambiaba de orientación”. Durante la “toma”, la mayoría de los obreros de Impa permanecieron movilizados en las inmediaciones de la planta, en medio de un férreo cerco policial.

 

Una conspiración del gobierno

 

La mayoría de los medios —y sobre todo los del “progresismo”- ha presentado la crisis de Impa como “una desavenencia interna”. El propio movimiento de Murúa (MNER) se delimita de éste con términos como "intransigente" o "autoritario". Lo que omiten es la conspiración que el gobierno kirchnerista montó contra Impa, que debe enfrentar la competencia del pulpo capitalista Aluar y la hipoteca dejada por sus anteriores dueños. Impa se encuentra en un concurso de acreedores cuyas cuotas viene pagando desde hace años. Durante todo 2004, peregrinó por todos los despachos “nacionales y populares” en reclamo de asistencia para poder realizar una reconversión técnica y, más recientemente, para afrontar los pagos del concurso. No obtuvo nada. En ocasión de la última negativa oficial, los dirigentes de la cooperativa impulsaron una ocupación de oficinas en la Casa de Gobierno. A partir de allí, desde el Ministerio de Trabajo se llevó adelante una cuidadosa conspiración para destituir a los dirigentes de Impa, insistiendo en que “el dinero aparecerá cuando la cooperativa esté en manos de dirigentes menos intransigentes”. En ese cuadro, “cayó” Luis Caro por la fábrica, para reiterar el “mensaje” de Tomada.

 

Caro busca paralizar la fábrica en medio del proceso concursal para precipitar la quiebra y facilitar su copamiento por parte de alguno de los acreedores. La movilización sobre la fábrica —y su restitución- frustró esa posibilidad en lo inmediato. El Polo Obrero y el Partido Obrero se hicieron presentes, en medio de la notoria ausencia de todo el progresismo ibarrista y kirchnerista que se dedicó durante años a exaltar la “mística de la recuperación de empresas”. Diego Kravetz, actual presidente del bloque kirchnerista en la Legislatura, renunció al patrocinio legal de Impa el mismo día en que Caro organizaba su “toma” oficialista. Los transversales porteños, flamantes socios de la patota pejotista de la Capital, no quieren “problemas” con los trabajadores que luchan.

 

Las perspectivas

 

La recuperación de la fábrica se realizó bajo la “tutoría” del Inaes. Se eligió una “comisión normalizadora” integrada por los dos sectores en pugna, que estará encargada de llamar a elecciones para elegir un nuevo consejo de administración. Se trata de un proceso que estará bajo la regimentación del Estado (Inaes), de quien —por otra parte- Impa depende para emerger económicamente. Lo que volvió “intransigentes” a los dirigentes de Impa ha sido, precisamente, el sabotaje económico oficial a la planta, como ocurre con todas las fábricas ocupadas. Una de las exigencias del gobierno a Impa era “racionalizar” la gestión obrera a costa de despidos y caída de salarios.

 

La perspectiva de la gestión obrera está inserta en una lucha de conjunto por la expropiación directa y sin compensaciones de Impa y todas las fábricas ocupadas y su entrega a los trabajadores, por asistencia estatal que asegure un salario igual a la canasta familiar, por directores obreros en los bancos estatales que permitan resolver sus necesidades de crédito, en el marco de una reorganización de la economía nacional bajo control obrero.

 

Es necesario un plan de lucha de conjunto de las fábricas ocupadas junto a todo el movimiento obrero y piquetero.