La Legislatura de la provincia de Buenos Aires acaba de aprobar una nueva ley de expropiación.

Un fondo... sin fondos

Uno de los aspectos destacados de la ley es que el Poder Ejecutivo se obliga a poner el dinero para pagar las expropiaciones antes de cederle la fábrica a las cooperativas de trabajadores. En otras palabras, el primer paso lo constituiría la estatización de las empresas. De este modo, luego de tantas dilaciones, se concretarían por fin las expropiaciones “definitivas”.

Pero no todo lo que reluce es oro. La Legislatura porteña votó una ley de características similares, pero desde su aprobación no se concretó ninguna expropiación; ni siquiera se reglamentó y a principios de enero de este año caducó. Macri aprovechó esa circunstancia para plantear que va a analizar “caso por caso”.

Mientras la ley porteña estipulaba una partida de 40 millones de pesos, en la provincia ni siquiera se fija un monto, sino vagamente se habla de la creación de un “Fondo Especial de Recuperación de Fábricas” mediante “la asignación de una partida anual...”, es decir, estamos ante un fondo que nace sin fondos. El presupuesto de este año no tiene prevista ninguna partida y no hay nada contemplado para remediar esta carencia. Habrá que esperar a la discusión del presupuesto del año que viene, mientras las cuentas de la provincia están en rojo. Ni hablemos del terreno vidrioso que se abre en materia legal, ya sea con la reglamentación o ante cada juicio de expropiación que hay que poner en marcha.

Filtro y condicionamiento

Pero, además, el gobierno provincial determinará “la viabilidad económica de cada empresa recuperada”.

El concepto de “viabilidad económica” deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, “la capacidad de pago de la indemnización a favor del expropiado por la propia empresa o cooperativa”. ¿No era que indemnizaba el Estado? Las empresas recuperadas ni siquiera cuentan con los recursos, el capital o el financiamiento para competir en el mercado. Muchas apenas alcanzan a sobrevivir sobre la base de salarios que están por debajo de convenio; o sea que se están descapitalizando. La “viabilidad” es simplemente una pantalla para un gran filtro que solamente podrá sortear una minoría. Digamos, de paso, que ya ha comenzado la pelea por ver, en primer lugar, quién va a integrar ese organismo estatal; están anotados los punteros vinculados con el oficialismo.

Las primeras leyes de expropiación otorgaban en forma gratuita los activos a la cooperativa. Ahora se suprime ese beneficio y todas sin excepción pasan a ser entregadas a título oneroso. La exigencia de la compra de los bienes va a acentuar la tendencia a buscar recursos externos, o sea deuda y capital privado. De este proceso, incluso, no estarían eximidas ni siquiera las cooperativas más exitosas si la economía entrara en recesión. Esta nueva ley es un eslabón de un proceso de expropiación de las cooperativas en beneficio del capital, y apunta a completar la “normalización” capitalista que se puso en marcha con la transición política iniciada en 2001.

Separada la paja del trigo, queda en pie un paraguas legal transitorio para las cooperativas. La nueva norma suspende todo proceso judicial en que resulte demandada una fábrica recuperada. Como las expropiaciones de carácter transitorio fueron venciendo y muchas otras están por vencer, los antiguos propietarios reclaman la devolución de los activos y el control de la empresa.

Conclusión

Las expectativas que el gobierno se ha encargado de alentar con la colaboración de sus punteros es completamente infundada. Frente a esta situación, llamamos a abrir un debate para poner en marcha un plan de lucha por la expropiación definitiva de todas las fábricas bajo gestión obrera y su entrega gratuita a sus trabajadores. Necesitamos una plataforma aún más amplia que debe formar parte de la lucha por una salida obrera a la actual crisis nacional.