El rechazo del proyecto de ley que consagra el derecho al aborto pone en evidencia, si faltaba, la dominación del aparato de la Iglesia y del Vaticano sobre el Estado, y el acierto, por lo tanto, de ligar la reivindicación del derecho al aborto legal, seguro y gratuito a la separación de la Iglesia del Estado y la confiscación de las propiedades del clero. La separación ‘institucional’ sólo es real si se ataca el poder económico de esta milicia de la reacción política y el elevado control que le otorga en el campo de la educación y la salud. El movimiento de la mujer es uno de los más poderosos de la historia popular de Argentina. De la orientación política que siga de ahora en más, puede salir más fortalecido y radicalizado, y convertirse en un factor aún más importante en la crisis política presente y en un ascenso general de la clase obrera.

El resultado divergente de la votación en Diputados y el Senado advierte de la división que recorre a la burguesía en el conjunto del proceso político. Ha vuelto a manifestarse el choque entre el laicismo y el confesionalismo en la historia argentina, pero ya en un período de decadencia capitalista. El laicismo oligárquico del siglo XIX se presentó como funcional a la explotación capitalista de una vastísima superficie agraria, que necesitaba acoger a una fuerza de trabajo inmigrante y expropiar al índigena. En la actualidad, el laicismo como corriente política virtualmente no existe, y sólo ha hecho una fugaz aparición bajo la presión del movimiento de lucha femenino. En todos los otros planos, la educación privada y clerical avanza sobre la pública y laica.

De otro lado, el impacto internacional de la movilización por el derecho al aborto en Argentina mostró una división de la burguesía a nivel mundial, que se advierte en el ascenso de gobiernos de derecha que pretenden cancelar las conquistas democráticas obtenidas en los 70. En medio de la crisis capitalista de conjunto por la que atraviesa América Latina, en los medios capitalistas existe el temor de que una rebelión femenina en lucha por sus derechos pueda acicatear una rebelión de conjunto. La Corte Suprema de Brasil ha decidido poner en su agenda el tema del aborto, en una suerte de plagio descafeinado con lo ocurrido en 1973 en Estados Unidos, cuando el derecho al aborto fue consagrado por una resolución judicial superior – con el telón de fondo de la inmensa movilización del movimiento de mujeres a fines de los años 60 que se suele identificar con "la segunda ola del feminismo". La salida judicial, como es obvio, no legisla sobre las condiciones de conjunto del aborto, como la gratuidad asegurada por el sistema público.

El rechazo por parte del Senado ha abortado el intento, dentro del macrismo, de recuperar una autoridad política severamente menguante del gobierno, ofreciendo una salida a la crisis del aborto clandestino. El diputado Lipovetzky y el ministro Rubinstein fueron exponente claros de esta tendencia política. Entre el choque con el aparato del clero, por un lado, y la conquista del apoyo condicionado de un sector progresista de la clase media, por el otro, el macrismo decidió que hacer frente al primero era demasiado peligroso. Ha perdido políticamente en todo, porque el clero seguirá pasando factura por haber habilitado del debate, y la pequeña burguesía lo descalificará por este ‘fracaso’. Las divisiones en el radicalismo y en el peronismo muestran una caracterización similar: han retrocedido políticamente ante las fuerzas sociales en disputa.

El rechazo desnuda la mayor regimentación política que prevalece en el Senado, que no representa a los electores en forma proporcional, tiene plazos más largos de renovación de mandatos y está atado al ejecutivo de sus provincias. Las mujeres, y los trabajadores en general, han hecho una experiencia más acerca del carácter anti-democrático de los partidos de la clase capitalista, pero sobre todo con la democracia burguesa. Esto servirá para que comprendan la superioridad histórica del régimen político asentado en la deliberación popular y la renovación de mandatos.

El rechazo del Senado ha creado un impasse político muy claro, porque de un lado no ha resuelto la enorme crisis social que representa el aborto clandestino, y porque del otro ha soliviantado aún más al movimiento de mujeres. Este impasse se manifiesta ahora en la proposición diversas salidas, como la reforma del Código Penal (despenalización), que no cambiaría la situación existente; un recurso ante la Corte para que declare inconstitucional la prohibición del aborto – por vulnerar la libertad individual; y el llamado a una consulta popular, que fue planteada por el macrista Lipovetzky incluso antes de que se conociera el resultado de la votación.

Consulta popular

La consulta popular plantea, sin embargo, un conjunto de cuestiones políticas, empezando por el hecho de que debe ser convocada por el mismo Congreso que acaba de rechazar el proyecto de ley de “la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”. En otros países, en cambio, la consulta es obligatoria a partir de la validación judicial de un número de firmas establecido por ley.

El otro aspecto se encuentra relativamente ligado al anterior, porque la consulta no pondría a votación un proyecto de ley que sería consagrado por una mayoría del voto popular, como – de nuevo – está habilitado en otros países (“legislación directa”), sino que obligaría al Congreso a dictar una ley conforme con el derecho al aborto. Quedaría planteado un proceso legislativo largo, que serviría para limitar en forma considerable ese derecho, como la objeción de conciencia institucional, la ausencia de una gratuidad real, el acortamiento del período límite para interrumpir el embarazo y otras cuestiones. Los macristas o pejotistas partidarios de una consulta no han aclarado (ni siquiera han tenido el tiempo de hacerlo) en qué consiste su posición de un modo concreto; Larreta ya se ha apresurado a rechazar cualquier tipo de consulta. Las diversas modalidades que puede adoptar la consulta popular plantean cuestiones políticas de fondo – no de forma.

La posición realmente consecuente sobre la consulta es que sería que fuera, digamos, autoconvocada por el movimiento de mujeres en lucha, mediante la presentación de un número de firmas en sede judicial, para que se ponga a votación el proyecto votado en Diputados, a partir del movimiento de mujeres, en forma directa, sin mediaciones legislativas ulteriores. En Irlanda, recientemente, se votó “sí o no” al derecho al aborto, que el parlamento irlandés debe ahora convertir en proyecto de ley, como consecuencia de la victoria del Sí. El parlamento irlandés, bajo la presión del clero, intentara proceder a una acción distorsiva, como ocurrió en el Senado con aquellos que coquetearon con un proyecto ‘intermedio’. En Italia, en cambio, es posible, mediante el voto, refrendar un proyecto de ley específico, legislando por encima del parlamentos

En el plano político directo, los partidarios macristas o pejotistas, pretenden rescatar, mediante un coqueteo con el planteo de consulta, al gobierno y a sus partidos, con el eufemismo de que uno y otros se manejan con ‘pluralidad política´, o sea evitar que el rechazo del proyecto se convierta en una denuncia del entrelazamiento de esos partidos con el clero e incluso con su política de hambreamiento social (FMI), que es un factor poderoso a la hora de decidir la continuidad de un embarazo. Una campaña poderosa debería denunciar al kirchnerismo de los planes sociales y al sacerdocio villero, que se empeñaron en apartar a las mujeres más empobrecidas de una lucha que para ellas es más importante que para nadie. Los políticos que han re-descubierto un laicismo fugaz, pretenden un frente popular en nombre de una iniciativa en su versión más restringida. La lucha por una consulta en su variante más consecuente, el referendo de un proyecto de ley, exige, antes que nada, la denuncia política de los partidos del régimen, responsables del rechazo legislativo.

Para ligar el planteo del referendo con la acción directa del pueblo, la decisión de reclamar la realización de una consulta popular, debería ser decidida en una Asamblea Popular – por ejemplo en Plaza de Mayo. Esa asamblea popular debería también votar un plan de lucha a escala nacional – de movilizaciones y también huelgas, así como un frente único con los sindicatos y delegados que apoyan el reclamo del movimiento de mujeres, y el movimiento estudiantil independiente. La consulta popular no escapa al peligro del empantamiento parlamentarista, al contrario – es esa la intención de la fracción burguesa que coquetea con esta idea, para impedir que el movimiento de la mujer crezca como factor independiente en la crisis política de conjunto. Es necesario romper el corset parlamentario. El único método que eleva la conciencia de clase y la conciencia política de las masas es la acción directa y la movilización, y la que más se acerca a la posibilidad de una victoria.