Opinión

3/2/2022

Debate

El prohibicionismo criminaliza y mata: abajo la Ley 23.737 de drogas de la dictadura

Las muertes por cocaína adulterada y la persecución a usuarixs de marihuana son expresión de la misma urgencia.

La intoxicación masiva por cocaína envenenada que estalló ayer miércoles 2 de febrero de 2022 es la manifestación cruel de las consecuencias del prohibicionismo hipócrita que sostienen el gobierno nacional y provincial y las intendencias del conurbano bonaerense, el poder judicial y las fuerzas represivas en connivencia con las redes de narcotráfico y de lavado de dinero. Este entramado es la estructura de uno de los negocios capitalistas más lucrativos del país y el mundo y no solo genera ganancias exorbitantes sino que además funciona en nuestro país como aparato alienador funcional a un gobierno que implementa un ajuste hambreador para pagar la deuda ilegítima. Cuando hay hambre, emergencia habitacional, desocupación y represión la bronca es tan grande que solo puede expresarse o contenerse. No hay forma más perversamente efectiva de aplacarla que aspirar o fumar clorhidrato de cocaína rebajado con diversos alargadores de mayor o menor toxicidad, un compuesto elaborado artificialmente mediante varios procesos químicos y sustancias que en ningún momento son sometidos a testeos para evaluar posibles riesgos y daños para la población.

Este tipo de políticas sanitarias sería la única estrategia lógica para poder evitar la locura que estamos viviendo porque claramente la arenga de “la droga mata” y la consecuente guerra contra las drogas sólo ha logrado aumentar las muertes y el sufrimiento. Tenemos la evidencia científica, la práctica profesional en las barriadas y nuestra militancia para demostrar que es hora de reforzar la lucha en las calles y en el Congreso para cambiar la maldita ley de drogas que condena a lxs pibxs de los asentamientos como los de Puerta 8 en el partido Tres de Febrero a un círculo perverso de carencia de derechos básicos, sufrimiento, dependencia química a la sustancia y como resultado el doble sometimiento al narco y a la policía. Resulta fundamental entonces  romper con el discurso demonizador de la sustancia porque esa es justamente la premisa para la criminalización del usuarix. Si entendemos al usuarix como sujeto con derecho a decidir qué consumir, que podrá tener o no un consumo problemático, entonces la prerrogativa mínima para garantizar la salud pública es exigir que el Estado garantice el acceso seguro y regulado a las sustancias.

La realidad es que ante el sufrimiento e injusticia diaria la mayoría recurrimos a algún tipo de sustancia o práctica para distendernos y aliviar la tensión o la angustia. Millones recurren a las bebidas alcohólicas y a los psicofármacos y pueden hacerlo de manera legal y segura porque son sustancias de comercialización legal y regulada por el Estado. Esto garantiza que nadie sea detenido al ir a comprar clonazepam a la farmacia y que nadie muera por tomar una cerveza en la vereda. Sin embargo, aunque el consumo problemático de dichas sustancias puede considerarse una epidemia en el país y en el mundo, el lobby de empresas tabacaleras, de bebidas alcohólicas y laboratorios se garantiza su propia impunidad en el Congreso y en los despachos de funcionarixs. Pensemos que ni siquiera se les retiene en impuestos lo suficiente como para generar una red de dispositivos de atención integral al consumo problemático de alcohol que garantice atención de calidad a toda la población que lo requiera. Ello sería exigible si se modificara la ley 23.737 de la dictadura para contemplar el espectro real de sustancias psicoactivas con regulaciones acordes tanto a la potencial adicción química y psicológica como a sus potenciales usos terapéuticos.

En este sentido, las muertes que hoy lloran familias de distintos puntos del oeste del conurbano bonaerense son manifestación de la misma problemática que las detenciones que sufren usuarixs medicinales de marihuana/cannabis registrados legalmente en el Reprocann para cultivar y consumir. Así por ejemplo detuvieron a Lara el lunes en Cipolletti por 0,5 gramos de marihuana estando las fuerzas represivas al tanto de su inscripción en el registro por padecer epilepsia. La violencia e impunidad con que la policía de Río Negro se manejó es expresión de la vigencia de una ley de la dictadura que impone sobre cualquier otra (en este caso la 27.350 de Cannabis Medicinal) su sesgo persecutorio y fascista. Desde esta perspectiva lo revolucionario es impulsar la regulación legal de la marihuana, condición necesaria absoluta para garantizar realmente que todxs lxs usuarixs de marihuana, terapéuticos y recreativos, puedan acceder a las flores y sus derivados primordialmente mediante el autocultivo y también mediante un mercado regulado en farmacias o dispensarios idóneos.

Otro argumento clave para impulsar este año un proyecto de legalización de la marihuana en el Congreso es que se trata de la sustancia más noble del espectro de consumo masivo, con menor nivel de toxicidad y con demostrado potencial para reducir el consumo de sustancias altamente perjudiciales como la pasta base de cocaína. En este sentido un sistema público con alcance nacional real de atención de los consumos problemáticos debe trabajar inevitablemente con políticas de reducción de riesgos y daños dada la especificidad de la población, particularmente en la región AMBA. El abstencionismo, como metodología de abordaje de la perspectiva prohibicionista, está demostrado que genera recaídas cíclicas y profundiza la dependencia, particularmente en circunstancias de crisis y ajuste como las que vivimos.

Así como la derogación de la 23.737 puede permitir que hospitales y universidades realicen legalmente análisis químicos de las sustancias en circulación para evitar muertes, también cambiaría drásticamente la realidad en las cárceles. Hoy los penales de la Provincia de Buenos Aires están atestados de detenidos por comercialización de estupefacientes que en realidad son personas bajo la doble opresión narco y policial con consumos problemáticos que requieren atención sanitaria, no la criminalización estatal. En este contexto, legalizar con regulación acorde la producción y circulación de la marihuana para todos sus usos es el paso imprescindible para empezar a quebrar el poder narco policial que oprime las barriadas y hacer realmente accesible su potencial terapéutico.