Es la licitación más importante que tiene el gobierno de la ciudad, por una suma superior a los 800 millones de pesos.

Dentro del actual sistema de pago por “área limpia”, el GCBA debe controlar el cumplimiento de la meta establecido por contrato con las empresas. El proyecto presentado por el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, propone una vuelta al régimen de pago por tonelaje. Según los pliegos licitatorios, la recolección (en concesión por diez años) no puede superar ni disminuir más de un 10 por ciento. Esto afecta el objetivo de la Basura Cero, que apunta a disminuir los niveles de basura recolectada a favor de un aumento de basura reciclada.

El intento de pagar de nuevo por tonelada es poner en una contradicción fatal el interés de las empresas con el cumplimiento de la Ley de Basura Cero. Es decir, cuanto más basura se recolecte, cuanto más basura se entierre en rellenos de la provincia de Buenos Aires, más plata ganan las empresas. La Ley de Basura Cero procura justamente lo contrario. Mientras la ley de Basura Cero es un sistema de gestión integral, este proyecto está elaborado en función de la lógica del negocio privado. En el proyecto hay un solo sistema que es el de enterramiento (el reciclado es todavía una incógnita, en el pliego no existe la recolección diferenciada de residuos secos y húmedos, ni el reciclado ni la recuperación).

Los residuos secos son aquellos que se llevan los cartoneros, porque se pueden reciclar, y los húmedos los que recolectan las empresas privadas, dice el Gobierno: Como la separación no se hace en origen, los “recuperadores urbanos” volverán a revolver la basura en busca de los residuos secos y otra vez habría basura desparramada. Es claramente la forma argumental que elige el gobierno porteño para responsabilizar a los cartoneros por el fracaso de la Ley de Basura Cero, a la que nunca este gobierno se dedicó a publicitar ni a hacer campañas de concientización.

En efecto, con el regreso del pago por tonelada y no por área limpia es imposible pensar en dos sistemas de recolección tan distintos funcionando a la vez, dado que es obvio que los recicladores urbanos no van a poder competir con las grandes empresas que surjan de la licitación. Por detrás de este proyecto hay un concepto claro: se quiere a los cartoneros fuera de la ciudad de Buenos Aires, cosa que quedó demostrada con una de las primeras acciones de la gestión, cuando el verano último el gobierno desalojó violentamente a los cartoneros de la plaza del barrio de Belgrano.

El abandono del sistema del reciclaje ocasiona, aparte de un enriquecimiento de las empresas de recolección de basuras de las cuales la más importante es la de papá Macri, el traslado el problema al conurbano bonaerense que de manos de Scioli y el Ceamse se llevan 5 mil toneladas por día de la Ciudad de Buenos Aires a un precio de 54 pesos por tonelada. La recepción de basura de la Capital Federal se extiende a los rellenos sanitarios operados por el Ceamse a cambio de un aporte al gobierno de Scioli que, sin embargo, está acorralado por vencimientos de deuda y por su déficit provincial.

Exigimos la participación de los vecinos; una mayor difusión en los medios, que la Audiencia pública de la Legislatura porteña para el tratamiento de la nueva ley de basura sea vinculante.

Nuestro planteo

La salida al problema de la basura es un sistema de plantas estatales de reciclaje que diera salida a la inmensa producción de basura de la población de la Ciudad de buenos Aires e institucionalice el trabajo de los recicladores urbanos.