En el día de hoy mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 542/2020, el gobierno nacional consolida el atropello de los derechos de jubiladas y jubilados de todo el país, al prolongar la continuación de la suspensión de la movilidad jubilatoria. De acá a fin de año los aumentos serán decididos por el poder ejecutivo de acuerdo a la conveniencia del momento.

Según palabras del decreto “se estima razonable y necesario posponer la toma de decisiones respecto de la movilidad de las prestaciones del régimen previsional general” y se invoca “la realidad impuesta por la pandemia de Covid-19”. Sin embargo es preciso recordar que la suspensión de la movilidad es previa a la pandemia. Era la emergencia económica provocada por la crisis la que justificaba el saqueo de las jubilaciones, ahora es el Covid-19 y mañana será la crisis que el Covid-19 deje tras su paso. Las preguntas, entonces, son ¿cuándo estimarán “razonable y necesario” quienes gobiernan el país, respetar la ley, los derechos de la ciudadanía y la justicia social? ¿Cuántas crisis más hay que esperar para que millones de personas cobren lo que aportaron a lo largo de sus vidas? ¿Cómo se supera una crisis económica si el Estado mismo decide mantener en la pobreza a una parte importante de la población?  En la medida en que estas preguntas continúen sin respuesta seguiremos adelante con todas las acciones que estén a nuestro alcance por luchar por los derechos de las personas mayores.