La resolución del Ministerio de la Educación de Ciudad de Buenos Aires que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas constituye una medida de carácter reaccionario que hay que rechazar por varios motivos. Pero el primero de todos, es que dicho lenguaje está ligado a la irrupción del movimiento de lucha de las mujeres y las diversidades de género y sexuales y, por esa razón, es un ataque a los que luchan por la educación sexual integral laica y científica.

Al margen de esto, la medida prohíbe algo que normativamente no puede hacer, en tanto no existe regular el uso de una forma discursiva cuando Argentina no tiene una ley que sancione lengua oficial.

Menos prohibición, más separación de la Iglesia del Estado

La medida es oscurantista, porque viene de la mano de los grupos ligados a las Iglesias que bloquean la aplicación de la ESI. En América Latina, hemos visto los movimientos #ConmishijosNoTeMetas que, coincidiendo con la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, protagonizaron marchas, irrupciones en escuelas, escraches a docentes y un fuerte lobby en el Congreso Nacional para que no se modifique el artículo 5° referido a la adaptación de la educación sexual al “ideario institucional” de las escuelas confesionales, para instruir bajo conceptos prejuiciosos y precientíficos la educación sexual.  Lo mismo ocurrió en Buenos Aires con el artículo 8°: el gobierno se negó a modificarlo, mientras el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta se sacaba fotos con las Iglesias en plena campaña electoral.

La hilacha la muestran cuando indican que las “marcas de género” como @, X, e son un espejo de una “ideología de género”, argumentos calcados de la Iglesia quien considera a la homosexualidad como una patología o del ministro de educación de Jair Bolsonaro de Brasil quien, al momento de asumir, señaló que su objetivo era perseguir estas manifestaciones en el sistema educativo.

Teniendo en cuenta que aproximadamente el 50% del sistema educativo en CABA está bajo manos privadas, muchas de ellas confesionales, este intento de prohibición puede convertirse en un arma de persecución, sanciones y hasta despidos por no adaptarse a esta nueva normativa, como así también en el ámbito de las escuelas públicas.

Por lo tanto, a la vez que luchamos en las escuelas por una efectiva aplicación de la educación sexual, por las capacitaciones en servicio para docentes y estudiantes, debemos rechazar este nuevo intento de injerencia de las Iglesias en el sistema educativo, algo que, por supuesto, debería partir de dejar de financiarlas por parte del Estado, ya que estas instituciones educan en el sometimiento y la subordinación de las mujeres y diversidades sexuales y de género.

Que las estudiantes hablen como quieran

El uso del lenguaje inclusivo es principalmente una introducción de las y los estudiantes. ¿Por qué les molesta el uso del llamado lenguaje inclusivo? Porque expresa una lucha. Por extensión, algunos docentes lo utilizan, no lo imponen, para nombrar las diversidades sexuales y de género, a la vez que atienden las constantes demandas que surgen en las aulas para atender algo que el lenguaje no va a cambiar, que es la situación de discriminación y violencia que sufren los colectivos LGTBI+, cuyo principal garante es el Estado.

Cualquiera que trabaje y recorra una escuela secundaria puede comprobar esta nueva realidad. Porque el lenguaje, en tanto construcción social, va cambiando a lo largo de la historia y esta es la historia que eligen las y los jóvenes en su lucha por su identidad, que a la par es contestaria y emancipadora. No olvidemos las ocupaciones de escuelas, las marchas para reclamarle al gobierno espacios para la educación sexual y que, justamente, enfrentó la propia ministra Soledad Acuña.

Si esta resolución de Juntos por el Cambio se opone debido a este carácter contestatario del lenguaje inclusivo, no podemos dejar de mencionar las declaraciones interesadas de las corrientes gubernamentales que intentan fetichizarlo sin relacionarlo con una lucha específica y para dejarlo como una forma hueca, mientras son responsables del crecimiento de la desocupación, de la pobreza de las mujeres, de la falta de cupo laboral trans y de la opresión cotidiana que vivimos las trabajadoras y las diversidades.

Más allá del debate académico

En la medida promovida por la ministra de Educación, Soledad Acuña, se establece una relación no comprobada entre los resultados académicos publicados en las pruebas estandarizadas y el uso del lenguaje inclusivo. Es tan contradictoria la fundamentación, que solo puede tener un propósito: encubrir la propia actuación del gobierno en materia de política educativa.

Si hace catorce años gobiernan la ciudad, los resultados de rendimiento y el deterioro educativo no tienen otro responsable que el propio gobierno, Macri, Larreta. Si bien no escapa a la situación nacional, dado que las reformas educativas aplicadas en la ciudad se basan en el marco normativo nacional de la propia Ley Nacional de Educación sancionada en el 2006 bajo el gobierno Kirchnerista, hay un grado de responsabilidad directa del macrismo en la agudización de la crisis educativa.

El debate lingüístico se lo dejamos a los especialistas, quienes tampoco han coincidido con los supuestos estudios que sustentan esta medida, mucho menos si viene de la Real Academia Española creada en 1715 (con los borbones) bajo el lema “limpia, fija y da esplendor”.

La propia ministra, en disputa por la base electoral con sectores dentro del propio Juntos por el Cambio o con los de Milei, no esconde este uso demagógico que hace de las medidas educativas para diferenciarse. Larreta -y la ministra que tiene su propia agenda electoral- declaró recientemente que él es el candidato para la burguesía para aplicar la reforma laboral y previsional a fondo y puso como ejemplo la reforma del estatuto docente y las pasantías truchas de 5to año que usan estudiantes como mano de obra barata.

Ante esta nueva ofensiva contra la educación para tratar de regular por una norma el uso del lenguaje, las docentes y estudiantes llamamos a organizar un rechazo visible en todas las escuelas.

Proyecto de Ley contra la prohibición del uso del lenguaje inclusivo

 

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