El bárbaro asesinato del joven Báez Sosa a manos de una patota a la salida de un boliche de Villa Gesell, y el sádico crimen de Lucio Dupuy en La Pampa -por el que son acusadas su madre y la pareja- ocupa desde hace días las primeras planas de los medios. En ambos casos, los juicios son transmitidos diariamente a la espera de los veredictos que se suponen serán “ejemplares” y con las máximas penas.

Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años víctima de la patota de “rugbiers” -como son presentados sus agresores en las pantallas de la televisión y en las radios- tuiteó una foto con sus colaboradores con la leyenda: “Hay equipo por la perpetua”. El abogado mediático, con fama de imbatible por sus oscuros vínculos con el compartido mundo del delito y las fuerzas de “orden”, supo defender a lo largo de su carrera a la banda policial y parapolicial de Los Horneros que masacró por encargo al fotógrafo José Luis Cabezas en Pinamar, y también a Juan Darthes, acusado de abusar de Thelma Fardín cuando la actriz tenía 16 años. Agreguemos que a fin del año pasado aparecieron pintadas en La Plata con la leyenda Fernando Burlando 2023, presumiblemente por declaraciones suyas, como candidato de los liberfachos con final abierto por Espert o Milei.

Los juicios y sus pormenores, que tienen un enorme impacto en toda la población, son agitados por la derecha para pedir mano dura y la máxima pena prevista por el Código Penal argentino, que estipula condenas de hasta 50 años de cárcel sumando las accesorias. En el caso de Fernando, teniendo en cuenta la decisión y coordinación de un grupo para golpear hasta matar, y en el de Lucio por la violación y torturas seguidas de muerte agravadas por el vínculo.

Las circunstancias brutales en que fueron segadas violentamente las vidas de un joven y de un niño han abierto un debate pretendidamente jurídico sobre la pena de perpetua y sus alcances. Está claro que no se trata de una cuestión menor, el derecho en una sociedad de clases no puede escapar a las desigualdades sociales, pero esto no invalida la necesidad de una legislación penal que no se asiente en la venganza y la aniquilación física y psicológica; esto vale incluso bajo un gobierno obrero, hasta que se vayan extinguiendo las desigualdades sociales y se reorganice y reeduque la humanidad sin la necesidad de un Estado. Detrás de la cuestión jurídica hay siempre una pretensión del Estado burgués por reforzar su dictadura de clase valiéndose del sistema de represión estatal, penal y carcelario. Sus formas más bárbaras son la quita de la vida con la pena de muerte y la muerte en vida en una celda con la prisión perpetua.

En la historia y presente de la lucha por los derechos civiles la abolición de la pena de muerte -más allá de la atrocidad de los crímenes cometidos y por aberrantes que éstos sean- ha sido y es una bandera de los socialistas y del progresismo demócrata burgués. Esta lucha de principios, aún en aquellos casos en que se reconocen la autoría de los crímenes o desisten de apelaciones, toma en cuenta cuestiones fundamentales que van desde el valor de la vida humana a las condiciones dadas para una eventual reinserción en la sociedad.

La ejecución del criminal y su variante, la perpetua que condena al reo a permanecer encerrado de por vida hasta su destrucción como persona, son banderas de la derecha a favor de una legislación burguesa más represiva que se presenta como sanciones compensatorias del ojo por ojo. En síntesis el acto de justicia consistiría en extirpar las “deformaciones” de un régimen capitalista abusivo que ejerce y promueve la violencia de clase y la explotación de la mayoría de la población por una minoría.

La pena de muerte y el endurecimiento de la legislación represiva con penas de prisión cada vez más largas y duras -incluyendo un aislamiento casi total según el delito o el país que las aplique- cumplen una función de disciplinamiento social. Son instrumentos represivos y de regimentación de clase, política y racista como lo ejemplifican las ejecuciones donde rige la pena de muerte. En la democracia norteamericana la composición de la población carcelaria es mayoritariamente negra y pobre.

Los socialistas combatimos la pena de muerte y la mano dura siempre ligada a formas de rigor carcelario que aniquilan al sujeto. Pero además estas legislaciones históricamente se han cobrado la vida de revolucionarios y combatientes de la clase obrera, desnudando en esos casos la esencia dictatorial del régimen burgués, también en sus formas políticas constitucionales y democráticas. Las “máximas penas” apuntan en ultima instancia y siempre contra los explotados para reforzar el aparato represivo.

Volvamos al punto en debate sobre una supuesta homogeneidad en torno las condenas que deberían aplicarse a los y las asesinas de Fernando y Lucio. ¿Qué diferencia de fondo existe entre la pena de muerte y la muerte en vida en la cárcel con condenas a 35, 40 o 50 años de prisión? La perpetua es tan o más brutal que la ejecución con fecha porque se trata de llevar la sanción a su máxima ejemplaridad punitiva. No es por casualidad que el periodismo reaccionario anticipe lo que les espera a los condenados en las cárceles argentinas. El crimen cometido justificaría el infierno carcelario y con éste la violencia, las violaciones, la brutalidad de los penitenciario y hasta el asesinato a manos de otros presos como represalia y acto de justicia popular.

No se nos escapa que el rechazo a la perpetua abre otra discusión, en este caso sobre la pena que le cabe a los genocidas del terrorismo de Estado. Es el movimiento popular y de derechos humanos el que, luchando por Memoria, Verdad y Justicia, reivindica la cárcel efectiva y perpetua para los responsables políticos y ejecutores de la represión bajo la dictadura militar y antes el gobierno peronista lopezrreguista de la AAA. Sin embargo, no son cuestiones equiparables: en un caso se trata del terrorismo estatal contra el pueblo (masacre y exterminio planificado con métodos de guerra civil contra la clase obrera), y en el otro de crímenes de individuos que son tomados por la “justicia” capitalista como ejemplo para un reforzamiento represivo del régimen.

Esta diferenciación vale para la lucha por justicia que el Partido Obrero llevó hasta el final exigiendo perpetua para José Pedraza por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra a manos  de una patota armada de la Unión Ferroviaria. Como se comprobó, Pedraza actuó con los métodos del terrorismo antiobrero y con la complicidad con la policía -que liberó la zona- para defender los negocios mafiosos de la burocracia sindical y la tercerización laboral, e incluso con el respaldo de sus vínculos con el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El reclamo de Perpetua para Pedraza, como jefe del grupo provocador ordenó la emboscada criminal, no respondió a un acto de venganza sino a un respuesta organizada de la clase obrera contra las patotas y los parapoliciales protegidos por la impunidad estatal, que hubiera abierto una investigación acerca de la planificación del crimen, con profundas derivaciones políticas ya que involucraba a las fuerzas represivas y a funcionarios del gobierno.

Agreguemos que de la misma forma en que el socialismo revolucionario distingue entre las guerras reaccionarias e imperialistas, y las de liberación nacional y revolución social, también lo hace con el terror como forma de acción política cuando son los explotados quienes lo utilizan como forma defensiva extrema contra los explotadores y la contrarrevolución armada (terror rojo y aún y en ciertos casos los actos de terrorismo individual, cuya crítica no puede ser moral sino de oportunidad política).

La perpetua para los Videla y los Etchecolatz es un instrumento de la lucha obrera y democrática contra la barbarie fascista, y no se puede abstraer de la naturaleza y magnitud de las fuerzas sociales en pugna. Por atroces e indignantes que sean los crímenes de Fernando y Lucio, la violencia ejercida no pone en juego el derecho de las masas a defenderse frente a un agresión como fue el exterminio de la vanguardia obrera, los 30.000 detenidos desaparecidos, los miles de presos políticos y decenas de miles de exiliados forzosos bajo el golpe cívico militar.

La campaña derechista toma los asesinatos aberrantes para exigir más mano dura y para correr todo el espectro político hacia la derecha. Sergio Berni, ministro de “Seguridad” de Axel Kicillof, es un declarado partidario de bajar la punibilidad de los menores hasta los 14 años; Patricia Bullrich pide la intervención de las Fuerzas Armadas en la Patagonia contra las comunidades mapuche, y Espert exige “bala” contra los delincuentes y meter preso a los piqueteros. Volviendo una vez más a los juicios por los crímenes de Fernando y Lucio, son los sectores más reaccionarios los que promueven las penas de cárcel de por vida y las dan como un hecho consumado.

El pedido de justicia por Fernando y Lucio tiene que diferenciarse de quienes agitan el reforzamiento del aparato represivo-judicial que actúa como brazo armado e institucional del régimen ajustador y del pacto con el FMI. Ni la perpetua ni la pena de muerte son un freno a la violencia, aunque se pinten de justicieros, sino válvulas represivas para tapar la descomposición social del régimen capitalista que destruye el horizonte humano y donde el hombre es lobo del hombre.

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