En estas semanas, a partir de la masacre provocada por la cocaína adulterada en provincia de Buenos Aires, se reavivaron debates sobre el rol y status de las sustancias psicoactivas [1] en la sociedad. Este artículo pretende delimitar la posición de la regulación de las prohibicionista o las que pretenden la liberalización de las sustancias.

Antes que nada, ¿por qué el prohibicionismo no puede continuar?

El enfoque prohibicionista tiene su origen hace unos pocos cientos de años (que parece mucho, pero vivimos en “civilización” hace, mínimo, 6.000 años). Si nos remontamos a su surgimiento, este no perseguía garantizar la salud de la población, sino dar peso de ley al desprecio y persecución de las prácticas de grupos sociales marginales, tales como nativos o esclavos. Por eso muchas sustancias fueron permitidas hasta que su prohibición servía para atacar enemigos políticos (en Estados Unidos el LSD no fue penado hasta que se extendió a un movimiento que había que golpear, el movimiento contra la guerra de Vietnam).

Este tema da para mucho, pero lo interesante aquí es ver que no sólo tiene un origen reaccionario, sino que sus resultados son negativos: el precio final de las drogas bajaron, cada vez más regiones y familias se vieron involucradas en la producción y venta de las mismas, la violencia asociada a narcos fue en aumento, y se convirtió en un factor más en la creciente corrupción y descomposición del aparato estatal. Todo esto, junto a una descomunal cantidad de evidencia científica e información histórica, es recogido por la editorial de científicos El Gato y La Caja en Un libro sobre drogas, el cual se puede adquirir y/o leer en su página.

Regulación y legalización (liberalización) son diferentes

Frente al evidente fracaso de la política prohibicionista, el cual hay que matizar porque en verdad nunca se propuso terminar con el consumo de las sustancias ilícitas, que dicho sea de paso le es funcional al capitalismo en su etapa de descomposición, surgieron diversas propuestas y reclamos. Las dos más sonantes son la regulación y la legalización, veamos de qué se tratan.

Si bien ambas apuntan a la remoción de las prohibiciones en la producción, distribución y consumo de determinadas sustancias, la diferencia radica en que la regulación busca establecer normas legales, mientras que la legalización (también llamada liberalización) es total. Esta confusión se amplifica cuando se cuela el argumento de las “libertades individuales”, que trataremos más adelante.

La regulación de las sustancias no significa vender marihuana en kioscos, ni tratar de manera igual al tabaco, al clonazepam, a la cocaína o a la heroína. Significa establecer (y desde el punto de vista de la clase obrera conquistar) un marco legal, que puede ser la distribución controlada por parte del Estado, como puede ser en caso de drogas especialmente problemáticas la distribución de dosis para adictos, en espacios seguros y supervisados, en el marco de un programa de rehabilitación. Lo más importante no es la forma, sino la diferencia entre intervenir en la problemática del consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de salud pública y no desde un enfoque judicial represivo.

Por qué reclamar la regulación

Dejemos de lado los argumentos de la libertad individual y del consumo histórico de “drogas” por parte de la humanidad (¡y de otros animales!), porque simplemente desvían el debate. El reclamo por una regulación debe hacerse entendiendo a este no como un problema moral o individual, sino de salud pública. En este aspecto, se parece a la discusión del aborto. El Estado se niega a aplicar la ESI, no garantiza la distribución la gratuita de métodos anticonceptivos, genera todas las condiciones para la violencia hacia las mujeres y para los embarazos no deseados, y aún así pretende condenarlo a la ilegalidad. Con las drogas pasa algo parecido: no se garantiza el acceso a la educación y el trabajo para todes, no se satisfacen las necesidades de recreación ni desarrollo personal, artístico, intelectual de las personas, se promueve el consumo “social” de determinadas sustancias, y sin embargo se persiguen a quienes consumen. Y así como las mujeres que no tienen dinero para una clínica privada, las de la clase obrera, mueren en abortos clandestinos o caen en cana, es la juventud obrera la que termina perdida en las peores drogas y perseguida por la policía. La ilegalidad es, en ambos casos, ilegalidad de clase.

El principal argumento propuesto por militantes de izquierda contra la regulación es que no se le puede pedir al Estado capitalista que organiza el narcotráfico que lo regule, y que además no garantizaría la calidad de las sustancias es, cuanto menos, irreflexivo. ¿A caso tenemos esperanza en el Estado cuando reclamamos la legalización del aborto? Claro que no, es el Estado que empuja al aborto. ¿Creemos que el Estado capitalista puede garantizar una salud pública de calidad? No, basta con pasearse por un hospital público. Pero no por esto vamos a dejar de reclamar la legalización del aborto y a defender la gratuidad del sistema de salud.

Camaradas, la transformación social no la vamos (ni la queremos) construir con una juventud y una clase obrera ideal, abstencionista, sino con los miles de integrantes de nuestra clase que están llenos de contradicciones de hoy, que tiene frustraciones que descarga de manera violenta contra otros, o contra sí mismos. Hay que luchar por la lucidez de les trabajadores, pero para eso tienen que dejar de morir víctimas del narcotráfico y del veneno que éste les vende. La solución definitiva vendrá con un gobierno de trabajadores, pero la lucha empieza hoy, en el seno de la descomposición del capitalismo.

[1] La palabra drogas está mal utilizada en general, porque tiene una carga negativa y da la impresión que las drogas son aquellas sustancias ilícitas o de uso recreativo. El término sustancia psicoactiva refiere a toda aquella que interfiera con el funcionamiento del cerebro, como la cocaína, la marihuana, pero también el alcohol, el tabaco o el azúcar y el ibuprofeno.