Cuando el VIº Congreso del PO comenzaba sus deliberaciones, los trabajadores de La Rioja salían a la calle contra la “ley ómnibus” de Arnaudo-Menem que reducía sus ya miserables salarios y despedía a miles de compañeros. La primera resolución que votó el Congreso del PO fue la realización deuna inmediata manifestación pública en apoyo de la lucha de los trabajadores riojanos, convocando a las organizaciones de la izquierda.

En el curso del Congreso, el PO analizó a fondo las crisis provinciales (y también de las ciudades del interior bonaerense y de los municipios del Gran Buenos Aires). Fueron numerosas las intervenciones de delegados —del Noroeste, del Chaco, de Santa Cruz, de Olavarría, del Gran Buenos Aires— que se refirieron a la explosividad de la crisis de las provincias.

El Congreso caracterizó que el llamado“pacto fiscal” constituye un nuevo y violento ataque a los trabajadores de las provincias, que convierte a los gobernadores en una correa de transmisión de Cavallo y el FMI: reduce en un 15% la coparticipación, crea un “fondo compensador“ que Cavallo maneja discrecionalmente, transfiere a las provincias la responsabilidad por la salud y la educación públicas, reemplaza los impuestos que gravan al capital (ingresos brutos, activos) por impuestos al consumo, liquida los impuestos especiales de las provincias a la actividad industrial o extractiva, “privatiza” la banca provincial. El “pacto podrido” de Menem-Alfonsín ha convertido este “pacto fiscal” en ley, mediante su inclusión en el presupuesto nacional.

La asfixia presupuestaria —y los consiguientes ataques a los trabajadores— y el retroceso productivo en las provincias —y los renovados reclamos de subsidios de las oligarquías y grupos capitalistas— plantean la emergencia de un cuadro explosivo: crisis políticas, crisis de las provincias con el Estado federal y agudización de la tendencia a la liquidación completa de la autonomía de las provincias (intervenciones federales), movilizaciones y revueltas populares. De este cuadro no se salvan ni siquiera las provincias patagónicas que no han adherido al “pacto fiscal”, porque la caída del precio internacional del petróleo lleva a una caída vertical de los ingresos que reciben como “regalías” al mismo tiempo que los pulpos que se han quedado con los pozos reclaman una reducción de esas regalías para paliar las caídas de sus ganancias.

Un aspecto particularmente convulsivo del “pacto fiscal”“ y de las crisis provinciales es la transferencia de las cajas de jubilación de las provincias al Estado federal, lo que implica en primer lugar un recorte de los beneficios que perciben los actuales jubilados y, además, la “privatización” de los aportes de los trabajadores en actividad.

En este cuadro de gran explosividad, el PO plantea un conjunto de consignas (aumento salarial, no a los despidos, efectivización de los contratados, no al traspaso de las cajas de jubilaciones provinciales a la Nación, no al “pacto fiscal”, no a los impuestos al consumo, control obrero de las finanzas y los bancos provinciales) y la huelga general. Llama a impulsar la movilización obrera y popular independiente, reforzando la presión sobre los sindicatos y mediante la creación de coordinadoras, comités de base intergremiales y asambleas populares.