Reproducimos el Informe Político al XXVIII Congreso Nacional del Partido Obrero, aprobado por el Comité Central el pasado 6 de marzo por unanimidad y que está siendo debatido en los plenarios precongresales en todo el país.

La etapa del XXVIII Congreso Nacional del Partido Obrero estará marcada por la lucha contra el acuerdo entre el gobierno y el FMI en la Argentina y por las consecuencias de la guerra y la evolución de la crisis mundial. El acuerdo marca un nuevo hito en la crisis a la que nos ha llevado el régimen capitalista y sus partidos. Impone una revisión trimestral que coloca al FMI como árbitro económico y político en el país, y un plan de ajuste, devaluación, tarifazos y reformas estructurales a mediano plazo. En Latinoamérica y el mundo, los pactos con el Fondo Monetario han sido el motor de grandes rebeliones populares y crisis políticas. En nuestro país, no solo el gobierno sino el conjunto del régimen político encara esta nueva etapa en un cuadro de debilidad, pues ambos cosechan fracasos en su gestión frente al Estado. La crisis que el pacto generará y la agresión a las masas inevitable que se desprende del acuerdo, pondrán a prueba la contención que hasta el momento ha podido imponer la desprestigiada burocracia sindical en el movimiento obrero.

El Partido Obrero ingresa a este proceso luego de un crecimiento electoral del FIT-U, que se entrelaza fuertemente a partir de la actividad de nuestro partido con la lucha del movimiento piquetero, un factor de organización y desarrollo en las barriadas. Este desarrollo político debe ser puesto al servicio de agrupar y organizar las luchas y fundamentalmente, de dar una enorme batalla política contra el pacto ajustador, el gobierno y la oposición patronal, para poner en pie una alternativa política de los trabajadores. Debemos encarar esta batalla con una enérgica iniciativa de partido, pues solo el PO dentro del FIT impulsa la construcción de un polo político independiente de los trabajadores combinando la agitación, la propaganda y la organización de los sectores más explotados de la sociedad que son, en la actualidad, quienes están a la cabeza de la lucha contra el gobierno. Fuera de esta estrategia de acción unificada, la mera propaganda política concluye inevitablemente en el electoralismo. Así, la acción de partido, que debe estar orientada a ganar terreno en todos los planos, mediante el reclutamiento, la organización de la vanguardia y también el desarrollo de nuestra comunicación y la instalación de nuestros voceros, cumple una función imprescindible en esta etapa política.

Esta lucha política tiene que ver también con la defensa de una orientación para el Frente de Izquierda. Se trata de defender su carácter independiente en un cuadro donde sectores de la izquierda depositan expectativas en posibles rupturas del centroizquierda o incluso el kirchnerismo con el gobierno, como sino fuera que de ocurrir alguna de estas variantes será para jugar en otra escala y métodos un trabajo de contención de las masas dentro del régimen burgués. La izquierda democratizante, dentro y fuera del FIT-U, confunde el planteo de la ruptura del kirchnerismo con el gobierno con la superación de los trabajadores del nacionalismo burgués. Aunque se tratan de cuestiones radicalmente distintas, el signo igual que coloca la izquierda democratizante le sirve para darle un barniz progresivo a su planteo seguidista del nacionalismo. En oposición a estos planteos nuestra posición es desarrollar el FIT-U como un factor de impulso a la lucha de clases, con un método de frente único y de unidad entre los trabajadores ocupados y desocupados. De asumir una posición clara en defensa de las direcciones sindicales recuperadas y la lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero, contra el electorerismo liquidacionista del clasismo y la adaptación a la burocracia que alimentan las tendencias faccionales al interior del movimiento obrero combativo. Advertimos que el boicot al movimiento piquetero de parte de la izquierda, en especial la que está dentro del FIT-U, es un también un signo inconfundible de electoralismo y de adaptación a la pequeña burguesía. Solo un desarrollo del Partido Obrero puede proyectar a la izquierda con un planteamiento combativo e independiente como requiere la etapa política.

Vamos a una etapa en la cual la bancarrota nacional se entrelaza más que nunca con la crisis capitalista mundial. Luego de una pandemia marcada por la guerra comercial, los choques internacionales y un incremento de la desigualdad global, particularmente evidente en la cuestión del acceso a las vacunas (limitado por las patentes de los laboratorios que las producen), los choques internacionales han dado un salto con la escalada de la Otan en Ucrania y la invasión rusa. Las consecuencias de estos choques comerciales serán decisivas para el país y marcan la necesidad de desenvolver fuertemente una denuncia del imperialismo y de la burocracia restauracionista, que al mismo tiempo, serán un terreno importante de denuncia de las posiciones proimperialistas del gobierno nacional.

El debate del Congreso debe servir para debatir estos objetivos, el carácter de la etapa, las consignas, los planteamientos y el plan de acción que llevaremos adelante. Pero también para interesar en el debate e incorporar a una actividad política a nuevas camadas de compañeras y compañeros que vienen luchando con nosotros en el movimiento piquetero, el movimiento obrero y la juventud.

El pacto con el FMI y sus consecuencias económicas

El lugar histórico de la actual bancarrota

El pacto con el Fondo Monetario es el último escalón del largo encadenamiento de fracasos de los gobiernos de la burguesía nacional en los últimos 20 años. El kirchnerismo fue un intento de superar la quiebra del 2001 sobre las mismas viejas bases sociales. Implicó un rescate de las viejas privatizadas menemistas, de la deuda en default y de los intereses capitalistas de la mano del alza de los precios de la soja, que lejos de servir para desarrollar al país, fue al “pago serial” de la deuda, que de todas formas llegaba 244 mil millones de dólares al final del gobierno de Cristina en 2015. Pronto este esquema entró en crisis, de la mano de la baja de los precios de las materias primas, poniendo en evidencia el carácter de reprimarización económica y dependencia de la política del kirchnerismo. La crisis consecuente, la fuga de capitales, el fracaso del cepo cambiario, la recesión y la inflación llevaron al triunfo de Macri. Macri intentó superar estas contradicciones con una política de endeudamiento, arreglando con los fondos buitre y con una política de apertura económica y liberación del movimiento de capitales: derogación del cepo, ajuste “gradualista” y bicicleta financiera. Pero pronto la insolvencia volvió a presentarse, la fuga de capitales impuso una devaluación masiva y arrojó a la Argentina al borde del default, en un marco de crecimiento de la pobreza y la miseria. Los recursos del pacto macrista con el Fondo financiaron una fuerte fuga de capitales, aumentaron la deuda y no alcanzaron para una refinanciación a cierto plazo. Fue un pacto confiscatorio y fraudulento de principio a fin, como el conjunto de la deuda externa Argentina. No impidió, tampoco, el default de la Argentina.

Alberto Fernández ganó las elecciones buscando conciliar la promesa del crecimiento económico y la suba de salarios y jubilaciones con el pago de la deuda. Pero el norte de garantizar los pagos de la deuda y el consecuente ajuste fue el objetivo de todo su gobierno. Su primera medida fue la derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria. Y avanzó, enseguida en el pacto con los bonistas privados para superar el default y poder volver al mercado internacional de capitales. El pacto con los bonistas privados fracasó en este objetivo, Argentina nunca volvió al mercado internacional de capitales y debió, por lo tanto, abordar los vencimientos en dólares con reservas del BCRA, que están prácticamente en negativo. Argentina vuelve en 2022 a estar al borde del default con un superávit comercial de casi 15.000 millones de dólares en 2021, dilapidado en el pago de la deuda pública y privada y la fuga de capitales. Se exige sangre, sudor y lágrimas del pueblo argentino en el altar de una deuda que, nuevamente, se manifiesta como impagable.

Esta cadena de fracasos lleva al gobierno a colocar al pueblo argentino frente a una extorsión en regla: el acuerdo ruinoso o el default, que se presenta como aún más ruinoso. En realidad, han fracasado y nos han llevado a esta situación los nacionalistas, los derechistas de corte liberal y ahora el peronismo “racional” que encabeza el frente de todos con el aval de todas sus fracciones. Estamos frente a un fracaso en gran escala de todo el régimen político. Y dará lugar a una nueva etapa, marcada por el arbitraje directo del Fondo en la economía argentina. El hecho de que el gobierno negocie sin plan B es el factor central en la capitulación a los reclamos del Fondo.

Lo que hay en debate en el plan de ajuste son aspectos que reflejan el carácter semicolonial de la economía nacional, determinada por los límites de fondo y los intereses de la burguesía nacional y su entrelazamiento con el capital financiero internacional. Se discute ¡de nuevo! un rescate a las viejas privatizadas menemistas, que han derrumbado la inversión en servicios públicos mientras absorben 11.000 millones de dólares de subsidios anuales en 2021. Se discute la falta de dólares en una economía que tiene superávit comercial pero que no logra abastecer de insumos a la industria por la fuga de capitales y el pago de la deuda. Se discute un nuevo ajuste de salarios y jubilaciones que están en la mitad de la canasta familiar, en promedio. Para superar estas trabas, la economía argentina debe romper con el entramado de intereses parasitarios de la burguesía nacional y el imperialismo, lo cual requiere un cambio en la clase social que dirige el estado y la economía nacional, un gobierno de los trabajadores.

El esquema económico del acuerdo

El esquema económico que se busca imponer implica: 1) Un ajuste “gradual” para llegar al déficit cero en 2025, que implica un recorte de déficit para llevarlo al 2,5% en 2022. Esto implica absorber aproximadamente 8.000 millones de dólares de déficit fiscal, sea recortando gastos, sea mediante un incremento de ingresos. Cabe aclarar que el borrador filtrado del acuerdo establece que la recaudación superior que se obtenga debe ir a financiar el déficit, y no a incrementar el gasto 2) Un recorte aún mayor de la asistencia del Tesoro al Banco Central, que debe reducirse del 3,7% del año pasado a un 1% máximo del PBI para el año en curso. 3) Un aumento de la financiación mediante emisión de deuda en pesos, lo cual requiere un aumento de las tasas de interés, que implicará una bomba financiera en pesos para el tesoro nacional y un aumento de las ganancias de corto plazo de los bancos involucrados en esta bicicleta 4) Por último, una devaluación de, al menos, la magnitud de la inflación para evitar una apreciación del tipo de cambio y defender las reservas para el pago de la deuda, a costa del consumo y la inversión y 6) Un aumento real (superior a la inflación) de las tarifas, única forma de reducir los subsidios y achicar el déficit fiscal.

Este plan tiene contradicciones insalvables. El intento de reducir la inflación mediante una reducción de la emisión monetaria, con un esquema contractivo y de ajuste, se contrapone con el carácter inflacionario de los tarifazos y la devaluación. El mismo aumento de tasas, a estos niveles, tiene un efecto indirectamente inflacionario al golpear los costos de financiamiento empresarial y del propio Estado, especialmente por el peso que tiene el stock de leliq y pases del BCRA, además, por supuesto, de su efecto recesivo. De hecho, el plan es a la vez inflacionario y recesivo (estanflación). El aumento de tasas, tarifas, el ajuste fiscal y los límites a las importaciones van a golpear el rebote económico que comenzó en 2021 y que ya se está agotando. En materia de endeudamiento, el intento de esquivar el default con el Fondo activa un mecanismo que derivará en una multiplicación de la deuda en pesos, que crecerá con tasas astronómicas. El aumento de tasas también aumentará el peso de la deuda fiscal y cuasifiscal actual. Esta espiral de endeudamiento terminará comprometiendo una emisión monetaria muy superior, que tiene todas las posibilidades de culminar en un default de la deuda en pesos. Como las metas son contradictorias, y no van a cumplirse, Argentina incurrirá en incumplimientos comprometiendo los desembolsos y colocando el riesgo de default en cada revisión. Y por lo tanto disparando nuevas exigencias de parte del FMI que serán motivo de crisis sociales y políticas.

En otro plano el FMI se negó a girar U$S 15.000 mil millones iniciales como pidió el gobierno, lo cual no solo mantendrá la rienda corta sino que seguirá el riesgo bancario en tanto las reservas se mantengan en virtual negativo como en la previa a la firma del pacto.

Bien visto, el acuerdo con el FMI se reduce a patear para adelante un default que a todas luces amenaza como inevitable. La postergación de los vencimientos por dos años y medio con el FMI hará coincidir los nuevos pagos con los que se acumulan con los bonistas privados, que crecen significativamente desde el 2025 y aún más fuertemente en el 2026. Asistimos a un replay agravado de la renegociación de la deuda realizado con los bonistas privados, que estuvo lejos de abrir el mercado de crédito internacional como prometía Guzmán. El riesgo país, que tiene en la actualidad fluctúa entre los 1.600 y 1.800 puntos, es la constatación más evidente de este fracaso. Como ni esa negociación con los privados ni esta con el FMI reduce el peso de la deuda, todos los analistas descuentan que será inevitable una nueva renegociación que deberá ser encarada por el próximo gobierno.

En cuanto a los salarios y las jubilaciones, hay que mencionar que arrancan este proceso luego de cuatro años de deterioro. En los últimos 4 años, la caída salarial promedio fue del 16,2%, mientras que la de los precarizados y no formales superó ampliamente esa cifra. Las jubilaciones vienen de dos reformas regresivas. El ataque a las jubilaciones ya aparece en el borrador de acuerdo, apuntando a los “regímenes especiales”, que cuentan con el 82% móvil, y en la perspectiva del aumento de la edad jubilatoria. A esto se agrega los golpes a la moratoria previsional, y el plan de transformarla en la Puam votada bajo el gobierno de Macri, menor que la mínima. La nueva fórmula jubilatoria no ha impedido el deterioro del poder adquisitivo en tiempo real, reduciendo el porcentaje del PBI destinado al sistema, pero ante un eventual retroceso futuro de la inflación se planteará una nueva crisis con la propia fórmula de movilidad varias veces alterada. La pauta salarial que viene imponiéndose, del 40–45% anual, está 10 puntos por debajo de la inflación proyectada. La lucha por paritarias libres y por la defensa del salario será una de las claves de la etapa en tres sentidos: recuperación de lo perdido, elevación de los pisos a una verdadera canasta familiar y actualización por inflación.

El derrumbe del consumo interno es un requisito del Fondo y no solo por el impacto fiscal de los salarios estatales. Ocurre que un crecimiento del consumo en el país, que impulse la actividad al 100% de la actividad instalada, plantearía un aumento de las importaciones que llevaría a ahogar el superávit comercial (algo que ya ocurrió en diciembre de 2021) y transformarlo en déficit. Por lo tanto, compromete los ingresos que para el Fondo deben ir al pago de la deuda externa. Por eso el acuerdo establece taxativamente un piso bajo de crecimiento, en función de buscar acumular divisas, algo que va en contra de cualquier plan de desarrollo nacional, que debería utilizar esas divisas para financiar la inversión industrial y en infraestructura. Es significativo que bajo las condiciones actuales el crecimiento del consumo acentúa la crisis de balanza de pagos, es una expresión de la incapacidad de fondo del capitalismo de elevar significativamente el nivel de vida de las masas (lo cual no se contrapone con que debamos luchar por esta elevación, por supuesto).

El objetivo del aumento del superávit comercial también está detrás de la agenda de depredación de la naturaleza: las petroleras en el sur, la megaminería en Chubut, Catamarca, Mendoza, la exportación de litio sin ningún tipo de industrialización, la expansión de la frontera agraria con quemas y desmontes y toda la agenda de depredación ambiental. Quienes venden estas iniciativas como un factor de desarrollo nacional simplemente mienten, conscientemente de que los recursos que generen las mismas irán en gran parte a las multinacionales involucradas, y en menor medida a generar los dólares para el pago de la deuda. Contra lo que dice el gobierno, la expansión de la megaminería tiene características de enclave con regímenes fiscales de tenencia de tierras, de regulación ambiental y de giro de utilidades armados totalmente a la medida del capital minero. Lo mismo ocurre con los esquemas de inversión petroleros, que están diseñados para que las multinacionales puedan girar utilidades eludiendo los controles por medio de sociedades offshoreshore, un esquema que montó el kirchnerismo con el pacto secreto con Chevron.

¿Es viable el esquema económico armado por el gobierno y el Fondo? Nadie afirma que sea una vía al desarrollo. El argumento del gobierno para capitular, una por una, a las exigencias del fondo, es que el default plantearía un escenario aún peor. En nuestra agitación, debemos explicar sistemáticamente la diferencia entre un default capitalista, al cual se llega por la incapacidad de pagar una deuda que se asume, y nuestra posición, que es la investigación y el desconocimiento de la deuda por su carácter confiscatorio de la riqueza nacional y como mecanismo de reforzamiento de la explotación de los trabajadores, y oponerle un plan económico y político de la clase obrera, con la nacionalización de la banca y el comercio exterior para volcar todos los recursos del país a un desarrollo nacional.

Dicho esto, se abren escenarios alternativos, que dependen básicamente de la evolución de la crisis mundial. Las perspectivas económicas del país se entrelazan con la evolución del mercado mundial. El gobierno apuesta a que un aumento de los precios de la soja y las commodities, sumado a que se mantenga por un tiempo el esquema de tasas de interés bajas de la reserva federal, lo ayude junto con el impulso del rebote económico, a pilotear la tormenta durante el primer año de vigencia del acuerdo, para llegar con aire al proceso electoral. Cuenta también con que la apreciación del real siga mejorando en forma indirecta los términos del intercambio con Brasil y que la inflación internacional vaya aliviando la relación entre deuda y exportaciones.

Pero este escenario es de difícil cumplimiento. Por un lado, la guerra en Ucrania plantea un aumento de los precios de la energía que golpeará en la cuenta de los subsidios, o en forma de tarifazos aún mayores. En 2021, Argentina importó gas natural licuado por 1.100 millones de dólares, a U$S 8,50 el millón de BTU. Hoy cuesta tres veces esa suma, triplicando el déficit que no compensa el aumento del precio de la soja, que tendrá también una merma absoluta por la sequía. El aumento de los precios de los alimentos y la energía amenaza con disparar una inflación que ya está sobre el 50%. Más en general, la guerra ya plantea un escenario de retracción mundial, de la mano del quiebre del mercado mundial que implican las sanciones, y del dislocamiento de los mercados financieros con la exclusión de los bancos rusos de los mecanismos internacionales de pago (esta medida golpea específicamente a la city de Londres, asiento de capitales de la oligarquía rusa por excelencia). Las consecuencias de este dislocamiento del mercado mundial son incalculables. Por otro lado, el plan de la reserva federal norteamericana es avanzar en un aumento de tasas (en parte una reacción al incremento inflacionario) y ya está ya en marcha, por vías indirectas. La reserva federal se viene retirando del sostén de los bonos y acciones y se especula con un aumento próximo de las tasas de interés de referencia. La tendencia a la fuga de capitales de los llamados emergentes es de carácter global, el viento para Argentina viene de frente.

Todo este cuadro conduce a que la variante más probable es que el pacto con el Fondo lleve a una acentuación de la bancarrota económica con un enorme impacto social en una población empobrecida ya después de 4 años de crisis económicas y ajuste. En esas circunstancias, el factor decisivo será la reacción del movimiento obrero frente a la situación. El rol del Partido Obrero organizando las luchas y planteando, con el Frente de Izquierda, una alternativa, tiene entonces una importancia central.

El FMI y el régimen político

Aunque el acuerdo con el FMI es apoyado por el 90% del arco patronal, abarcando desde la mayoría del gobierno a la totalidad de Juntos por el Cambio, no abrirá un período de “unidad nacional” sino que acelerará la disgregación de los bloques políticos principales. La razón de ello se debe básicamente a dos razones. Por un lado, a que la envergadura de la bancarrota económica plantea la necesidad de descargar la crisis no solo sobre las espaldas de los trabajadores sino también sobre sectores capitalistas, al menos parcialmente. Una característica distintiva de las grandes crisis consiste en que los capitalistas buscan una salida mandando a la quiebra el capital sobrante para reconstituir la tasa de beneficio. Por el otro, a la caracterización unánime de que el acuerdo no abre ningún horizonte de crecimiento y estabilidad, por lo cual las fuerzas políticas tienden preventivamente a eludir la responsabilidad sobre una crisis que descartan se agravará. En ese sentido Patricia Bullrich aclaró que el Congreso solo votará el financiamiento para el Estado, pero no un plan económico cuya implementación será responsabilidad exclusiva del gobierno.

El apoyo al acuerdo por el oficialismo y la oposición de derecha es el resultado de la presión del FMI y más en general de la burguesía tomada en su conjunto. Pero por eso mismo el FMI queda convertido en un árbitro privilegiado de la crisis política en curso. La aceptación de la revisión trimestral (con informes diarios) de los técnicos del Fondo sobre la economía argentina abre la puerta a un escenario que oscilará entre el cogobierno del FMI y el chantaje permanente. Bastará con que el FMI declare que las medidas no se cumplieron o que no arrojaron los resultados esperados para imponer medidas de ajuste adicionales amenazando con cancelar los desembolsos y empujar al país al default. Las revelaciones sobre la “letra chica” del pacto son muy claras en este punto, no solo por el nivel del ajuste pactado sino por la metodología aceptada por el gobierno. De un modo bochornoso los “nacionales y populares” terminaron transformando al FMI, o sea al imperialismo yanqui, en el árbitro de la política local. Como tenemos un proceso electoral por delante, donde se elegirá nada más y nada menos que el nuevo gobierno, al FMI se le concede el lugar de elector privilegiado, con capacidad para incidir de un modo decisivo en el resultado de la contienda. Por ejemplo, un informe negativo del FMI sobre el cumplimiento de las metas, o más aún la decisión de no realizar los desembolsos pactados, produciría una corrida cambiaria con un impacto inevitable en el proceso electoral. No es casual que el ala más crítica del oficialismo, encarnada por Fernanda Vallejos, Boudou y cia., afirme que el acuerdo solo sirve para asegurar que el gobierno llegue al final del mandato y transfiera, derrota electoral mediante, el poder a Larreta u otro candidato de la derecha política. Este razonamiento, a priori irrefutable, no tiene en cuenta que sin acuerdo el gobierno no llegaría siquiera al final de su mandato. Es que la ruptura con el FMI y más en general un choque con el capital financiero internacional no está en la hoja de ruta de ninguna de las fracciones de los partidos burgueses de la Argentina. Una ruptura real con el Fondo solo puede llevarse adelante mediante un programa de defensa nacional que ataque decididamente el monopolio capitalista de la banca, del comercio exterior e interior y más en general sobre el conjunto del proceso económico. Todas medidas que superan por lejos el horizonte del nacionalismo de contenido burgués y que solo pueden ser llevadas adelante por un gobierno de los trabajadores.

La disgregación política afecta en primer lugar al oficialismo, que de entrada se estructuró sobre una base frágil de tres cabezas: Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Massa. Según todas las informaciones periodísticas este último jugó un papel importante en las negociaciones con el Fondo, apelando a sus vínculos con el Departamento de Estado yanqui. Hay un tándem proyanqui consolidado al interior del gobierno, compuesto por el ya mencionado Massa, el jefe de gabinete Manzur, Béliz y Argüello, el embajador argentino en los EE.UU. Es probable que el imperialismo opere buscando una fractura del Frente de Todos, en el sentido de aislar o separar a la fracción kirchnerista. Pero en las actuales condiciones políticas es altamente improbable que una ruptura del Frente de Todos abra paso a la formación de un nuevo centro político entre el albertismo-massismo y las llamadas “palomas” de Junto por el Cambio. Por eso todas las fracciones del Frente de Todos quieren evitar una ruptura ya que facilitaría el triunfo del macrismo, que le acaba de ganar al peronismo unificado en las elecciones intermedias. Pero mantener la “unidad” no es gratis ya que lo condena a la parálisis por sus choques y contradicciones internas. En muchas ocasiones esos choques adquieren la dimensión de verdaderos bochornos públicos, como sucede por ejemplo con las habituales peleas entre Berni y los ministros del gobierno nacional, sea por cuestiones de seguridad, narcotráfico o más recientemente el incendio en Corrientes.

Es importante observar que el ala más golpeada en esta crisis es el kirchnerismo, pues el contraste entre su discurso y las implicancias reales del pacto con el FMI son simplemente inmensas. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos fue una maniobra política ante el creciente descontento de una base popular que sigue al kirchnerismo. Pero la parálisis que siguió a su renuncia, sumada al hecho de la permanencia de los cuadros de La Cámpora en todos los cargos que detentan en el Estado, abre el peligro de aislar más al kirchnerismo, dividirlo y condenarlo a la intrascendencia. El prolongadísimo silencio de Cristina opera en el mismo sentido, ya que objetivamente equivale a un default político. En su pronunciamiento sobre la guerra recordó que siendo presidenta había ordenado votar en contra de la anexión de Crimea, poniéndose del lado de la Otan. Incluso fue más a fondo, defendiendo como principio la integridad territorial de los Estados, una posición reaccionaria, que la coloca del lado por ejemplo de la monarquía española, del estado turco y del sionismo, contra los catalanes y vascos, los kurdos y el pueblo palestino. La asimilación subjetiva de sectores populares que la tienen como referencia debe ser materia de verificación por medio de una campaña política de denuncia, clarificación y movilización contra el pacto ajustador.

Esta crisis también envuelve a alas izquierdas del gobierno, como Yasky que convoca una marcha contra el FMI y a favor del gobierno, o la CCC-PCR que realiza cortes inocuos en La Matanza. Es vital clarificar su posición de colectora de un gobierno ajustador. Desenmascarar las maniobras de todos estos sectores es una de las tareas centrales de la próxima etapa. La emergencia de una ruptura parcial de sectores de centroizquierda con el gobierno es un escenario posible y requiere entonces del Partido Obrero y el FIT-U una enorme iniciativa para achicar sus márgenes de acción. Pero por sobre todas las cosas, la desilusión con el gobierno es fenomenal en la base que depositó sus expectativas en un recambio contra Macri, lo que nos abre una posibilidad de avanzar en debates y reagrupar.

En donde se estructura una centroizquierda, es un adversario importante del FIT-U en todos los terrenos, como es el caso de Santa Fe fundamentalmente, pero también Mendoza (Partido Verde), Catamarca (Frente Amplio) o incluso Chubut, con el Pich, una formación política provincial de influencia evangélica con discurso antiminero. La lucha política contra estos sectores es un problema de primer orden, que debe llevarse adelante principalmente buscando involucrar a las masas obreras y a los explotados en las luchas, incluida la ambiental. Política y metodológicamente es importante establecer una caracterización de clase de los movimientos de lucha, y buscar por todas las vías destacar los aspectos que interesan a los trabajadores para ganarlos a la acción. Esto no significa rechazar una colaboración con sectores medios o pequeñoburgueses, sobre la base de un programa común de choque con el capital, aunque ese choque sea de modo parcial. El avance del PO y del FIT-U está condicionado por el avance mismo de los trabajadores en la situación política. Pretender independizar una cosa de la otra conduce al electoralismo y a desplazar la atención de los trabajadores a la pequeño burguesía.

La crisis al interior del gobierno tiene su traducción en los tribunales, donde las denuncias contra la camarilla kirchnerista son una amenaza cierta en caso de que quieran sacar los pies del plato. El anuncio de Alberto Fernández de que las candidaturas del Frente de Todos se resolverán por las Paso va también en el sentido de un chantaje al kirchnerismo, que no tiene condiciones de ganar una disputa interna dentro del peronismo y expresa las tendencias centrífugas (ruptura) al interior del Frente de Todos. Cristina no está en condiciones de armar la vieja Unidad Ciudadana con la que rompió oportunamente el PJ, al menos con alguna perspectiva electoral de importancia.

La disgregación afecta también a la oposición macrista. El fracaso del gobierno de Macri está aún fresco en la memoria de la burguesía y condiciona los movimientos políticos de la derecha. Mientras el ala de Patricia Bullrich y del propio Macri afirma que este fracaso se debió al “gradualismo” y que de llegar al gobierno deberán aplicar un ajuste reforzado, el ala de Larreta plantea que es necesario un acuerdo con sectores del peronismo, que no se limite a un pacto parlamentario, sino que se plasme en el ingreso de ministros para dar lugar un verdadero cogobierno. El radicalismo por su lado tiene su propia disgregación, al punto que se dividió en la Cámara de Diputados formando dos bloques. El sector que responde a Nosiglia-Lousteau aspira a actuar como socio menor de Larreta, en el caso de que las divergencias en el PRO se profundicen. Su aspiración es quedarse con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto el sector mayoritario de la UCR, que responde a Morales, amenaza con un candidato radical en unas Paso de Juntos por el Cambio, aunque es probable que sea solo un instrumento de negociación. Morales, aunque aparece cercano a Patricia Bullrich, a la vez le ha votado varias leyes al gobierno nacional y mantiene un pacto con Massa en la provincia de Jujuy, donde el Frente Renovador integra su gobierno.

La tendencia a la disgregación política se ha puesto de manifiesto en el fracaso de las sesiones extraordinarias del Congreso. Alberto Fernández había enviado un temario para su tratamiento durante febrero, pero ninguna de las dos cámaras se reunió siquiera para considerarlo. El fracaso de las extraordinarias convocadas por el propio gobierno es un dato de la magnitud de la crisis política abierta tras la derrota electoral del peronismo en las intermedias. El gobierno quedó sin presupuesto, obligado a gobernar por decreto como resultado de esa situación. Los choques entre el oficialismo y la oposición de derecha, pero por sobre todo las crisis al interior de los bloques principales, avizora una parálisis del Congreso durante el año en curso. El voto del acuerdo con el FMI puede llegar a ser un hecho excepcional y a la vez revelador: un Congreso que se reúna solo para votar ese pacto y que luego entre en la más completa parálisis. Para el gobierno esta situación implica un agravamiento de la crisis, porque lo obligará a gobernar por medio de decretos, lo que lo expone a pagar costos políticos mayores. La oposición difícilmente se oponga a esta parálisis del Congreso, ya que le sirve para exponer al gobierno a su propia debilidad y a que asuma en soledad el ajuste pactado con el FMI y las consecuencias sociales y económica que traerá aparejado. A la vez, para la oposición el funcionamiento del Congreso es un problema porque expone sus propias divisiones internas. Ha sido muy reveladora la firma de un comunicado de los gobernadores radicales del norte junto a sus pares peronistas, avalando la quita de subsidios al transporte público en CABA, dejando a Larreta en soledad.

Hay que tener en cuenta que el acuerdo implica un ajuste contra los presupuestos provinciales, por la vía del recorte de las transferencias no automáticas. Sumado, el tarifazo en las provincias avanza a pasos mas veloces, arrancando de tarifas más altas e impactando, en gran parte del país, sobre salarios más bajos. Contra la tesis de que el recorte de subsidios afectaría fundamentalmente al AMBA y que busca colocar el problema como una oposición entre Buenos Aires y el interior, hay que denunciar el impacto nacional que va a tener. El aumento en la generación eléctrica va a sumarse al que ya se implementa en muchos distritos en el valor de distribución, generando un tarifazo reforzado. Distrito por distrito, debemos caracterizar cómo impactan las medidas de ajuste para ajustar las consignas, los planteos y la actividad del partido y golpear a los bloques políticos patronales locales.

De fondo, las divisiones de los bloques principales reflejan el descontento de todas las clases sociales sobre la situación del país. Ninguna clase social ni sector interno en las que estas se divide se declara satisfecha con la situación actual. Incluso los sectores capitalistas que han obtenido ganancias extraordinarias desconfían sobre la sustentabilidad de la política actual. Habitualmente las encuestas de opinión recogen este estado de ánimo con el crecimiento del rubro de quienes piensan que el país estará peor de lo que está ahora. Este estado de situación alimenta el crecimiento de los fachos llamados “libertarios”, con Milei a la cabeza. Esas mismas encuestas reflejan un crecimiento del apoyo a su eventual candidatura presidencial, que ya no sería solo en la Ciudad de Buenos Aires sino en todo el país. Es lícito creer que un fenómeno de este tipo perjudicaría especialmente a la derecha macrista, aunque en la Ciudad de Buenos Aires las cosas se dieron de otro modo. Milei recogió votos en las comunas del sur de la Ciudad, robándole votos no solo al macrismo sino también al peronismo. El discurso derechista golpea allí donde el kirchnerismo hace agua: el llamado “Estado presente” se revela ante una parte de la población como una losa que se apropia de recursos generados por la población sin que la contraparte que ofrece tenga equivalencia alguna. La lucha política contra esta derecha fascistizante debe tener en cuenta estos planteos, para polemizar con ellos mostrando que detrás del discurso de los “libertarios” se esconde la pretensión capitalista de eliminar los impuestos sobre el capital y descargarlos enteramente sobre los trabajadores y consumidores. Y a la vez, mostrar que detrás de su planteo de reducción de impuestos se esconde una política de privatización entera de la educación y la salud, como así también eliminar todo gasto de asistencia social. La lucha contra esta derecha debe hacerse sin la menor concesión a la orientación kirchnerista y sus planteos de “Estado fuerte”. Hacerlo no solo sería un error desde el punto de vista de los principios, sino que facilitaría el trabajo de demagogia de la derecha en concitar el apoyo de sectores populares a sus planteos.

Se puede afirmar que hasta cierto punto y a su modo, la consigna votada por el PO en el XXVII Congreso “abajo el régimen de hambre y miseria de los que nos gobernaron en las últimas décadas” fue explotada y es explotada por esta derecha reaccionaria. Aunque reducida por el momento a Capital y provincia de Buenos Aires, ha tenido, en este radio de acción, un mayor éxito que la izquierda en esta tarea. Es cierto que la campaña electoral del FIT-U chocó con obstáculos propios (una negativa a actividades comunes que pudieran fortalecer su intervención en la lucha política y electoral: congreso del FIT-U, e incluso un acto común). Sin embargo, la razón por la que la derecha ha tenido más éxito que la izquierda en la explotación de esta impugnación general al régimen debe encontrarse en la propia dinámica de la lucha de clases. En el último período ha primado una política de contención de la clase obrera y los sectores populares, con la excepción parcial del movimiento piquetero, que hoy tiene una fracción independiente con un alcance significativo en algunos sectores de las masas. La falta de una acción independiente de la clase obrera e incluso de un mayor volumen de luchas económicas o parciales opera como un freno a la capacidad de la izquierda en ser el canal del repudio al régimen en su conjunto. Este vínculo se constata a la luz de nuestro desarrollo, inclusive electoral. La elección del FIT-U en la provincia de Buenos Aires está muy vinculada al accionar del movimiento piquetero, aunque no se agota ahí. En Neuquén, hicimos una excelente elección en un cuadro de luchas salariales muy importantes. En Chubut, nuestro progreso electoral se vincula con las enormes luchas por el pago de salarios y, luego, con la lucha antiminera.

De este análisis se deriva una hoja de ruta de trabajo: por un lado, una campaña de agitación política contra el régimen del FMI, sus partidos y sobre las consecuencias directas que esa política tiene para las masas, para lo cual la tribuna parlamentaria deberá jugar un papel central; y por el otro, impulsar la acción directa de las masas, promoviendo la resistencia a la ofensiva capitalista, empezando por los lugares de trabajo y denunciando y delimitando posiciones de la burocracia entreguista, principal factor de contención del movimiento obrero. Un reguero de luchas económicas sería de enorme valor para tonificar a la clase obrera y en primer lugar al activismo. Para nuestro partido esta hoja de ruta plantea la necesidad de desplegar el conjunto de sus fuerzas, tanto de su militancia orgánica como la que esta influencia y organiza gracias a su actividad. La agitación directa del Partido se complementa con la lucha que libra el movimiento piquetero y también los sindicatos combativos dirigidos por la izquierda. La reciente conquista del Sutna de un bono especial en Bridgestone tuvo un impacto enorme en las fábricas. Es normal que al menos un sector de los obreros se pregunte quién dirige ese sindicato y con qué métodos.

Este enfoque nos delimita de los sectores de la izquierda que pregonan que el problema es ir a una lucha política contra la política de fondo y no a la lucha por las reivindicaciones. Este enfoque es equivocado. Las rebeliones populares contra los gobiernos del Fondo Monetario fueron el resultado de reclamos reivindicativos concretos. El movimiento obrero deberá ir procesando una experiencia con esta política, parte de la cual se jugará en las luchas por el salario, el acceso al trabajo y por todos los reclamos. La posición de quienes ignoran la centralidad de las luchas reivindicativas en esta etapa en última instancia lleva a un convergencia con planteos kirchneristas, que critican el pacto con el Fondo pero mantienen un cuadro de colaboración desde los sindicatos u organizaciones sociales, con el gobierno nacional.

Enfrentar la situación mediante la combinación de la agitación política contra el régimen y la acción de lucha contra la ofensiva capitalista es nuestro método para lograr una evolución hacia la izquierda de la situación tomada en su conjunto. En América Latina la mayoría de las rebeliones populares que hemos tenido en los últimos años han sido contra gobiernos de derecha. Es el caso de Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. En Argentina la crisis del gobierno peronista-kirchnerista es elocuente, pero aún conserva un valor para la burguesía en tanto logra imponer una política de contención y es un factor menos en la desestabilización de América Latina por el momento. Es probable que a eso se deba la decisión de Biden de que el FMI acuerde con Argentina para evitar el default. La amenaza de una vuelta del macrismo es utilizada por el kirchnerismo y sectores afines para evitar una ruptura con el gobierno y por sobre todas las cosas para inhibir la acción directa contra el ajuste en marcha. Por eso la superación de esta contención requiere tanto la agitación política del Partido como impulsar y promover medidas de lucha de los trabajadores y sectores explotados.

Las masas

Argentina es un país movilizado en diversos sectores sociales. En los dos años del gobierno peronista lo testimonian dos puebladas antimegamineras en Mendoza y Chubut, la colosal movilización de la ola verde por el aborto legal, el movimiento piquetero y ciertas huelgas que lograron quebrar el cepo de la burocracia sindical. Pero, de un modo general, los puntos de ruptura, siendo importantes, no han logrado quebrar la contención del peronismo en sus distintas alas y en los distintos frentes de la lucha de clases. La cuestión de la incorporación de Argentina al proceso de las rebeliones populares de América Latina es la cuestión de las cuestiones, cuando la crisis capitalista golpea de la manera que golpea en la bancarrota nacional y de cara al período que abre el pacto colonial y de ajuste del FMI.

Conviene examinar cómo actúan los mecanismos de contención en cada frente de lucha y fundar la política de nuestro partido para hacer progresar la ruptura en términos de independencia política de los explotados y de qué manera ligarlos mediante la agitación y acción política a la construcción de una alternativa política de los trabajadores. La cuestión de la rebelión popular en la Argentina no es una cuestión de pronósticos, ni deriva mecánicamente de la crisis y el ajuste en puerta, será el resultado de un conjunto de factores, que combinen la crisis por arriba con el levantamiento de los de abajo fundado en la superación de los diques de contención del peronismo y la centroizquierda e izquierdas tributarias del gobierno del Frente de Todos. La debilidad del gobierno debe ser verificada y explotada en la acción independiente de las masas, y nosotros ser sus motores y organizadores. Estableciendo los puentes entre las reivindicaciones y la salida de conjunto. El norte general del partido es la intervención de la clase obrera en la crisis.

El año fue abierto por la pueblada del Chubutazo que, tras siete días ininterrumpidos de revuelta popular, quema de la casa de gobierno incluida, hizo retroceder la ley de zonificación aprobada en medio de maniobras de disimulo pero con las huellas digitales de todo el arco de partidos capitalistas. Por referencia a la pueblada de Mendoza por los mismos motivos -dos provincias donde la lucha por el agua es parte de las preocupaciones populares más profundas-, en Chubut se sumó un contingente obrero de la industria de la pesca, mientras que en Mendoza fue un sector capitalista de la propia industria vitivinícola quien se sumó al impulso de la “guerra del agua” de manera más o menos abierta, aunque trabajadores y pequeños productores del sector se movilizaron también. Se trata de movimientos policlasistas, con fuerte participación de clases medias que han logrado ser adormecidos tras el retroceso en las leyes respectivas pero que conocerán nuevos capítulos porque la cuestión de la entrega megaminera es estratégica como parte de la política extractivista y para reunir los dólares que requiere el FMI. Políticamente en Chubut fue uno de los aspectos que llevaron a la gran elección del 8,5% del FIT Unidad en la previa del levantamiento popular, con picos del 15% en zonas como Lago Puelo. Aunque hay que destacar que peleamos el voto antiminero con el Pich que nos superó en las generales. Confluyeron en este resultado electoral también las grandes luchas casi permanentes con altas y bajas de docentes y estatales desde el virtual default de la provincia hace cuatro años. En Mendoza apareció claramente una representación política de tipo centroizquierdista en el Partido Verde que a los dos años del Mendozazo obtuvo el 9% de los votos, duplicando al FIT-U que perdió todas las conquistas parlamentarias que tuvo en el pasado. Aunque el Partido Verde se basa en un planteo ambientalista que calza con el carácter policlasista del movimiento ambiental, hay que señalar también que nos superan en el marco de una parálisis de la acción común del FIT-U impuesta por el PTS, que claramente debilitó nuestro frente. La cuestión de la agitación anticapitalista y la vinculación de la lucha ambiental a la lucha de la clase, o mejor la lucha de la clase a la lucha ambiental, es un eje de batalla política dentro del movimiento ambiental y, en el movimiento obrero, contra la toda la burocracia sindical, en términos generales megaminera, porque aún la centroizquierda ceteista no jugó ningún papel. El movimiento conoció movilizaciones importantes de hasta 5.000 personas en el puente victoria en Santa Fe, frente a los incendios intencionales en las islas del Paraná, una provincia donde la centroizquierda disputa también en torno al punto. Después del chubutazo cobró cierta fuerza el reclamo contra la exploración offshoreshore, especialmente en Mar del Plata y otros puntos de la costa Atlántica, con movilizaciones que vienen desde el año pasado y crecieron de manera importante, en las que venimos interviniendo. El frente ambiental es un frente de lucha política, en especial que toma nuestra juventud, pero su agitación y reclutamiento, basados en un programa anticapitalista es un componente de toda la lucha política nacional por la construcción del partido. A nivel nacional, con una política de frente único, en la coordinadora Basta de Falsas soluciones, pusimos en pie un agrupamiento independiente capaz de disputar al bloque ligado al gobierno, representado por Jóvenes por el Clima, que hoy están golpeados por el derrumbe de la gestión Cabandie. Como en todos los planos, el pacto con el FMI inclinará aún más la balanza en favor de la depredación y el saqueo de los monopolios imperialistas y la extensión de la frontera sojera, en choque con el activismo.

El caso del movimiento de la mujer es peculiar. La conquista del aborto legal tuvo un primer capítulo durante el macrismo y el gobierno tomó la iniciativa de viabilizarlo para capitalizar una “ampliación de derechos” que en realidad es una conquista de treinta años de lucha. La batalla política con los sectores kirchneristas se ha agudizado porque han roto el movimiento común de cara a las nuevas y viejas batallas que presenta la lucha por los derechos de la mujer y las diversidades. La adaptación al nombramiento de Manzur por parte del feminismo K las ubica en un lugar parecido a la defensa del pacto con el FMI. El congreso del PdT (Plenario de Trabajadoras) en plena virtualidad mostró un campo de desarrollo político que tiene muchos frentes, entre ellos la formación del sindicato de trabajadoras de casas particulares a partir de nuestra agrupación, nuestro desarrollo en el movimiento de actrices, el rol de la mujer en los barrios que organiza el Polo Obrero, etc. Vamos a una disputa muy importante este año en la movilización al Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará en San Luis y será un terreno importantísimo de lucha política con el gobierno nacional y sus colectoras en el movimiento de mujeres.

El movimiento piquetero ocupó, sin lugar a dudas, como sector organizado de la clase trabajadora, el lugar de vanguardia desde la última etapa del gobierno Macri hasta el momento. Ha sido el punto de desborde, fuera de control de los aparatos de la burocracia sindical y de los aparatos políticos punteriles en los barrios. En plena pandemia, todavía más, se destacó como el sector que ganó la calle con la consigna “con hambre no hay cuarentena”. El Polo Obrero, a veinte años del Argentinazo, ha vuelto a ocupar un lugar de vanguardia en esa vanguardia. El secreto ha sido una política combativa para arrancar las conquistas, el empadronamiento y organización masiva en los barrios, el frente único de lucha para garantizar las reivindicaciones en el marco de un planteo político de independencia frente al gobierno, de denuncia de las organizaciones del Trío Cayetano integradas al gobierno, contra el relato de marketing de la “economía popular” que encubre la más pavorosa precarización laboral, por el trabajo genuinos y a convenio, por el pase a planta y, por sobre todo, los métodos de soberanía de la asamblea, del delegado revocable y el control de bases de las conquistas arrancadas en la lucha. El pasaje de decenas de miles de compañeras y compañeros al Polo desde intendencias y/o organizaciones oficialistas es motivo de debate y de una contraofensiva del gobierno para retomar el control de los municipios de vastos sectores y colocarlos como mano de obra sustituta municipal o provincial en el marco del ajuste que cae en cascada de la Nación para abajo, bajo monitoreo del FMI. La pretensión de cerrar todo ingreso y el intento de recaptura por parte de los municipios serán ejes de confrontación en la etapa inmediata porque indudablemente se vincula con dos objetivos estratégicos del FMI: deprimir los salarios y bajar el gasto público. Colocamos la cuestión del salario mínimo y la universalización de los planes en el centro actuando en dos sentidos: unidad con precarizados, trabajadores en negro y jubilados y la lucha por un seguro al desocupado que significa el aumento y la universalización de los planes. Siempre colocando la cuestión del plan de obras públicas y viviendas populares como la ruta de una reactivación económica y del empleo genuino. Desde este lugar hemos ganado un lugar de enorme respeto y liderazgo natural en el Frente de Lucha Piquetero y la Unidad Piquetera que logró agrupar en sus grandes acciones.

El Polo Obrero actual ha marcado un salto político enorme al volcarse de manera masiva a la campaña electoral del PO y el FIT-U en todo el país. La presencia masiva de miles y miles de compañeros y compañeras, primero en las movilizaciones, y luego en la campaña implicó un salto político y nos abre una posibilidad de progreso militante. Fue el nervio de las grandes victorias en las barriadas obreras en todo el país, contribuyó decisivamente a establecer un diferencial histórico en el voto al FIT-U con respecto a otras izquierdas del pasado y al historial del propio Frente de Izquierda. El Polo se destaca en su politización respecto de todas las demás organizaciones piqueteras, y es al mismo tiempo un factor que tracciona hacia la izquierda a todo el activismo. Las tendencias abstencionistas se han reducido y se ha ganado influencia en los que actuaban como colectoras tácitas del kirchnerismo sin proclamarlo. De hecho, los integrantes del Polo han sido protagonistas centrales de los masivos actos del PO y todo el movimiento piquetero de las grandes movilizaciones últimas de la izquierda contra el FMI. El Polo ha vuelto con su poder de movilización a ser punto de apoyo de las más diversas luchas de trabajadores ocupados y sus piquetes o tomas de fábrica.

En la próxima etapa, el Polo y la Unidad Piquetera marchan a un fuerte plan de lucha que tiene el objetivo inmediato de quebrar las medidas de ajuste del gobierno sobre el movimiento piquetero. Vamos a enfrentar el cepo en la apertura de planes y los pases y la orientación del gobierno junto al FMI para “focalizar” los planes reduciendo su monto y alcance. La primera fase tiene que ver con un planteo de aumento del salario mínimo, que conecta al movimiento piquetero con los sectores más explotados de la clase obrera ocupada. El plan de lucha fue votado en el plenario nacional de la Unidad Piquetera, que debatió la deliberación y las tareas, y que fue una propuesta realizada y sostenida fundamentalmente por el Polo Obrero.

El planteamiento del plenario nacional de la Unidad Piquetera corresponde a un método que solamente empujamos nosotros, en la mejor tradición del PO para colocar a debate de toda la vanguardia de lucha las cuestiones estratégicas, donde podemos destacarnos por desenvolver un programa y un proyecto de unidad de la clase obrera. Esto ante corrientes de un arco muy heterogéneo que llega hasta los tributarios de un defensor de la reforma laboral como Randazzo (Barrios de Pie). Con todo, la incorporación al partido, al igual que la organización de la juventud junto a la UJS no resultan espontáneamente, sino como resultado de una continuidad permanente de iniciativas que vayan ligando la lucha reivindicativa a la política. La agitación política general partidaria en los barrios no puede ser abandonada durante el período no electoral, será la clave para el progreso de camadas de compañeras y compañeros hacia la política revolucionaria. Y esa agitación tiene que abordar las cuestiones de interés de ese vasto sector de los explotados (tierra, vivienda, obras de agua y cloacas, educación, centros de salud, centros integrales de la mujer, etc.) desde el ángulo y las propuestas de una salida de los trabajadores a la crisis.

El hecho de que no hay un paro nacional hace tres años en medio de un ajuste importante y otro que se avecina de la mano del FMI es un dato para el combativo movimiento obrero argentino. Indudablemente la pandemia y sus cuarentena y virtualización forzosa han sido un factor, pero no el decisivo. El factor decisivo es la contención de la burocracia y la confusión política de la masa de los trabajadores que viene de votar al gobierno aún en la derrota de las intermedias, como el mal menor del peronismo ante el mal mayor del macrismo. Solo una vanguardia ha evolucionado al voto el FIT-U. Las huelgas del período son básicamente las que han escapado a la contención de la burocracia sindical: autoconvocados de Neuquén, vitivinícolas, docentes salteños y de otras provincias, con el caso excepcional de Aceiteros y, desde luego de los sindicatos combativos recuperados por la izquierda como el Sutna, docentes, ferroviarios, etc. Otras luchas, a veces feroces, en la carne (Penta, Arrebeef), tercerizados (EMA), salud (Clínica San Andrés), Gri Calviño, Interpack I, Autoconvocados de la salud de CABA o Matanza, Latam, Textilana y un sinnúmero de luchas locales de municipales y otros sectores son decididamente aisladas por toda la burocracia y se sostienen y progresan más o menos, exclusivamente con el apoyo del clasismo y la izquierda. Pero es difícil en este cuadro torcer los ataques patronales que se imponen, golpeando al activismo. El reciente paro de controladores Aéreos, como ciertas batallas en la carne están expresando desplazamientos y son, desde luego un campo de desarrollo del clasismo que tuvo expresión en la elección de la Roja de la Carne en Buenos Aires. Es que el cuadro general tiene dos caras, la contención que domina el panorama, pero del otro lado de la moneda la vacancia política de dirección del movimiento obrero que ofrece semejante nivel de integración de los sindicatos al Estado y a las patronales.

El nivel de integración de todas las alas de la burocracia sindical al gobierno no tiene casi antecedentes similares desde 1983. Se estructuran en torno al antimacrismo como expediente para apoyar al gobierno, lo que ha logrado sentar en el mismo triunvirato de la CGT al moyanismo junto a gordos y barrionuevistas y bajo distintas modalidades también integrar al gobierno a las dos o tres alas derivadas de la crisis de la CTA, ya dividida oportunamente por el kirchnerismo. Otras variantes intermedias como Aceiteros no han jugado rol independiente alguno, antes bien cuando se planteó la crisis Vicentin, jugó para apoyar al gobierno pretextando una política que no fue. La gran huelga aceitera de 21 días a fines de 2021 para arrancar una revisión que al menos compense la inflación fue políticamente encapsulada por su dirección, no fue un punto de apoyo para extender a un activismo obrero ni la lucha por un salario equivalente a la canasta familiar ni el método para arrancarlo, al contrario los conflictos fabriles de ese gremio fueron desgastados hasta su derrota en distintos casos. Al mismo tiempo merecen un balance político específico cada una de las huelgas autoconvocadas, puesto que la más importante de ellas, el “elefante neuquino” no derivó como nos propusimos en una ola de recuperaciones de las juntas internas de los hospitales, donde la burocracia cuya entrega salarial enfrentó la huelga, vuelve a ganar. De un modo general, es un fenómeno expresivo de una etapa de la que venimos, donde cada posición de avance político sindical es arrancada mediante un progreso militante antes, durante y después de cada lucha.

El propio Plenario del Sindicalismo Combativo hibernó largo tiempo por la retracción general y, cuando aflojó la primera ola del Covid y convocó a movilizar fue dividido por el recientemente incorporado MAC (PTS) y su parálisis rota por una convocatoria unilateral del Sutna a fines del 2021, boicoteada por el resto de la izquierda. En este punto se ha librado una lucha política desde la Coordinadora Sindical Clasista que es defender el campo de un sindicalismo de clase que ofrezca un polo de desarrollo ante la burocracia sindical para todas las organizaciones sindicales recuperadas, sean cuerpos de delegados, seccionales o sindicatos. Un método y un programa marcado desde Lanús en 2018. A raíz de la iniciativa impulsada por el Sutna, el Plenario del Sindicalismo combativo se reunió en Unione y Benevolenza, convocando a movilizarse contra el pacto con el Fondo Monetario y planteando la perspectiva de una nuevo plenario masivo como el realizado en Lanús en 2018. Quienes lo han bombardeado de adentro o de afuera tratando que fuera un brazo del Fit Unidad, no han progresado con esa política ni han ofrecido un canal de reagrupamiento al activismo, han mostrado en cambio una política rabiosamente electorera. La fuerte derrota de la lista divisionista PTS-MAS-Roja en el Sutna ha debilitado este tipo de emprendimientos que oportunamente sirvió en bandeja Aten a la burocracia neuquina, y que marcó el golpe final contra la conducción independiente del Sute (Mendoza).

No obstante este contexto general, se han producido desplazamientos de sectores activistas en textiles, en docentes de Chubut, en la gran elección de la Roja de la Carne (42%), en internas de UTA, la recuperación de Aten Capital y Plottier, en seccionales recuperadas de Adosac de Santa Cruz, la gran elección de la lista en la Asociación de Actores, en la lista antiburocrática de Controladores Aéreos, en la buena elección en un Foetra en total retroceso como gremio, en la formación de una lista opositora de comisiones internas de APA y otras como una importante lista en Adiunt Córdoba. Pero, especialmente, una victoria de tal magnitud (72%) como la de la Negra del Sutna expresa la potencialidad política de la vacancia de la burocracia sindical ligada a una causa tan conservadora como es la descarga de la crisis capitalista sobre los propios trabajadores que con mayores o menores maniobras ejecuta el peronismo. La buena elección del Frente de Izquierda es indisociable de estos procesos que gravitan por abajo y que podemos conectar y desenvolver con una política audaz de agitación y de lucha. Desde luego, el 2022 al concentrar todas las elecciones postergadas tras dos años, presenta un enorme desafío en la retención y/o ampliación de las posiciones conquistadas en AGD y Conadu Histórica, en los Sutebas Combativos, etc. en todas las cuales se replantean los frentes únicos por la cooptación de sectores de izquierda al Frente de Todos, especialmente el PCR.

El pacto con el FMI abre una nueva etapa que está llamada a sacudir este escenario. El paro de 72 horas de la docencia neuquina puede ser anticipo de un comienzo de reacción de los trabajadores, al igual que el paro de controladores que rompió el techo de 45% que parece querer imponer la burocracia sindical en distintos sectores. La tendencia a los choques con la clase obrera (ocupada y desocupada) será mayúscula y cambiará todo el escenario. El yaskismo ha convocado a movilizar después de la aprobación del pacto colonial “para controlar que paguen la deuda interna”. Es una desembozada maniobra de contención política, como la renuncia de Máximo, pero ambas expresan una crisis política que sacudirá a todas las organizaciones obreras. En todos los casos, el clasismo y nuestro partido pueden explotar la crisis a condición de una política independiente, del frente único de clase y la denuncia implacable no solo de la burocracia más recalcitrante sino especialmente de la que maniobra en los márgenes de la contención. Tenemos que ser motores de las luchas económicas que pretendemos libre la clase. Eso no es economicismo, al contrario, quienes construimos y agitamos la salida política y construimos el partido, somos en el seno de los trabajadores, sean o no sindicalizados, los grandes organizadores de sus luchas económicas, condición de un salto en la lucha de clases. Y de que una reacción popular de conjunto sea liderada por la clase obrera.

Un aspecto importante de esta lucha será para enfrentar la represión, que irá de la mano del ajuste. La represión en Jujuy contra el plan de lucha provincial del movimiento piquetero, con el encarcelamiento en principio de 15 compañeros (luego quedaron 7), cuya liberación tuvimos que arrancar con una intensa campaña y movilización nacional, es una muestra de estas tendencias. Pero antes las vimos en Guernica y numerosos episodios, bajo el gobierno de Fernández. Al mismo tiempo, tenemos que enfrentar las condenas contra César y Daniel, y numerosos procesamientos en todo el país. La lucha contra la represión y la criminalización de la protesta es una lucha política que encaramos con nuestros métodos: la agitación, la conquista de un apoyo masivo y la movilización popular. Son los métodos con los cuales llevamos a Pedraza, en su momento, a prisión. Esta lucha requerirá una amplia iniciativa en materia de libertades democráticas en todo el período. Del otro lado, los sectores del régimen como los Berni o Bullrich, hacen de la represión a las luchas populares una bandera propia, para ganarse a los sectores que rechazan la movilización popular. Debemos enfrentar estas tendencias y, en ese cuadro, desenmascarar la política del kirchnerismo, cuya demagogia en materia de derechos humanos no le impide mantener a Berni en su puesto, ni pactar con el régimen represivo de Morales.

El FIT-U, la izquierda y el frente contra el pacto con el FMI

Finalizadas las elecciones, el FIT-U tomó la iniciativa de convocar un plenario abierto para enfrentar el pacto entre el gobierno y el FMI. La iniciativa del FIT-U marca un cambio parcial en su parálisis entre elección y elección que fue característica desde su fundación. A lo sumo, había realizado agitaciones y declaraciones comunes y, esporádicamente, actos minoritarios. Con el plenario de Parque Lezama, en cambio, el FIT-U se colocó, como tal, a la cabeza de un iniciativa política central: el reagrupamiento de todos los sectores que rechazan el pacto con el FMI.

La iniciativa dio lugar a un frente único entre corrientes políticamente muy heterogéneas. Participa la autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda, cuyo grupo dirigente viene en parte de estar vinculado con Claudio Lozano (director del Banco Nación), en parte de los viejos economistas de izquierda, y en parte está conformado por organizaciones piqueteras abstencionistas, pero que tienen un planteo de “apertura” en las movilizaciones, a los sectores críticos del kirchnerismo. Aunque a nivel nacional actúan con la izquierda, en Rosario habilitaron un copamiento del espacio en favor del PCR, que integra el Frente de Todos. Participa también Libres del Sur, que integra, con Barrios de Pie, la Unidad Piquetera, pero que apoyó a Randazzo en las elecciones. Participan en forma activa otras organizaciones de la UP (Votamos Luchar, MTR 12 de Abril), sectores abiertamente anti FIT-U y marginales dentro del movimiento piquetero (MTR Martino, Erys, etc), el MAS, el grupo de Altamira y otros grupos. La amplitud del espacio facilita la adhesión de organizaciones obreras recuperadas de la burocracia, y centros de estudiantes combativos, que no podrían adherir a una convocatoria del FIT-U, pero que han votado el rechazo al pacto con el Fondo.

Este frente heterogéneo será puesto a prueba por la evolución de la crisis política. En la medida que presenta un canal de movilización unitario para confrontar con la política de la burocracia sindical y piquetera de apoyo al pacto, su puesta en pie es un avance. Pero no constituye un agrupamiento político de carácter permanente. Con los compromisos del caso, que son inevitables, defendemos y hemos logrado hasta ahora un liderazgo político del FIT-U, que se pone de manifiesto por sobre todas las cosas en el programa y las caracterizaciones de los dos documentos leídos en Plaza de Mayo. La defensa exige un esfuerzo permanente, porque las tendencias a diluir un planteamiento programático están muy presentes, al igual que las presiones hacia una confluencia con los sectores del gobierno que dicen rechazar el acuerdo (una posición llevada adelante fundamentalmente por el MAS; en el mes de febrero).

Aunque los partidos del FIT-U acuerdan las mociones a llevar al espacio, inevitablemente lo abordan sobre la base de sus caracterizaciones y construcción previa. Nosotros nos paramos en el espacio como constructores del movimiento obrero y piquetero combativo, somos partidarios del frente único en todos los terrenos de la lucha de clases. El PTS en cambio encara este frente único con enormes contradicciones. Aunque apuesta a desarrollarlo, está condicionado por su hostilidad tradicional al movimiento piquetero, que no construye, y choca con una realidad en la cual la mayor parte de las organizaciones y una abrumadora mayoría del caudal de movilización del espacio está integrado por organizaciones piqueteras. Su hostilidad a las direcciones sindicales lo llevó a torpedear durante años el PSC y ahora a torpedearlo desde adentro. En general, no construye tampoco los sindicatos combativos, sino que busca explotar las posiciones en el movimiento obrero para una figuración electoral. Estos factores lo llevan a una relación parasitaria (y faccional) con las organizaciones combativas. Por otro lado, el MST, que participa en el movimiento piquetero, rechaza en cambio darle cualquier tipo de proyección política, al punto que sus dirigentes piqueteros ni siquiera hablan en sus propios actos.

Los debates en torno al espacio actualizan los debates que venimos teniendo al interior de la izquierda. La idea de consolidar el espacio como un espacio político abona las posiciones que en el pasado alimentaron la idea de una disolución política del FIT-U en una izquierda más amplia, el planteamiento del MST en la interna. Contra esta tendencia, está claro que la evolución de los grupos provenientes de la centroizquierda o el abstencionismo será puesta a prueba por el propio escenario político. Más de fondo, una convergencia que se basara en un compromiso del programa del FIT-U con posiciones nacionalistas sería un retroceso para la izquierda revolucionaria. Debemos, en cambio, militar en la claridad de que se trata de un frente que agrupa posiciones divergentes y desenvolver con claridad los debates en el marco de una unidad de acción. En cualquier caso, no abonamos la disolución del Frente de Izquierda en este espacio. En paralelo a las iniciativas comunes, debemos promover una agenda de iniciativas y declaraciones al propio FIT-U. Obviamente, esta agenda está condicionada a las posiciones políticas de los partidos del FIT-U. En el caso de Ucrania, por ejemplo, rechazamos un comunicado común con partidos (el MST e IS) que militan en el campo de la resistencia con Zelenski a la invasión de Putin.

Con esta política de frente único, con la defensa del FIT-U como campo independiente del nacionalismo, y con nuestro peso en la lucha de clases, debemos pelear un liderazgo en la izquierda del Partido Obrero. Es central para ello un desarrollo partidario en materia de agitación política, prensa, finanzas, comunicación y reclutamiento. El resultado de la última elección, en términos de bancas parlamentarias, nos dejó en minoría en relación al PTS, aunque recuperamos la banca de Romina y Guille en provincia, sumamos una banca legislativa en la capital y tenemos los concejales de PBA por primera vez. Pero el desequilibrio en el congreso contrasta con el peso que tiene el PO en la lucha de clases, y refleja un mayor desarrollo relativo del PTS en materia de instalación de voceros, comunicación y redes. Las características de esta mayor instalación tienen en parte que ver con un enfoque democratizante de la situación política. El PTS proyecta a Bregman, buscando apoyo de sectores del kirchnerismo lo que condiciona sus intervenciones. En Jujuy, hace primar una denuncia de la oligarquía y el régimen político provincial muy difusa en cuanto al programa. Este enfoque se manifiesta, asimismo, en La Izquierda Diario, cuya amplitud de posiciones lo asimilan a un medio no partidario, una forma indirecta de disolución política.

La guerra en Europa mostró el carácter estratégico de las divergencias dentro del FIT-U. El MST e Izquierda Socialista colocan todo su eje en denunciar la invasión de Putin sin denunciar la responsabilidad de la Otan en la guerra. Ambos reducen la crisis a la cuestión de la independencia nacional de Ucrania, omitiendo la cuestión central, que pasa por la disputa internacional por llevar hasta el final de la restauración capitalista en los ex Estados obreros. No abordan la crisis como la expresión del carácter explosivo que tienen las contradicciones y choques de la presente etapa histórica, privándose de destacar la tendencia inevitable del capitalismo y del imperialismo a resolver sus divergencias por medio de la guerra. Las guerras recientes (Siria, Yemen, Afganistán, Libia, Yugoslavía, Palestina, etc.) no le sirven para mostrar una secuencia creciente, por el simple hecho que han abordado esas conflagraciones con el mismo método que usan para el choque en Ucrania.

Estas divergencias estuvieron presentes en la interna que tuvo el Frente de Izquierda en la última elección. Los planteos expuestos por el MST fueron claramente de disolución del FIT-U como bloque político independiente en favor de un frente de colaboración de clases con sectores del centroizquierdismo. A quienes se oponen a esta disolución el MST les achaca el sambenito de “sectarios”. El mal resultado recogido en los principales distritos del país no implica que el MST borre estos planteos, sino que buscará llevarlos adelante por otras vías. Su participación de igual modo en el espacio de la Moratoria de la Deuda y en el FIT-U muestra que tienen huevos puestos en distintas canastas. Para el PO es central explicar el carácter de estas divergencias para evitar que la inevitable lucha de tendencias derive en el liquidacionismo o la desmoralización.

Nuestra posición sobre el FIT-U es desarrollarlo como un bloque político de independencia de clase, que intervenga sistemáticamente en la lucha en todos los planos. En el plano del movimiento obrero y piquetero esto significa en primer lugar que los partidos y agrupaciones apoyen e impulsen a los sindicatos combativos y sectores en lucha, y no que los parasiten con objetivos electoralistas.

Bajo estas consideraciones, propondremos un acto del Frente de Izquierda Unuidad el 1° de mayo, para levantar un programa de salida a la crisis, colocando una iniciativa política para atraer al activismo que viene luchando y enfrentando el plan de ajuste, y copando la Plaza de Mayo. Asimismo, consideramos que la propuesta que hemos realizado, de un congreso del frente de izquierda que atraiga a los sectores combativos del movimiento obrero y popular sería un enorme avance para procesar los debates, poner en pie una acción común y desarrollar a la izquierda en todo el país.

Tareas y consignas

La tesis del documento que presentamos es que el acuerdo con el FMI agravará las contradicciones políticas y económicas, potenciará la tendencia a la disgregación del régimen político e incentivará los choques entre los capitalistas y el gobierno con los trabajadores y las masas populares. La disgregación puede cobrar la forma de maniobras y rupturas circunstanciales, que son a fin de cuentas recursos de contención ante el creciente descontento popular. La capacidad de contención de la burocracia sindical y piquetera, y más en general del peronismo, será puesta a prueba a una escala superior. La evolución de la crisis mundial y sobre todo de la guerra puede acelerar o ralentizar los tiempos, pero no modificar el curso general de los acontecimientos. Para el PO la tarea central es enfrentar el pacto con el FMI movilizando a los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas y por una salida política propia. La intervención en cada lucha, más allá del alcance inicial de su reclamo, tiene un papel vital para hacer crecer la fuerza y el protagonismo de los trabajadores. La agitación y la propaganda política por nuestro programa debe realizarse conjuntamente con la participación del PO en todas las luchas.

La consigna central de la etapa está determinada por esta caracterización. El planteo “abajo el pacto entre el gobierno y el FMI. Plan de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas. Por una salida de los trabajadores” se ajusta a este planteo. Nuestro planteamiento del XXVII congreso, contra el régimen de hambre y miseria de quienes nos gobernaron las últimas décadas, se concentra ahora en la denuncia de este pacto que es resultado de una larga evolución de entrega y vaciamiento de la burguesía y sus partidos. Ponemos el eje en el acuerdo con el Fondo ya que delimita y concentra todos los elementos de la crisis actual. El planteo contiene una delimitación con la oposición de derecha, que avala el acuerdo en el Congreso y más en general es correa de transmisión directa de los intereses del FMI. Planteamos a la vez la necesidad de un plan de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas, lo cual abarca los paros y huelgas parciales, que como ya hemos dicho, su desarrollo tiene una importancia colosal en la etapa que se abre. La consigna final de “por una salida de los trabajadores” cumple un papel de propaganda y a la vez introduce al desarrollo de un programa alternativo. El valor de este desarrollo es central en la polémica política actual, dado que no nos oponemos al acuerdo desde el punto de vista de un default capitalista sino, justamente, de una salida de los trabajadores que incluye el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para volcar el ahorro nacional a resolver las necesidades populares, comenzando por un salario igual a la canasta familiar y el 82% móvil para las jubilaciones. La campaña debe desarrollarse con una agitación intensa en los barrios y lugares de trabajo, actos en puertas de fábrica y centros de concentración denunciando todos los aspectos puntuales del ajuste, charlas y mesas redondas y desarrollando fuertemente la producción y difusión de materiales para redes sociales y medios de comunicación. Vinculamos estrechamente esta campaña a un desarrollo de cada uno de los reclamos del movimiento obrero y popular, que son los que van a motorizar la intervención de la clase obrera en la crisis.

-Una campaña de denuncia de la guerra imperialista, del avance de la colonización económica y la penetración militar del imperialismo en Europa oriental, mostrando el carácter inevitable de la guerra bajo el capitalismo, y denunciando la invasión rusa en Ucrania, por parte de la burocracia restauracionista del Kremlin.

-La lucha por la absolución de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, para revertir las condenas de prisión efectiva establecidas por el Juez Ríos. En la agenda inmediata de esta campaña tenemos la audiencia pública en el congreso y un festival a fin de marzo. Además, el tema deberá figurar fuertemente en la movilización del 24 de marzo que se viene.

-La batalla por la recuperación de sindicatos y comisiones internas, y la lucha por poner en pie agrupaciones clasistas. Esta tarea tendrá un peso fundamental para el partido durante todo el año en vista del cronograma de elecciones sindicales retrasadas por la pandemia.

-El refuerzo del trabajo con prensa obrera en todos los terrenos. El rearmado de los equipos de corresponsales regional por regional, estableciendo un plan de notas. El refuerzo de la tarea de comunicación de cada uno de las y los voceros en todo el país, retomando el ritmo de trabajo y producción que pusimos en pie en la campaña electoral, desarrollando los ejes centrales de agitación política de la etapa. Vinculado a esto, reforzar, con objetivos en cada caso, el trabajo de colocación de prensa obrera.com por medio de padrones de difusión de contenido, y de prensa obrera impresa, con la venta en mano, piqueteo y la suscripción de todo el padrón interno y la periferia cercana.

-La incorporación a estas campañas políticas de nuevas camadas de activistas, elaborando padrones de reclutamiento y de colaboración con las mismas, especialmente en lo que hace a la vanguardia del Polo Obrero, para procesar su incorporación al partido. El debate congresal, con charlas, plenarios y actividades en cada regional, deberá servir para desarrollar a fondo los debates, elaborar los planes de trabajo y avanzar en esta tarea de reclutamiento.

-La lucha por poner en pie en todo el país una fuerte corriente socialista en la juventud, desarrollando a la UJS y la juventud del Polo. Abordamos este desafío cuando se reabren presencialmente todas las universidades nacionales e institutos terciarios. Vamos a la batalla por la recuperación de los centros de estudiantes, la organización del movimiento estudiantil por sus reclamos y la organización de la juventud de los barrios contra la miseria social, por el derecho a la educación, la vivienda y el trabajo.

-La preparación de la participación del partido en el encuentro nacional de mujeres, que se desarrollará en San Luis y va a requerir un trabajo de organización de la concurrencia de todas las regionales. El Encuentro Plurinnacional de Mujeres y Diversidades es siempre un terreno importante de reclutamiento, vamos a participar con una delegación importante sobre la base de lo que fue la participación en el congreso del Plenario de Trabajadoras.