La muerte de Mariano Ferreyra fue determinante para que el gobierno incorpore a planta permanente a 2.000 trabajadores ferroviarios tercerizados. Sin embargo, en los meses que siguieron al asesinato de Mariano, el gobierno, en coordinación con los responsables ideológicos del asesinato, intentaron, primero, evitar ese proceso de pase a planta permanente y, luego, asegurar que ese ingreso no implicara que los mismos pertenecieran al Partido Obrero, la izquierda o al activismo.

En el marco de la continuidad de esa lucha, el 23 de diciembre de 2010 los tercerizados cortan las vías en Avellaneda ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, de reincorporar de los despedidos y pase a planta permanente. Tras la interrupción del servicio de los trenes en la Línea Roca, se producen desmanes en la estación Constitución.

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, involucró en los incidentes “al Polo Obrero de Néstor Pitrola”, en referencia a los disturbios en protesta por la falta de trenes. Se afirmó que había diez detenidos durante los incidentes que pertenecían al Polo Obrero, lo cual era directamente una mentira. Apoyada por fotos e imágenes transmitidas ese día por los canales de televisión, la ministra reforzó la tesis del gobierno sobre el papel de Eduardo Duhalde y el Partido Obrero como supuestos artífices de los desmanes -de la misma forma que había tratado de involucrar a Duhalde con el asesinato de Mariano.

El secretario de Transporte, Schiavi, a pedido de la presidenta de la Nación radicó la denuncia por el corte de las vías de Avellaneda ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien ordenará el 26 de diciembre la detención de Jorge Hospital y Omar Merino, militantes del Partido Obrero y la Agrupación Causa Ferroviaria; la orden de captura sobre Eduardo Belliboni, dirigente del Partido Obrero y la detención de un tercerizado, Morales, que reclamaba su pase a planta permanente y había participado de reuniones con el Ministerio de Trabajo como delegado de los mismos.

El PO acusó al subsecretario de Transporte, Antonio Luna, y al líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, de haber estado detrás de los incidentes en Constitución, para forzar de ese modo la libertad de los siete detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra. Además sostuvimos que Luna y Pedraza están dinamitando los acuerdos alcanzados en el Ministerio de Trabajo con los tercerizados del Roca. Ese día Néstor Pitrola declaraba “Desde la Subsecretaría de Transporte Ferroviaria y la Unión Ferroviaria quieren mantener los negociados de las empresas tercerizadas que tienen allegados a Luna y Pedraza”.

Esta hipótesis quedará confirmada mediante las escuchas ante la detención de Pablo Díaz, entre las comunicaciones del Gallego Fernández y Antonio Luna, cuando le dice “esto no es un atentado contra la Unión Ferroviaria sino contra todo el sistema”, en referencia al pedido de pase a planta permanente de los tercerizados.

Durante el juicio, en las escuchas de las conversaciones posteriores al crimen, ante los miedos del Gallego Fernández de perder la dirección el gremio, Héctor Messineo (jefe de Recursos Humanos de Ugofe) le manifiesta que él era partidario de “rajar a Hospital y a Merino”, para evitar el peligro que le armen un sindicato paralelo como en el subte. Esto nos lleva a concluir que no fue casual la elección de Hospital y Merino para que sean perseguidos penalmente, lo que desnudaba la intacta relación entre la burocracia asesina, Ugofe y el gobierno en el ataque a los tercerizados y al activismo del PO en el ferrocarril.

El ministro de Interior, Aníbal Fernández, no se privó de señalar que el Partido Obrero “es un partido sin trabajadores que toma protagonismo con situaciones de estas características”, quedando un poco en ridículo en sus declaraciones al constatarse que los dos detenidos militantes del PO eran trabajadores ferroviarios.

La reacción del Partido fue inmediata. No habían llegado los detenidos al juzgado donde se les tomaría indagatoria que todo el Amba ya estaba empapelado con carteles reclamando “No a la excarcelación de la patota, libertad a los compañeros de Mariano”, ya que al mismo tiempo que sucedían estos acontecimientos se elevaba a la Cámara de Apelaciones el pedido de excarcelación de los siete ferroviarios detenidos por participar del crimen de Mariano.

Tras brindar declaración indagatoria, tanto Hospital como Merino, el juez federal Armella decidirá mantenerlos detenidos difiriendo el trámite de su excarcelación solicitada por sus abogados.

Ante esta situación el Partido Obrero convocó a marchar por su libertad a Plaza de Mayo al día siguiente. La solidaridad de la juventud y el movimiento obrero combativo seguía intacta con el Partido de Mariano Ferreyra. Previéndose una multitudinaria marcha se logró la libertad de Merino y de Hospital.

Ese mismo día la Cámara de Apelación confirmó la detención de los primeros siete detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra.

A pesar de ello, el 14 de enero de 2011, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hablaba por teléfono con Pedraza tratando de consolarlo por la ya inevitable inclusión de los tercerizados a planta permanente y coordinando con él, no solo el ingreso de personas afines a la burocracia “como tercerizados”, sino dándole consejo de incluir en sus listas a cuadros que convenzan a los jóvenes que ingresaban. Dejando al desnudo que, a menos de un mes de su detención, el gobierno aún no le soltaba la mano a Pedraza.