El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, no descubrió la pólvora cuando reconoció que las pasantías son un instrumento de “fraude laboral o de utilización de los estudiantes como mano de obra barata” (Clarín, 26/10). Pero de este reconocimiento no dedujo lo más importante: que las pasantías deben ser derogadas porque son también un instrumento de fraude por parte de las escuelas y universidades privadas.

El gobierno quiere que las pasantías no duren hasta 4 años, como se permite ahora, sino hasta doce meses. Si bien el achique del plazo es importante, lo fundamental es que Tomada insiste en que “el pasante recibirá una compensación para viáticos y gastos”, no un sueldo, precisamente lo que interesaba a las empresas. O sea que la pasantía seguirá manteniendo la condición de una relación no laboral.

Para los patrones, la pasantía es una forma legal de tener trabajadores en negro, incluso más baratos, con el cuento de la formación y de que al vencimiento serán efectivizados. El pasante no tiene sueldo, no tiene jubilación, no tiene obra social…

Las propias estadísticas oficiales indican que el grueso de los pasantes no es efectivizado por la empresa. Es que a las patronales les resulta más barato reemplazar a un pasante por otro que incorporarlo como trabajador efectivo, y sólo efectiviza a quien, luego de varios años de pasantías, dio pruebas de “docilidad” ante la patronal.

La limitación a un año no elimina el problema, porque lo que va a pasar es que el estudiante rotará una vez por año como pasante por distintas empresas, y no faltarán quienes lo justifiquen con el cuento de que la “formación” requiere de la “diversidad” del joven en su paso por distintas actividades, sectores y empresas.

Por el lado de las escuelas y universidades privadas, el fraude consiste en “asegurarle” al estudiante que se inscribe y paga la cuota que tendrá una “salida laboral” por los convenios de pasantías que tienen firmadas esas escuelas y universidades privadas con empresas. De esta manera, el estudiante es doblemente explotado: por el instituto privado que le cobra una suculenta cuota mensual, y por la patronal de la empresa que le da chirolas como “viáticos y gastos”.

El ministro Tomada también dijo que se mantendrá el “contrato de aprendizaje”, creado por la Ley “de Empleo” de Menem, Cavallo y Caro Figueroa, que autoriza a tomar jóvenes hasta un año, sin el pago de indemnizaciones a su vencimiento.

Para terminar con la mano de obra barata juvenil hay que derogar todas las pasantías y contratos de aprendizaje. Como trabajadores, los jóvenes y estudiantes no deben ser discriminados disminuyéndoles los derechos laborales del capitalismo.

 

Diego Diéguez