De un mes para acá, se abrió en la UBA un nuevo debate acerca de la acreditación de las carreras de grado a la Coneau. El resurgimiento del tema estuvo motivado por una resolución de la Comisión de Enseñanza del Consejo Superior, avalada por todos los decanos, que autorizó a las facultades a comenzar el proceso de acreditación. La resolución fue impulsada por todos los bloques, con el apoyo vergonzante de los cuatro decanos ‘progresistas’.

Vale aclarar que en la UBA se había fijado doctrina contra la Coneau. Desde la época del nefasto Shuberoff como así también de su sucesor, Jaim Etcheverry, la Universidad más grande del país se había negado sistemáticamente a acreditar sus carreras. De esta manera la Coneau había entrado en crisis, ya que no podía abarcar a la universidad que reúne al 30% de los estudiantes del país. Se llegó a hablar de su disolución y de su reemplazo por otro órgano evaluador. La lucha triunfante de los estudiantes del Comahue se materializó en una resolución del Ministerio de Educación que reconoce la validez de las carreras de dicha universidad aunque no estén acreditadas.

Esta reseña nos lleva a una conclusión: con la resolución de los decanos a favor de la acreditación de las carreras es la UBA la que sale al rescate de la Coneau y no al revés. Una actitud decidida de la UBA en contra hubiera llevado al entierro definitivo de este engendro de la Ley de Educación Superior menemista.

Lo que está en juego

Más allá de las transformaciones reaccionarias que implica en lo inmediato la acreditación de las carreras de grado a la Coneau lo que está son cuestiones de alcance estratégico. Las universidades argentinas deben sus normas fundacionales a la Reforma del 18. Esa rebelión estudiantil, que tuvo impacto en toda América Latina, conquistó como programa la autonomía de las universidades. Dicha autonomía debe entenderse como la capacidad de las casas de estudio de darse su propio gobierno con completa independencia de los poderes del Estado nacional. A partir de la Reforma del 18 las universidades se darían su propio gobierno integrado por docentes, estudiantes y graduados.

El carácter revolucionario del planteo de la autonomía consistía —y consiste- en que ésta se declara frente al Estado burgués, copado por un grupo de monopolios nacionales y extranjeros con intereses opuestos a la educación popular y de masas. Es por esto mismo que desde la propio Reforma del 18 los sucesivos gobiernos, ya sean militares o democráticos, trataron por todos los medios de destruir o desnaturalizar la autonomía universitaria.

Con la Ley de Educación Superior menemista y la Coneau, todos engendros propuestos en innumerables textos del Banco Mundial, se pretendió dar por cerrado el ciclo abierto con la Reforma del 18. Las universidades dejarían de ser autónomas porque la aprobación de sus planes de estudio, de la carga horaria de las materias, de sus títulos, de su planta docente, etc., estaría en manos de un organismo externo, integrado mayoritariamente por miembros del poder Ejecutivo y Legislativo. Esta inversión del proceso histórico y la destrucción del legado reformista es lo que está en juego con la acreditación a la Coneau. No casualmente esta finalidad reaccionaria pretende ser encubierta con argumentos de ocasión por los decanos ‘progresistas’.

A la derecha de la oligarquía

Si las universidades argentinas deben sus normas fundacionales a la Reforma del 18 el sistema educativo en su conjunto lo debe a la ley 1820, dictada por el gobierno de la oligarquía del cual Avellaneda era su ministro de educación. Dicha legislación imponía que sólo el Estado podía expedir títulos habilitantes quitándole esa posibilidad a los privados, entre ellos la Iglesia. Fue el gobierno de Frondizi el que le dio a la educación privada esa posibilidad, desatando las grandes movilizaciones de la Laica o Libre.

Con la ley de educación superior menemista los capitalistas que manejan la educación privada consiguieron grandes conquistas en el terreno universitario. Por un lado, en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se integraron plenamente las universidades privadas en igualdad de condiciones con las universidades públicas. Luego, con la Coneau, se integraron al órgano de evaluación externa recién creado.

Los estándares que fija la Coneau valen tanto para las universidades públicas como las privadas, logrando una igualdad en la validez de los títulos. Es decir que con la Coneau no sólo se reconoce a las privadas sino que se les da a éstas la capacidad de intervenir en las universidades públicas. Una concesión brutal que ni la oligarquía con olor a bosta estaba dispuesta a dar en su época. Que todo esto sea avalado por el progresismo sólo demuestra cual es su verdadero carácter reaccionario en el movimiento histórico del país.

Gente con poca honestidad llega a decir que la lucha de la Fuba, al producir una crisis en el gobierno de la UBA, termina favoreciendo a las universidades privadas. ¿Fantástico, no? Cumplen una a una las demandas de los capitalistas de la educación y luego culpan a los que enfrentan esa política acusándolos de favorecer el negocio educativo. ¡Impostores!

El zorro en el gallinero

Hasta altura del partido surge una pregunta inevitable: ¿quiénes son los que evalúan a las universidades? Según la Coneau, mayoritariamente serán los representantes del poder ejecutivo, legislativo, y con representación minoritaria los representantes de las universidades públicas y privadas.

Es decir que de prosperar la acreditación de las carreras a la Coneau serán los representantes del Estado que cotidianamente destruyen la universidad pública mediante la asfixia presupuestaria y la falta de recursos para lo más elemental los que deberán evaluar nuestra universidad. ¿Pero no sería más justo evaluarlos a ellos que han mandado al parlamento un presupuesto para el año 2007 que no prevé aumentos de salarios para docentes y no docentes ni el incremento de las partidas para infraestructura e investigación? ¿No es una trampa mortal, no equivale a meter al zorro en el gallinero, darle la capacidad al Estado y al gobierno de que sean los que evalúen el funcionamiento de una universidad que destruyen con una política planificada?

No por nada los evaluadores de la Coneau siguen al pie de la letra los mandatos del Banco Mundial. Buscan imponerle a las universidades una reducción de sus carreras de grado, incrementar los posgrados arancelados, liquidar el ingreso, modificar los planes de estudio en función de los intereses de los capitalistas, crear una masa de pasantes bajo el rótulo de las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS). Es decir que la función de los evaluadores es determinar con que rigor se está llevando adelante el desmantelamiento de la Universidad estatal.

Coneau y la lucha por la democratización

Los decanos y su Consejo Superior al votar por la acreditación a la Coneau matan dos pájaros de un tiro. Por un lado entregan la UBA a poderes externos, interesados en su desmantelamiento. Por el otro, buscan cerrar la lucha de la democratización, ya que de prosperar su política ya no será el gobierno universitario el encargado de fijar las pautas y normas que hacen al funcionamiento de la UBA sino será el poder ejecutivo y el legislativo.

Coneau y democratización son, por lo tanto, dos políticas excluyentes. Mientras la Fuba lucha por la democratización para que sean los estudiantes y docentes los que resuelvan democráticamente todo lo referido a la política universitaria, con la Coneau los decanos buscan lo contrario, a saber, que el gobierno universitario sea una pura dependencia de decisiones tomadas en los despachos oficiales. Queda claro, ahora, que cuando esta gente dice que quiere reformar los estatutos para democratizar, tal como pide la Fuba, están mintiendo de manera desenfadada.

El avance hacia la Coneau implica, por lo tanto, no sólo negar los reclamos de la Fuba sino retroceder incluso frente al régimen corporativo y camarillesco existente. En resumen, implica la abolición de la autonomía y del cogobierno, incluso en su variante antidemocrática que hoy conocemos.

Una lucha histórica

La acreditación de las carreras a la Coneau, por lo tanto, implica una contrarrevolución en materia educativa que busca socavar las conquistas obtenidas durante toda la historia argentina. Hay que decirlo con toda claridad porque es lo que buscan escamotear los decanos amparándose en argumentos puramente prácticos. La UBA, por su peso en el sistema universitario nacional, tiene la capacidad de enterrar a la Coneau definitivamente, y esto con sólo denunciarla y negarse a acreditar. La decisión contraria tomada por los decanos sólo demuestra que han salido a su salvataje, presionados por el gobierno nacional que promete más presupuesto.

La lucha de la Fuba contra la Coneau y por la democratización del gobierno universitario tiene, como puede verse, un alcance histórico. Parte de defender los avances de décadas de lucha de las masas en el país mostrando una perspectiva política y social que una a la Universidad en una lucha común junto a los trabajadores contra el Estado capitalista.

Llamamos a los estudiantes, docentes y no docentes a reconocer lo que está en juego en esta lucha y multiplicar las iniciativas para terminar con la Coneau, el régimen de las camarillas y la destrucción sistemática de la educación llevada adelante por el gobierno nacional.

 

Gabriel Solano