El texto presentado con la firma de Marcelo Ramal y Jacyn titulado “Nuestra posición frente al texto presentado al final de la reunión de Atenas” es elocuente sobre el alcance rupturista que han tomado algunos dirigentes partidarios. La reunión realizada en Atenas, en muy buena medida, había sido un reclamo de ellos, cuando requirieron la formación de una “tribunal internacional”. Ahora bien, cuando esa reunión se realizó y luego de un debate de varios días las organizaciones que integran la CRCI presentaron un texto base para un acuerdo que evite la ruptura del PO, Altamira y Ramal lo rechazaron in límine, sin presentar jamás una propuesta propia que permita avanzar en la solución de la crisis creada. Antes que termine la reunión, incluso, tomamos conocimiento de un texto de Altamira y otros contra el DIP de Turquía, lleno de agravios que desnaturalizaron el debate y buscó cancelar toda posibilidad de acuerdo.

La falta completa de voluntad de acuerdo queda clarificada en el punto 1 de su respuesta a los partidos de la CRCI, cuando justifican su pretensión contraria a todos los principios de hacer una campaña electoral escindida porque sirve a la “lucha que hemos emprendido por la recuperación de nuestro partido”. Es decir que la campaña electoral para Altamira y Ramal ya no tiene por propósito atacar a los partidos y candidatos de la burguesía, sea Macri o Fernández-Fernández, ni tampoco movilizar a los trabajadores contra la ofensiva capitalista en curso, sino que está diseñada para su lucha interna dentro del Partido Obrero. ¡La confesión faccional acá ha superado todo lo visto durante décadas! Si en el pasado le criticábamos al PTS su pretensión de hacer del FIT un campo de disputas y romper el frente único de clase, ahora Altamira y Ramal hacen lo mismo, pero en una versión agravada, porque quieren convertir al PO en un campo de disputas. Esta finalidad faccional explica también que su ruptura de la unidad de acción del partido supera todo lo visto, y se agrava permanentemente. Así, mientras toda la militancia partidaria ha estado empeñada en realizar una gran movilización por el acto del 27 en Argentinos Juniors y en todo el país, Altamira y Ramal convocan un acto propio en una facultad para el sábado 3 de agosto. Por lo visto, la ´recuperación del partido´ sería llevada adelante con el método de la división y la escisión.

No puede pasarse por alto el lenguaje usado por Altamira y Ramal. Hablar de recuperar al PO equivale a presentarlo como un partido burocratizado. El PO quiere recuperar la UOM echando a Caló y su burocracia, o al sindicato de Camioneros echando al moyanismo. ¿Qué significa querer recuperar al PO? Nuestro partido acaba de realizar su XXVI Congreso hace solo 3 meses, congreso que fue preparado sobre la base de un larguísimo debate que no tiene precedentes en la izquierda argentina y posiblemente internacional en los últimos años. El Congreso deliberó y resolvió, como es el método elemental de funcionamiento de un partido revolucionario. Detrás del propósito de “recuperación del PO” se esconde el total desconocimiento del XXVI Congreso y de sus resoluciones, y más en general, la hostilidad de Altamira y Ramal a un trabajo conjunto de todo el partido. No es casual que para Altamira y Ramal la función de la reunión de Atenas era que se lo reconozca como fracción internacional y que se expulse a parte de los miembros del Partido Obrero de la CRCI. Fueron a Atenas a promover la escisión y la ruptura. Ante la negativa de los partidos de la CRCI a avalar este curso liquidacionista ahora van por más y atacan a nuestros partidos hermanos. Estamos ante un rupturismo internacional. Pero del mismo modo que no hicieron propuesta alguna para salvar la unidad del partido, tampoco llevaron un documento que funde las bases de una fracción internacional. Demasiada falta de seriedad cuando lo que está en juego es el PO y la CRCI.

La respuesta tardía –porque llegó luego de que la reunión concluyó- firmada por Ramal y Jacyn, deja en claro lo que dijimos desde el primer momento: detrás de la fachada de la “fracción pública” se esconde la intención deliberada de poner en marcha una nueva organización, separada e independiente del PO. La fachada de esta “fracción pública” que se declaró en la clandestinidad y que tuvo múltiples antecedentes de violación del método de construcción partidaria histórico, explica cosas tales como que justifiquen hacer una campaña electoral separada, con sus consignas, planteos, materiales e incluso con un cronograma de actividades al margen e incluso opuesto al que lleva adelante el Partido Obrero. ¿A qué acto debiera invitar un militante? ¿Al de Argentinos Juniors o al de Sociales? En toda la historia del PO semejante hecho no registra antecedentes. El divisionismo no tiene límites y no encuentra tampoco una base política coherente. MR y J dicen en un pasaje de su ataque a la propuesta de texto presentado por el EEK, el DIP y el MTL “Privados de participar como candidatos, excluidos de las listas electorales, expulsados de nuestros círculos, sólo podemos desarrollar nuestra acción política con una agenda propia”. para apenas unos párrafos más tarde confesar que los integrantes de la “fracción pública” tienen candidatos en las listas del FITU en todo el país, en muchos casos en lugares destacados de las mismas.

Si nos dejamos guiar por la asamblea clandestina que proclamó la llamada ´fracción pública´, la campaña electoral escindida se fundaba en que el PO no quería plantear “Fuera Macri”; por ello en algunos medios de comunicación Altamira acusó a los candidatos del PO de “macristas”. Sin embargo, pasados pocos días, nos enteremos por el Facebook de Altamira que él y Ramal han decidido retirar esa consigna, y reemplazarla por “fuera el FMI”. Es sabido que del faccionalismo y la improvisación no sale nada bueno. El XXVI Congreso del PO votó la consigna “fuera el régimen del FMI” y no “fuera el FMI”. La diferencia es significativa: aludimos a un sistema que integra a todos las fuerzas políticas patronales sean neoliberales o pejota-kirchneristas, las instituciones del Estado e incluso a la burocracia sindical. En cambio, el “fuera el FMI” confunde con el nacionalismo demagógico, que busca presentarse como opuesto al Fondo. No es casual que sea el planteo de grupejos del tipo la TPR.

El faccionalismo extremo de Altamira y Ramal también ha producido un retroceso conceptual en materia de la concepción de partido revolucionario. El texto firmado por Ramal y Jacyn llegan al extremo de defender como principio rector la soberanía de los comités locales e incluso regionales como los del NOA, que no fue electo (se trata de un organismo designado por el Comité Nacional que es el que tiene la potestad de modificar su integración y alcance), por sobre el Congreso Nacional del Partido Obrero.

La violación del Estatuto del Partido Obrero es elevada a doctrina, a riesgo de caer en un liberalismo organizativo que equivale a la destrucción de un partido revolucionario. Estos comités locales, además, podrían llevar adelante su propia acción política, con sus consignas y materiales, convirtiendo al PO en una suerte de paraguas debajo del cual se desarrolla una guerra de camarillas regionales. Cuesta creer que los autores de semejante dislate estén convencidos de lo que dicen y escriben. Más parece ser una adaptación conceptual a una finalidad faccional y personal pre-establecida.

El liberalismo que denunciamos del PO que buscan Altamira y Ramal no cesa en esta supuesta soberanía de los comités. Ahora quieren que los militantes que integran su grupo y se colocaron por fuera de los organismo partidarios, comenzando por MR y JA, puedan reincorporarse no a los organismos a los que pertenecían antes de que se produzca la ruptura por ellos propiciada, sino donde cada uno quiera. Oralmente, y para escándalo de una reunión entre trotskistas, M. Ramal defendió esto: que cada uno vaya donde quiere. Otra vez cuesta tomar en serio semejantes afirmaciones. El único problema es que está en juego, ni más ni menos, que la unidad del Partido Obrero.

En su crítica a todos los partidos de la CRCI, el texto firmado por Ramal y Jacyn falta a la verdad cuando afirma que el Estatuto del PO le otorga el derecho a formar una “fracción pública”. Hemos publicado en BI el Estatuto partidario para aventar todo tipo de falsedades. El Estatuto otorga el derecho de fracción y tendencia, que debe ser llevado adelante en el marco del centralismo democrático, lo cual supone el reconocimiento de los organismos partidarios votados por el Congreso. Para rechazar sin discusión el documento propuesto por los partidos hermanos, MR y J recurren a la manipulación de los estatutos del partido cuando afirman en su texto que “se plantea “que el Comité nacional reconoce el derecho a formar una fracción al sector de la minoría”. Compañeros: no hemos venido a Atenas a que “se nos reconozca un derecho” que ya tenemos. El Comité Nacional no necesita ´otorgarlo´, ya lo asegura el estatuto”. Sin embargo el artículo 43 del estatuto partidario, señala con claridad “Toda fracción debe constituirse públicamente a través de un documento anunciando tal decisión, dirigido al Comité Central, solicitando su reconocimiento y exponiendo las bases políticas. El derecho de fracción se ubica dentro del cuadro de la organización basado en los principios del centralismo democrático, y no puede en ningún caso atentar contra el cumplimiento de las decisiones del Congreso y del Comité Central.”. Acá tenemos lo contrario: una actividad escindida por completo, el boicot abierto a las actividades del partido, una ruptura ignominiosa de la unidad de acción de partido, el desvío de fondos, todo esto impuesto por la vía de los hechos consumados, y el total desconocimiento de la dirección del Partido votada en el XXVI Congreso, a la que se le califica como “camarilla dirigente”.

Nuestra delegación tenía un mandato preciso en avanzar en un acuerdo, que estableciera el compromiso de evaluar concretamente de qué modo podían expresarse las divergencias, incluso la oportunidad de darle publicidad por los órganos que el partido tiene. Eso requeriría de un debate concreto, que debía tener en cuenta la situación política, las tareas de cada momento, etc. Sin embargo, Altamira y Ramal rechazaron esa propuesta y el texto presentado pos reunión equivale a un ultimátum: si o si debe reconocerse su ´fracción pública´ y avalar su ruptura alevosa de la unidad de acción del Partido. El ultimátum va más a fondo aún, porque plantea que pueden eludir toda acción centralizada, siguiendo los lineamientos fijados por el XXVI Congreso y los órganos por él votados. En el texto contra el DIP, Altamira afirmó que no hacía un “fetiche” del Congreso del PO, con una clara intención de desconocimiento de la decisión soberana de la militancia partidaria.

Sobre la cuestión de la Comisión de Control otra vez el texto de M. Ramal y Jacyn falta a la verdad, o lo que es lo mismo, recurre a la mentira alevosa. Cuando el Comité Nacional transfirió los pedidos de MR de investigación sobre sus mails a la Comisión de Control, o sobre las denuncias de trabajo clandestino promovido por Altamira en la organización, actuó claramente siguiendo los lineamientos del Estatuto del PO. Este señala en su artículo 56 “En relación a los casos en los cuales su intervención es requerida, la Comisión de Control se pronuncia sobre la materialidad de los hechos y sobre el respeto a los principios del centralismo democrático. La Comisión de Control no es un tribunal, carece de poder de decisión. Sus poderes de investigación son ilimitados y todo militante tiene la obligación de comparecer a sus convocatorias.” Una y otra vez nos encontramos frente a una resignificación arbitraria del estatuto partidario, al que por supuesto jamás citan. El texto elaborado por el EEK, el DIP y el MTL recomienda que culminen las actuaciones en la Comisión de Control para que luego se habilite la intervención de la CRCI. Y nosotros planteamos que fuera el próximo Congreso partidario el encargado de finalizar el proceso. Quienes se han colocado por fuera de las normas del centralismo democrático se negaron a comparecer, como lo fija el Estatuto ante la Comisión de Control. Esperaban que tres partidos revolucionarios avalaran esta violación estatutaria y este desconocimiento del XXVI Congreso, que funcionó sin ninguna impugnación.

El documento de Ramal y Jacyn implica la reafirmación de un curso rupturista, cuyos extremos crecen todos los días. Nuestro partido seguirá haciendo todos los esfuerzos necesarios para asegurar la unidad, sobre la base de los principios del centralismo democrático. Llamamos a toda la militancia partidaria a desarrollar a fondo esta lucha en defensa del Partido Obrero.