En medio de la crisis incesante del gobierno de Lula, el domingo pasado tuvieron lugar las elecciones internas en el PT para elegir a su presidente y a la comisión ejecutiva. Concurrió a votar el 25% del padrón, pero en medio de irregularidades típicamente punteriles, como el voto comprado por parte de la dirección oficial o el traslado en masa de votantes en transportes habilitados por el aparato del partido. De todos modos, la lista oficial reunió solamente el 42% de los votos, lo cual la obliga a ir a una segunda vuelta, donde podrían unificarse las cinco listas opositoras, que juntaron el 58% restante. Pero cualquiera sea el destino de esta elección o el resultado de la segunda vuelta, la desintegración del PT es irrevocable. Tanto oficialistas como opositores no esconden el propósito de romper filas si la próxima votación les es desfavorable. Lula directamente no fue a votar, en lo que constituye claramente un intento de quedar con las manos libres para llegar a cualquier clase de arreglo con la oposición en el parlamento sin condicionamientos del PT. Cargado de deudas impagables, contraídas para financiar por fuera de la ley las campañas del partido y el bolsillo de sus dirigentes, es probable que el PT acabe como cualquier empresa en quiebra —con la formación de un nuevo lema partidario y la imputación de los pasivos a un PT residual. El PT se ha convertido desde hace mucho en un grupo de intereses creados, como lo prueba su acervo de funcionarios públicos (entre 30 y 40 mil).

Las elecciones internas del domingo deben ser apreciadas en un contexto más amplio. En primer lugar, porque la tentativa de autorreforma del PT por parte de un sector del aparato naufragó cuando el ex mandamás del partido, Jose Dirceu, se negó a retirarse de la lista oficial, lo que motivó la renuncia del presidente designado en medio de la crisis, el ‘gaucho’ Tarso Genro. Esta preservación del control del aparato partidario por el sector incriminado por corrupción está vinculada a otra operación, que es el empantanamiento de las investigaciones en el Congreso y en la Justicia, que los brasileños califican como ‘pizza’ (encubrimiento). Una pieza de este operativo, sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sérgio Cavalcanti, fue obligado a renunciar como consecuencia de una denuncia de corrupción contra él. La designación del sustituto, que podría ser el jefe de la bancada del PSDB de Henrique Cardoso, seguramente será objeto de transacciones en las que estará incluido el destino de las investigaciones por corrupción y el formato que tendrá el gobierno de Lula hasta el final de su mandato, el año que viene. La posibilidad de que Lula se presente a la reelección no depende ya del PT sino de negociaciones y arreglos a los que pueda arribar con un arco de partidos, en especial el PMDB, que ya ha decidido iniciar su campaña electoral.

Simultáneamente con estas maniobras, el gobierno de Lula ha reforzado su alianza con los especuladores financieros internacionales, como lo prueba la masiva suscripción de un bono en ‘reales’ (aunque se transa en dólares) en el mercado internacional. Esta alianza puede aumentar las disidencias con otros sectores de la burguesía, que se sienten estrangulados por las altas tasas de interés, de un lado, y la valorización del real, por el otro. El vicepresidente de Brasil, Jose Alençar, declaró recientemente que estaba dispuesto a asumir la sucesión presidencial y alterar la política económica.

Como se ha dicho, la victoria de una lista de la oposición en el segundo turno, suponiendo que pudiera unificarse, no salvaría al PT, ni tampoco daría lugar a una alternativa desde adentro, en especial por la extrema heterogeneidad de los opositores. La oposición interna acompañó lealmente la orientación proimperialista de lo que siempre calificó como ‘su’ gobierno, hasta el estallido de los escándalos. Cuestiona la ‘política económica’, es decir que no plantea una transformación social sino operar dentro de los marcos del capitalismo y de su Estado. Es básicamente desarrollista. Hay indicios de que muchos de los que la integran se pasarían al PDT, una formación nacionalista burguesa, que ha incrementado últimamente su demagogia para mejor receptar a emigrados del petismo.

Paradójicamente, la ‘implosión’ del PT podría producir un resultado contradictorio en un partido, el PSOL, formado a partir de la expulsión de cuatro diputados del PT a fines de 2003. Los diarios aseguran que hay una emigración del PT al PSOL, lo cual reforzaría cuantitativamente a este partido, pero también lo asemejaría todavía más al viejo PT y acentuaría una heterogeneidad que ya es muy grande. El PSOL podría ‘hincharse’, a costa de sufrir una explosión relativamente rápida ante el primer contratiempo político.

Ocurre que la hecatombe del PT no ha producido una modificación de los marcos ideológicos y programáticos que el PT dejó establecidos en Brasil al poco tiempo de su fundación y en especial cuando se acentuó el reflujo de las luchas populares, que aún continúa. La quiebra del PT no ha producido una ruptura sino una continuidad, o sea un intento de salvar a las perspectivas democratizantes de su propio derrumbe. La importancia indiscutible de lo que ocurre en Brasil es que abre un período de efervescencia entre los sectores politizados de la intelectualidad y entre los obreros más avanzados, que rápidamente comprobarán los límites de las respuestas improvisadas a la agonía del PT.

Es necesario empeñarse en abrir una discusión programática de carácter socialista y revolucionaria. Existen dos fuerzas políticas, el PSTU y el PCO, que se reivindican de esta línea estratégica.

Jorge Altamira