Partido
15/1/2020
Campaña nacional en defensa de la movilidad jubilatoria y por el 82% móvil
Seguir
A continuación, reproducimos el texto completo del folleto titulado “Los jubilados financian al Estado, y no al revés”, escrito por Néstor Pitrola. Con este material, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda lanza una campaña en todo el país en defensa de la movilidad jubilatoria y de lucha por el 82% vital y móvil. El boletín será distribuido en los lugares de trabajo y en mesas de agitación, y podrás conseguirlo en los locales del Partido Obrero.
LOS JUBILADOS FINANCIAN AL ESTADO, Y NO AL REVÉS
1) ¿Quién pone los aportes jubilatorios?
La constitución del sistema previsional data en sus primeras formas de 1886 con la creación de la caja para los maestros y en 1904 para los agentes civiles, en ambos casos mediante aportes de los afiliados. Duras luchas como la huelga general de 1902 acompañaron estas primeras conquistas. En 1915 se logra la caja de los ferroviarios pero el gobierno priva del derecho a los despedidos por huelgas. En 1923 se generaliza a diversos gremios mediante un aporte patronal del 8% y uno obrero del 5%. El sindicalismo clasista de la época fue a la huelga general reclamando que el sistema se financiara sólo con aportes patronales. Es un concepto que reivindicamos, puesto que la jubilación se trata también de un salario que debe cubrir la patronal, sólo que de tipo diferido, que el trabajador cobrará al fin de su vida laboral activa.
2) Un salto del sistema
Hay cierta creencia que las jubilaciones nacieron con el peronismo. Como vimos en el primer apartado no es así, pero desde 1944 se generaliza progresivamente a todos los trabajadores. En 1954 el sistema toma la característica de “reparto”, o sea que no se trata ya de cuentas individuales de capitalización a nombre de cada trabajador. De manera que los aportes que ingresan financian al conjunto del sistema, lo que no quita que se trata de un salario diferido, porque el aporte del trabajador durante toda su vida laboral permite la vigencia del sistema. También se estableció una Tasa de Sustitución (es decir el haber con el que se jubila el trabajador al momento de pasar a retiro) que beneficiaba a los salarios más bajos.
3) Nace el 82% y la movilidad
En 1958 el parlamento aprueba el 82% como Tasa de Sustitución, lo que significa que el trabajador sigue cobrando el neto que venía cobrando ya efectuados todos los descuentos de ley. Pero el 82% no sólo marcó con cuánto se jubilaba el trabajador, sino que estableció por primera vez la movilidad. ¿Por qué? Porque el trabajador percibirá siempre, ya jubilado, el 82% de su salario en actividad, lo que significa que la jubilación acompaña la evolución del salario. Precisamente el debate que conmueve hoy a la Argentina, cuando la primera mega ley del gobierno de Alberto Fernández ha suspendido la forma de movilidad que liga la jubilación al costo de vida. Sobre este punto volveremos al final. Sí digamos que el sistema financiaba holgadamente a los jubilados en aquellos años.
4) Los jubilados han sido sistemáticamente confiscados
Se suele decir que el Estado sostiene a los jubilados, que se transforman en una carga agobiante para el presupuesto público. Pues bien, la historia marca lo contrario: los jubilados han sido sistemáticamente confiscados porque bajo diferentes formas el Estado usó sus cuantiosos fondos con otros fines. Por ello jamás se quiso entregar la administración de las Cajas, y más tarde del Anses, a un directorio electo por trabajadores y jubilados. Siempre los fondos fueron administrados por los distintos gobiernos que echaron mano a sus recursos para gastos corrientes del fisco, para pago de intereses de deuda pública y otros fines ajenos a los trabajadores. Sólo en el mejor período los fondos sirvieron a fines sociales de interés de los futuros jubilados, como podrían ser planes de vivienda u otros fines productivos que contribuyeran al desarrollo nacional y a una ganancia de los fondos que se tradujeran en mejoras en los haberes.
5) Desfinanciamiento del Anses en favor de los capitalistas
El caso más brutal de desfinanciamiento de las cajas jubilatorias se produjo durante la dictadura militar. Su ministro de economía, Martínez de Hoz, directamente eliminó los aportes patronales en 1980. Luego fueron repuestos por el gobierno de Alfonsín pero en niveles inferiores al pasado. El gobierno de Menem en 1994 rebajó sustancialmente los aportes patronales al punto que el trabajador aporta más que la patronal. Esa rebaja de aportes jamás fue repuesta, pero además durante el kirchnerismo por la ley llamada de “blanqueo” del año 2014 se redujeron los aportes entre 50 y 25 % para microempresas y pymes. Macri, luego estableció un “mínimo no imponible” a la seguridad social creciente que en 2019 fue de $7.003 y saltaría al doble este año 2020. La mega ley aprobada recientemente por impulso del presidente Alberto Fernández anuló el aumento de ese mínimo no imponible, pero prolonga el importe que no paga seguridad social para ninguna patronal, sea la Ford o una pequeña empresa. Además, por esta mega ley de emergencias, la industria textil y otras declaradas en crisis no pagan cargas hasta $17.000 de salario y las empresas de hasta 25 trabajadores no pagan sus contribuciones por $10.000 más. Estos aspectos son pocos conocidos. Los medios no los comentan y constituyen una política sistemática de vaciamiento de los fondos del Anses en favor de los capitalistas.
6) ¿Qué hacen con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad?
El Anses tiene como principal tenencia el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que fue conformado en 2007 con el objetivo de compensar posibles pérdidas en el poder adquisitivo de las jubilaciones y en la solvencia del propio Anses para asegurar su pago. Sin embargo, jamás fue usado para beneficiar a los jubilados. Sus recursos sirvieron al endeudamiento público, de tal suerte que se fueron “empapelando” de bonos de la deuda del Tesoro. En la mega ley de emergencias enviada por el Presidente Fernández, según el artículo 53, con vigencia al año 2023, hasta el 70% del FGS podrá estar en títulos públicos con o sin garantías. Se profundiza de esta manera una política que ha descapitalizado a los jubilados. Sólo en la era Macri el FGS pasó de un valor de u$s67.000 millones a un valor de u$s22.000, o sea que tuvo una desvalorización en dólares de un 70%. Esto como consecuencia de operaciones perdidosas permanentes para contener el precio del dólar, vendiendo bonos del Anses o comprando bonos en pesos que han sufrido una estrepitosa caída de su valor real. La famosa “deuda intraestatal” que no es considerada deuda externa afecta especial y principalmente al Anses. Es en realidad, una deuda con los jubilados que podríamos denominar “pagadiós”, porque a cada vencimiento se renueva con nuevos títulos cuyo cobro no podría exigir el Anses, porque no están los fondos para pagarlos. El Partido Obrero, partidario de la investigación y el no pago de la ilegítima y usuraria deuda externa, sin embargo se pronuncia claramente por el respaldo y pago incondicional de los bonos en manos del Anses por parte del Tesoro. Ya mismo los bonos del Anses deberían rescatarse a valor nominal, mediante un fondo compuesto por impuestos progresivos al gran capital.
7) ¿Quién administra el Anses y quién debería hacerlo?
El Anses es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional y su director como el conjunto de su directorio, son nombrados a dedo por el Poder Ejecutivo. Se trata de la intervención del Estado y sus gobiernos de turno sobre un organismo cuya función es la administración de los recursos de la Seguridad Social, esencialmente la administración de las jubilaciones, aunque también del salario familiar y otras prestaciones sociales. Por su naturaleza y por el origen de los genuinos recursos que deberían financiar las jubilaciones (contribuciones sobre el salario del trabajador), su administración debería estar a cargo de los jubilados y los trabajadores que son los futuros jubilados. Esto no sería una garantía de administración transparente, pero sentaría un principio de independencia de los fondos de los jubilados que deben gozar de intangibilidad, puesto que se trata como hemos explicado más arriba de un salario diferido. El Partido Obrero ha propuesto históricamente -y lo hemos plasmado en proyecto de ley a través de nuestros diputados-, la administración del Anses por parte de un Directorio electo por jubilados y trabajadores por el voto directo, con mandatos acotados y renovables que establezcan un principio de control obrero de esos fondos que han sido saqueados sistemáticamente por los gobiernos en favor de la clase capitalista y los políticos que gobiernan y gobernaron para ella.
8) Las jubilaciones de privilegio: conocelas
Los regímenes especiales y las jubilaciones de privilegio han sido motivo de debate público nacional en los primeros días de la administración de Alberto Fernández. Esto a raíz de que han quedado afuera de la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días dispuesta por la mega ley de emergencias. Pues bien, son dos cosas muy distintas. Las jubilaciones de privilegio abarcan un pequeño pero muy bien remunerado universo de unas 4.900 personas: Presidente y Vice, Corte Suprema, jueces y secretarios del Poder Judicial y miembros del cuerpo diplomático. Son comunes en este grupo jubilaciones de $200.000 y $300.000 y perciben el mismo haber que tenían en el cargo. En algunos casos basta con que hayan ejercido el cargo durante cuatro años para que la cobre de por vida. En la ley inicial estaban incluidos los senadores, diputados y otros cargos de la Ciudad de Buenos Aires, pero fueron excluidos de ese privilegio en 2002. El Partido Obrero es firme partidario de la derogación de estos regímenes de privilegio y hemos dado muestras de ellos cuando denunciamos en tiempo real los dietazos secretos de diputados y senadores desde las bancas que nos tocó ocupar.
9) Los regímenes especiales
Los regímenes especiales abarcan hoy a unos 250.000 trabajadores y fueron incluidos inicialmente en la suspensión de la movilidad jubilatoria de la mega ley de emergencias. Ante la airada y masiva protesta de la AGD (Asociación Gremial Docente de la UBA), de Conadu Histórica, la protesta de Ctera y otras organizaciones, quedaron excluidos de la suspensión de la movilidad que establecía el artículo 52. Pero, a excepción de los Docentes Universitarios e Investigadores que se rigen por una ley especial (26.508) y tienen un aporte especial que garantiza el pago del 82% móvil de acuerdo al salario de la actividad (con cuentas superavitarias hasta el presente), el resto de los regímenes especiales se revisarán según la propuesta de una comisión que elaborará un nuevo régimen en el curso de los seis meses siguientes a la ley. Se trata de la revisión de leyes que se conquistaron en la mayoría de los casos con luchas y que tienen réplicas en las provincias, en las cajas transferidas y llamadas “armonizadas” con el sistema integrado jubilatorio nacional. Para resumirlo, están en peligro los vestigios de la conquista del 82%, arrebatados a la abrumadora mayoría de los jubilados. Es decir, es un caso de igualación hacia abajo. El Partido Obrero defiende los regímenes especiales, llama a los trabajadores a organizarse para su defensa. Porque el 82% es justo y bregamos por él para todos los jubilados. Es decir, igualar hacia arriba y no hacia abajo.
10) ¿Sabés con cuánto se jubila hoy un trabajador?
En promedio, con el 46% de lo que viene ganando, o sea que su “tasa de sustitución” del salario en actividad por el haber jubilatorio, es menos de la mitad de lo que viene ganando. Por ejemplo si tiene la suerte de trabajar en un buen empleo que le da $55.000 por mes, se jubilará con $25.300, cuando él viene aportando por el importe de su salario. Esto ya constituye una confiscación por parte del Estado. Después vendrá el problema de cómo sostener el poder adquisitivo de la jubilación que acaba de obtener, tema que tocaremos al final. Pero hay más. El sistema por el que se llega a ese cálculo es complejo y te ahorraremos una explicación engorrosa. Pero nos interesa informarte que pasados los 30 años de aporte corresponde por ley un 1,5% más por año de antigüedad aportado, sin embargo una ley del año 2009, bajo el gobierno de Cristina Kirchner limitó su alcance a 35 años, los demás se los queda el Estado. Esto disparó juicios que se han ganado, pero que le llevan años de sufrimientos y privaciones al jubilado. En resumen, los salarios ya son bajos en la Argentina porque su promedio en el empleo registrado es $39.000, justamente la línea de pobreza hoy según el propio INDEC. Pero la jubilación es la mitad de eso. Por ello el Partido Obrero promueve un salario equivalente a una verdadera canasta familiar y una jubilación relacionada con ese importe.
11) El 60% de los jubilados están en la mínima ¿Por qué?
Por este sistema perverso que te jubila con la mitad de lo que ganabas y por los despidos y/o retiros voluntarios de los trabajadores mayores, especialmente en tareas de cierto compromiso físico, el 60% de los jubilados está en la mínima. En el gobierno de Macri, cuando se produce el primer gran robo a la movilidad jubilatoria, al mismo tiempo se elevó la edad de manera voluntaria a 70 años. Hoy, miles de trabajadores se ven forzados a extender su vida laboral más allá de sus fuerzas para no caer en la miseria de la jubilación. Nosotros rechazamos la extensión de la edad jubilatoria sea voluntaria u obligatoria como pretende en sus borradores el FMI. El Partido Obrero se opuso a las AFJPs de Menem que llevó la jubilación a los 65 años mientras rebajaba aportes y abría el enorme negociado de los bancos que fueron las administradoras privadas que se quedaban con buena parte de nuestro aporte. Nos opusimos al robo de la movilidad y la elevación voluntaria de la edad de Macri y nos oponemos hoy a cualquier modificación del régimen jubilatorio en contra de los trabajadores, con el pretexto de las cuentas fiscales.
12) Movilidad: la bajó Macri, la suspende Fernández
El debate de hoy es si aceptamos y permitimos que se altere la movilidad que la mega ley suspendió por 180 días. Se ha buscado confundir a la opinión pública de los trabajadores acerca de la conveniencia de la ley que se aprobó en sólo tres días de debate parlamentario. Recordemos que la alteración de la movilidad de Macri costó un 9,5% de caída para todas las jubilaciones en ese momento, pero de conjunto en toda la administración macrista las jubilaciones cayeron 20,4% comparadas con el costo de vida. Lo demás es verso. Esta supresión de la movilidad por costo de vida y evolución salarial que está vigente desde aquellas jornadas calientes de enormes movilizaciones y represión de Bullrich dejó pendientes dos aumentos que corresponden a la inflación de los dos últimos trimestres de 2019: 11,56% a otorgar en marzo y un 12/14% aproximadamente en junio, según sea la inflación del último trimestre, donde resta saber diciembre al momento de escribir este folleto. El Partido Obrero plantea blanco sobre negro: estos dos porcentajes son un derecho adquirido y deben respetarse fuera de toda discusión, porque los jubilados ya pagaron esos incrementos de precios y terminarán de ser resarcidos recién seis meses después.
13) Vuelve el achatamiento ¿Es justo?
El achatamiento viene porque se aumentan sólo las mínimas, como ocurre ahora con los bonos de $5.000 que elevaron momentáneamente la menor jubilación a $19.068 (en marzo no sabemos cuánto será la mínima, porque son importes por única vez). El resto no se sabe qué aumento tendrá (cuando es un derecho ganado el 11,56% y el 12/14% adeudados). Por ese camino se “achata la escala”, algo que ya pasó bajo el gobierno de Duhalde y después de Néstor Kirchner y dio origen al famoso fallo Badaro que se ganó y tras el cual siguieron centenares de miles de juicios. ¿Podemos aceptar volver a recorrer semejante camino? Creemos que no, que hay defender los aumentos correspondientes para todas las escalas. ¿Significa eso que está bien la mínima? De ninguna manera. La mínima nunca podría bajar de la canasta básica del jubilado que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de CABA que hoy está en los $40000. Un nuevo sistema previsional debería partir de esa base y ser parte de una reorganización económica integral basada en el interés de los trabajadores. Es uno de los planteos esenciales de un gobierno de trabajadores como el que propone el Partido Obrero.
14) El FMI viene por las jubilaciones y pensiones
No tengas dudas compañera o compañero lector de este trabajo: el FMI viene por el sistema jubilatorio y sus menguados fondos. Los borradores de ese organismo central del capital financiero internacional y los Estados imperialistas -con EEUU a la cabeza-, plantean revisar todo el sistema previsional: aumento de la edad, rebaja de aportes, caída de la tasa de sustitución o jubilación, uso del FGS con otros fines, eliminación de la pensión del cónyugue jubilado que llaman “doble beneficio”, alcance del sistema, etc. Para los Estados modernos capitalistas que descargan su crisis sobre los trabajadores se trata de sistemas anclados en tiempos pasados de Estados de bienestar. Es falso, los políticos capitalistas han quebrado a los Estados para rescatar a los bancos y sus deudas usurarias y parasitarias en función del negociado buitre del inmenso capital financiero internacional que supera varias veces al capital productivo. Por ello van por el sistema jubilatorio en Francia que ahora mismo está en un enorme proceso huelguístico donde los trabajadores, desde las bases, defienden 42 regímenes jubilatorios conquistas en dos siglos de luchas obreras europeas. Ellos pretenden que los Estados sólo financien de rentas generales una pensión asistencial de miseria, no que las patronales aporten para una jubilación acorde al trabajo de una vida. El Partido Obrero plantea rechazar este planteo del FMI, en todos sus términos y defender el 82% móvil que incluye la jubilación digna y la movilidad de acuerdo a la evolución del salario en actividad. Y mientras haya una inflación mayor a dos dígitos anuales, que se actualice bimestralmente por costo de vida. El jubilado no tiene tiempo para esperar, y mucho menos hay derecho a tenerlo esperando juicios que duran años y años.
15) ¿Se puede financiar el 82% móvil?
Te respondemos que sí, definitivamente sí. Hay que reponer las contribuciones patronales, que en el pasado llegaron al 33% sumadas a las del trabajador. Hay que terminar con el trabajo en negro que hoy abarca a un tercio de la fuerza laboral, porque con esos aportes el sistema pegaría un salto gigantesco. Hay que terminar con la evasión patronal: es un delito contra el ser humano que vive de su trabajo, los capitalistas deben responder con sus fortunas personales ante la evasión. Una sencilla cuenta te muestra la viabilidad del 82% móvil. Con la reposición de cargas patronales el trabajador cada tres años financia un año de jubilación, a lo cual hay que sumar el rendimiento del fondo en 30 años de aportes. Y como en la Argentina la expectativa de vida es de 76 años promedio, el sistema es totalmente viable. Por otra parte el gran fondo se puede reproducir con fines de desarrollo industrial y de viviendas, es decir de desarrollo nacional. Así, en vez de ser un botín de gobiernos y banqueros, el sistema sería el punto de apoyo de una reorganización social y económica nacional bajo la dirección de los trabajadores.
16) Conclusión
El Partido Obrero propone, como dijimos más arriba, un directorio electo por el voto de sus beneficiarios y aportantes: los jubilados y los trabajadores. Con estas propuestas proponemos un debate a fondo en todo el movimiento obrero, en asambleas de sus sindicatos y lugares de trabajo. Pero también con los jubilados que son millones. Todos en la calle podemos defender nuestros derechos como hizo el pueblo de Mendoza para defender el agua: hicieron derogar una ley al parlamento mendocino que acaba de sancionarla y tuvo que retroceder el gobernador que acababa de promulgarla. Luchemos por las jubilaciones.