En la recorrida de Jorge Altamira por la Villa 31 nos contactamos con la gente, sus problemas cotidianos y su supervivencia.

Los problemas cotidianos son los mismos que hay afuera de la villa, pero acrecentados. Las violaciones, abusos, robos, drogadicción, trata, prostitución, gatillo fácil y otras yerbas son parte del color del barrio. La promiscuidad es incompatible con la convivencia.

Esta situación hace más imperiosa la necesidad de una urbanización, que forma parte del planteo estratégico de nuestro partido, y es la inserción de los trabajadores en los tejidos urbanos de las ciudades. Fuera de este marco estratégico, lo cotidiano es insoluble. A medida que el barrio se desarrolla, las contradicciones sociales al interior se hacen explosivas. Es lo que ocurre con la 31 Bis y, ahora, con el barrio San Martín. Esta extensión demuestra que la crisis habitacional arranca de afuera de las villas, por parte de quienes no pueden pagar alquileres o se quedaron sin trabajo. Macri y CFK cuentan con esta situación explosiva para declarar inviable la urbanización y seguir trabajando en función de la erradicación -la única estrategia del capital inmobiliario desde Cacciatore. La instalación de una terminal de subte en el borde del barrio acelera los tiempos. La extensión de la Línea H y los enlaces con otras líneas, desarrollarán un tránsito inusitado en todo el territorio aledaño.

En el barrio hay una Mesa de Urbanización en la cual intervienen habitantes de la villa y agrupaciones villeras, incluidas la del macrismo y las de los K, que empezaron a retacear presencia desde que la Mesa denunció el acuerdo PRO-FpV en lo referente a la especulación inmobiliaria. Es lo que ya fuera denunciado por los terrenos del Onabe, para el FpV, y el Borda, para el macrismo.

En 2009 se votó la ley de urbanización 3343, con 54 votos a favor; un dictamen posterior incorporó a su normativa al barrio San Martín.

La ley, como era de esperar, no se aplica, lo que desató grandes movilizaciones. El macrismo ofrece, como respuesta, el pago de un subsidio de 200.000 pesos a condición de que se trasladen a 80 kilómetros de la ciudad. Hay un acuerdo con los intendentes provinciales y de Nación para alojar en el conurbano a 10.000 familias -alrededor del 15-20% de la población del barrio (Padre Mujica). Se trata de un negociado para los intendentes, que no han dado solución a la crisis habitacional en sus distritos.

Este esquema de ‘urbanización', que es denunciado en la Mesa, lo negocian Cabandié y Ritondo, y no lleva a ningún lado.

Actualmente, la Mesa se está esforzando por recuperar el protagonismo que impuso la aprobación de la 3343. Desde la Mesa se está planteando una renovación de delegados, por manzanas, o sea que no haya re-re (ni prórroga) de los mandatos de los actuales. Se trata de una cuestión clave, porque por la vía de delegados independientes, responsables ante sus manzanas y revocables, se podría suscitar un movimiento enorme; una estructura dependiente de los gobiernos sería, por el contrario, la estructura para desarrollar la erradicación. Un gran comité de delegados es imprescindible para asegurar que se produzca una urbanización en el tejido de la ciudad, y no un conglomerado de baja calidad que, en una etapa posterior, sea recuperado por el gran capital para un desarrollo inmobiliario de carácter especulativo. Un cuerpo de delegados afín al macrismo y el FpV sería funcional a los especuladores inmobiliarios (y portuarios) que pretenden estos terrenos, cuyo precio está entre los más caros.

La extensión del subte hasta Retiro ha creado la expectativa de que la villa se convierta, en definitiva, en el barrio Mujica. Estarían previstas dos estaciones (Facultad de Derecho y Mujica), o sea que entrarían en la 31. Lo único cierto, sin embargo, es que solamente tienen fecha de inicio las obras de dos estaciones, Las Heras y Sáenz (en Valentín Alsina), para 2015 y 2017, respectivamente. De las otras no hay siquiera una fecha tentativa.

La demora indefinida de las obras de subterráneo vinculadas con la villa es significativa. Ocurre que la ley 2638 -un acta convenio entre Nación y Ciudad para que pase una autopista por el medio de la 31- implica el desalojo del 80% de la actual población. Esta autopista pretende unir el norte y sur del conurbano, pero también, junto al cambio en la avenida 9 de Julio, convertir al microcentro en una peatonal para el turismo internacional. La autopista, de acuerdo con el proyecto original, debería ir por la calle Castillo, pero Macri, vocero de la Corporación Puerto Madero, quiere que pase por la villa, para que no atraviese el proyecto inmobiliario de Puerto Madero. La cuestión urbana, como se puede ver, es incomprensible al margen de la lucha de clases.

Por otro lado, como existe el proyecto de llevar el puerto porteño a La Plata, quedará un terreno enorme, ofrecido a la especulación inmobiliaria en las adyacencias de las tres villas existentes. En la Ciudad se libra una lucha por el poder en su sentido más pleno (no administrativo): el poder sobre el suelo urbano. En definitiva: privatización y enormes ganancias financieras, al lado de un agravamiento del déficit habitacional; o nacionalización del suelo para insertar a los trabajadores y obreros en el tejido urbano y reducir el precio de la vivienda a su costo de construcción. La lucha urbana en la zona portuaria porteña empalma con la lucha de los habitantes inundados de La Plata por la completa transformación del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de las diagonales.

La urbanización de la 31 significa la construcción de una vasta infraestructura, que va más allá del territorio ocupado por el barrio: redes clocales, de agua y de gas y, además, hospitales, escuelas y un centro cultural que merezca ese nombre. El Banco Ciudad debe estar al servicio del financiamiento de esta urbanización, en lugar de dedicar su cartera de créditos al capital sojero. En esta obra deben intervenir los habitantes de la 31 con un programa. El emprendimiento de la urbanización servirá para atacar la desocupación brutal, en especial de los jóvenes, bajo la protección de los convenios colectivos de trabajo. Será un ejemplo para la lucha por el medio urbano en todo el país. Los representantes electos del Frente de Izquierda seremos los voceros obreros y socialistas de este programa y de esta estrategia.