A un mes de transcurridos los asesinatos de Andrea Castana y Hernán Sánchez en la ciudad de Carlos Paz, no hay ningún imputado por las causas, no se ha garantizado el objetivo que ha movilizado al pueblo de Carlos Paz: esclarecimiento de los crímenes, juicio y castigo a todos los responsables; en síntesis, terminar con la impunidad.

Peor aún, De la Sota acaba de nombrar a la fiscal Alejandra Hillman como “directora” de ambas investigaciones. Sobre Hillman pesan pedidos de destitución presentados en el jury por sus intervenciones en varios casos resonantes en el Valle de Punilla. Para citar dos de los más importantes: el de Brian Palomeque en la ciudad de La Falda y Jorge Reyna en Capilla del Monte, ambos asesinados -luego de una brutal golpiza y tortura- en las comisarías de ambas localidades.

Prontuario

La fiscal Hillman fue y, actualmente es, la garantía judicial de todo un entramado compuesto por fiscales, policías y funcionarios políticos con el negocio del narcotráfico, el juego y la trata de mujeres. La famosa Ruta 38 cuenta con innumerables desapariciones y supuestos “suicidios”, todos ellos relacionados con el aparato del Estado. En el caso de Jorge Reyna, su accionar fue tan burdo que llegó a afirmar que las marcas de los golpes fueron en realidad producidas por el traslado del cajón.

Hillman fue promovida por el propio De la Sota para impulsar los ascensos de la “nueva fuerza policial” luego de las denuncias por su ligazón con los principales narcotraficantes de la provincia. El comisario Ortega, involucrado de manera directa en los crímenes de Palomeque y Reyna, fue ascendido a un cargo de jefatura en la policía departamental.

El equipo de Hillman cuenta con, nada menos, los fiscales Marchetti y Mazzuchi que la ciudadanía en pleno de Carlos Paz señala como cómplices necesarios de negociados y crímenes, y actualmente son los fiscales involucrados en ambas causas. En pocas palabras, se busca preservar todo el aparato estatal sospechado de accionar mafioso.

Elecciones y programa

En las presentes elecciones a gobernador y municipios se ha establecido una divisoria de aguas que atraviesa todo el corredor de Punilla. Por un lado, De la Sota apoya la impunidad colocándose decididamente a resguardar el negocio de la droga y la trata. En este camino se anota la oposición (UCR, Frente Cívico y FpV) que no solamente no ha movido un dedo en la Legislatura, sino que garantiza la impunidad en los municipios donde es gobierno como en La Falda, Capilla del Monte y Carlos Paz.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda nos colocamos desde el reclamo popular, que motivó las históricas movilizaciones y asambleas, de ir a fondo en la investigación, de la destitución de los fiscales y del jefe regional de la Policía; por la apertura de los libros de las comisarías y de los juzgados para someterlos al control de los familiares de las víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos; por la derogación del Código de Faltas y el desmantelamiento del aparato represivo.