El boom del juego o quiénes son los ‘padrinos’
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UN NEGOCIO CRIMINAL
El desarrollo exponencial del negocio del juego es uno de los pilares de la clique política y empresarial que se agrupa en torno del kirchnerismo. Esto se puso de manifiesto durante la polémica por la instalación de un segundo casino flotante en la Ciudad de Buenos Aires. El primero de ellos había sido autorizado por la Legislatura porteña en 2003, con el apoyo de los diputados de Macri, Ibarra y Kirchner. Un año después, un decreto presidencial convalidó tanto la instalación del casino como del tragamonedas en los bingos existentes en la Ciudad.
Patagónicos y mediterráneos
El “zar” de la instalación de estos bingos con tragamonedas en la Capital es el empresario patagónico Cristóbal López, integrante del entorno kirchnerista más íntimo. Según un estudio de la Universidad Nacional de la Patagonia, López es dueño de un “holding de empresas locales, regionales y nacionales (que) abarca desde la explotación petrolífera hasta la del juego en casinos locales”. Entre sus firmas revista la empresa Oil, contratista de Repsol. Una empresa de López —Casino Club— está pugnando por expandirse ahora a Tucumán, con un hotel con centro recreativo, casino y tragamonedas. López —a quien algunos denominan “el Yabrán de la era K”— no es el único. En Córdoba, el Grupo Roggio acaba de obtener “la licitación del juego por veinte años” (El Cronista, 19/4). Actualmente tiene ocho hoteles-casino en proyecto o en construcción. En dos de ellos, “la financiación provendrá de la Lotería provincial, y Roggio participará sólo como operador” (ídem). Se trata de una asociación entre Roggio y De la Sota para privatizar el juego provincial al estilo K: la inversión correrá a cargo del Estado, la “caja” estará en manos de los privados.
En el ámbito bonaerense, el negocio de los bingos con tragamonedas acaba de quedar bajo el monopolio de la firma española Codere, que lo compró a su competidora, Bingos Royal. La operación permitirá el control de 8.000 máquinas tragamonedas, y un negocio de 900 millones de pesos (El Cronista, 20/4). Codere también registra intereses en el Casino de Tigre, que Duhalde habilitó en 1998 por “adjudicación directa”. Al anunciar la compra de Bingo Royal, los propietarios de este pulpo español desmintieron “categóricamente la existencia de cualquier negociación vinculada a la compra de Casino Club, propiedad del empresario patagónico Cristóbal López”; es decir que los dueños del juego bonaerense se comprometieron a respetar la quinta del kirchnerismo.
Descomposición
Fogoneado desde el Estado, el desarrollo del juego se justifica en nombre de las necesidades del “turismo receptivo” y del “ingreso de recursos a la asistencia social”. Pero los nuevos casinos privados transferirán al Estado, como máximo, el 20% de sus ganancias. Es significativo que en paralelo al desarrollo del juego, estén proliferando los “seminarios” y “estudios” dirigidos a combatir… la “ludopatía”. Uno de ellos, organizado y financiado por el pulpo Codere, ha reclamado una legislación “contra el juego compulsivo, que ayudaría a otorgar transparencia, solidez y certeza jurídica a una industria de la que dependen muchas familias” (Ambito, 8/4). Como en el negocio del tabaco, la leyenda “jugar es perjudicial para la salud” pretende cubrir a los pulpos de afrontar juicios millonarios. ¡Pero el gobierno fomenta este negocio criminal!
Con todo, el gran filón de esta “industria” pasa por las operaciones sistemáticas de lavado de dinero. El lugar apropiado para ello son los casinos, donde por el mero trámite de comprar y vender fichas los recursos del narcotráfico, las “cajas negras” del aparato estatal o cualquier otro ilícito pueden convertirse en “ganancias de juego”, o sea legales.
El boom del juego es un ejemplo de la “Argentina kirchnerista”, con sus aliados provinciales, sostenes empresariales y aparatos políticos. Retrata la naturaleza social de la clique social y política que protagoniza la “reconstrucción” (capitalista) de la Argentina desde enero de 2002. El juego es parte de una reactivación económica que agrupa en un solo polo a lavadores de dinero, contratistas del Estado y funcionarios “asociados”.
