Mi hijo está muerto por culpa mía, porque confié en la policía”, declaró, en su única aparición pública, la señora María Elena Usonis, esposa de Juan Carlos Blumberg y madre del joven asesinado por una banda de secuestradores. Sin emitir juicio sobre esta confianza en la institución que supuestamente debía protegerla, no le falta razón a la madre de Axel respecto de la responsabilidad policial.

Su esposo, en cambio, no parece pensar lo mismo, e incluso sus abogados — entre ellos Marcelo Durrieu, peronista que perteneciera al círculo íntimo de Ramón “Banelco” Ortega — no pidieron pena alguna para el subcomisario Daniel Graviña y solo una menor (cinco años) para el comisario Juan José Schettino, ex jefe de la División Antisecuestros de la Bonaerense, encubridor directo de los criminales. Sólo se pidió perpetua para la banda que tuvo a su cargo el trabajo sucio de retener y asesinar al muchacho.

Blumberg denunció que Schettino ocultó información clave para el caso, pero otro de sus abogados, Munilla Lacasa, dijo en el alegato de la querella: “¿Buscó Schettino encubrir a (Martín ‘El Oso’) Peralta y su banda? No creemos eso. Creemos que quiso detener a la banda. Quiso alzarse con los laureles del esclarecimiento del caso Blumberg. Protagonizó su egoísmo y su soberbia a sus deberes de funcionario público” (Ambito Financiero, 14/9). Así, la complicidad y el encubrimiento se transforman en un simple incumplimiento de los deberes de funcionario público por su “pecado de soberbia”, ya que tantas velas y cruces del Opus Dei usan en sus marchas.

Pero la “soberbia” tiene en este caso aristas abiertamente delictuosas: cuando se produjo el secuestro del chico Blumberg, hacía meses que Schettino tenía a Peralta con orden de captura por otro secuestro, el de Ana María Nordmann. Schettino derivó esa orden al comisario Aldo Paredes, de La Falda, Córdoba, donde él sabía que Peralta no estaba.

Daniel Sagorsky, otro de los miembros de la banda, tampoco era un desconocido para Schettino y Graviña. Sagorsky era uno de los más conocidos “auteros” — comerciantes de repuestos robados de la calle Warnes — , protegido por la policía y alcahuete personal de Graviña. Cuando advirtió que las cosas se complicaban, poco después del asesinato, Sagorsky se comunicó personalmente con Graviña y buchoneó a Peralta, sin que el policía actuara.

Empero, durante el juicio, la querella no presentó cargos contra Graviña, lo cual sorprendió incluso a los defensores del policía, Juan Martín Cerolini y Marcelo Rocchetti, quienes dijeron estar “muy conformes” (ídem ant.).

La gran patota

Entretanto, la Fundación Axel, financiada por el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés), empieza a constituirse en una fuerza política con vuelo propio, en un centro de reagrupamiento y hasta en grupo de choque de la derecha, difícil de arrastrar por Macri y compañía.

En principio, Blumberg se ha rodeado de una custodia policial de igual calaña que la de los asesinos de su hijo. Ahí hay varios ex “bonaerenses” exonerados, que en su momento constituyeron el movimiento de los “Sin Gorra”, tras la primera purga provincial de León Arslanián. “Su hijo (por Axel Blumberg) estaría con vida si la banda de Martín ‘El Oso’ Peralta no hubiera contado con la complicidad de policías como los que ahora rodean al ingeniero” (Raúl Kollman en Página/12, 10/9).

En la nómina figura, por ejemplo, la ex capitana Lidia Seimandi, quien en sus tiempos de jefa de la Subcomisaría Delta, en Tigre, estafaba a sus propios camaradas robándoles dinero de los “adicionales” — no registrados en libros — que se cumplían en empresas privadas, servicios para los cuales empleaba móviles de la repartición. También era especialista en cobrar “protección” a quienes podían pagarla, y en desproteger a quienes no podían; es decir, a la gente de a pie. Entre otras cosas, esa mujer recibía una coima de 5.000 pesos mensuales del Casino de Tigre. Dicho sin vueltas: ella manejaba toda una red de “cajas negras” y recaudación ilegal.

Otro es Mario Attardo, dos veces preso por coimero y por sus “arreglos” con delincuentes comunes. También por matón y “gatillero fácil”, como cuando, el 30 de abril de 2000, le arruinó una pierna a un joven, a la salida de un boliche, con un disparo de 9 milímetros mientras le gritaba: “¡Saltá, puto!”.

Del mismo modo, aparece junto a Blumberg el ex sargento Jorge Gómez, con condena a confirmar, igual que los anteriores, por la muerte en tortura de un muchacho detenido el 11 de agosto de 2001.

Se podría seguir, pero la lista es demasiado larga: son una patota de unos 50 tipos en total. El MIT, según se ve, no tiene problemas dinerarios cuando se trata de financiar a esas bandas.

Cuando la prensa le recordó a Blumberg el prontuario de esa caterva, el ingeniero contestó: “Es toda gente excelente, que no anda en la joda”.

En cambio, sí corresponde citar al jefe de relaciones públicas de la Fundación Axel: Mario Bragagnolo, padre de Matías, asesinado en circunstancias confusas tras una pelea. Por ese caso, como se sabe, está preso un policía.

Pues bien, Bragagnolo fue asesor y amigo (si es que esa clase de tipos puede tener amigos) de Emilio Massera.

Esta gente es la promotora del fortalecimiento del aparato represivo, responsable del asesinato de sus propios hijos y base de la ola de inseguridad y de la inseguridad permanente, que ellos incentivan. Recuérdese, por ejemplo, que ahora mismo la Policía Federal amenaza “pudrir la calle” en la Capital por una pelea entre ellos acerca del manejo de las cajas.

El desmantelamiento de esas bandas uniformadas a las que Blumberg defiende es, literalmente, cosa de vida o muerte.

ALEJANDRO GUERRERO