JUECES Y OBISPOS CÓMPLICES EN EL TRÁFICO DE BEBÉS

Después de luchar un año, Alejandra Ibarra, una compañera santiagueña del Polo Obrero, y su esposo, Mario Díaz, lograron que el Superior Tribunal de Justicia provincial ordenara la restitución de su hijo, robado a poco de nacer. Sin embargo, durante dos meses el nene seguirá en poder de los apropiadores y sólo visitará a sus padres.

Los apropiadores, el matrimonio Della Torre, anunciaron que apelarán ante la Corte Suprema de la Nación y que solicitarán autorización para retornar con el bebé a la Capital Federal. El permiso sería un visto bueno para la fuga, porque los Della Torre burlaron todas las resoluciones judiciales favorables a los padres biológicos.

“Cuando estaba embarazada -cuenta Alejandra-, me ofreció trabajo la abogada Luz Frágola de Azar, fiscal de Estado. Dijo que un médico amigo, Ramón Lugones, me podía ligar las trompas en su clínica en el momento del parto. Y ella de a poco me lo descontaría del sueldo.” Alejandra se empezó a atender en el Sanatorio Norte; el 29/9/05 fue a un control y se despertó con una cesárea prematura y sin su hijo. Un funcionario del Registro Civil le exigió que firmara la tenencia a favor de Carlos Della Torre y su mujer, Marcela María Martínez. Como se negó, Frágola la amenazó con mandarla presa.

Ibarra y Mario Díaz tardaron ocho meses en encontrar abogado. La Justicia reconoció que la adopción es ilegal y la firma, falsa. Que Ibarra nunca consintió la adopción. Sortearon decenas de zancadillas legales y aprietes. Los Della Torre “me ofrecieron hasta 50.000 pesos y sacar del medio” a mi marido si era “el obstáculo para que les diera el chico”. En mayo, una jueza ordenó la restitución. Alejandra viajó a un country de Escobar a buscar a su hijo pero la jueza suspendió el procedimiento. Los Della Torre se fugaron.

Una jueza estableció un régimen de visitas; fue recusada. Otro juez ordenó la restitución gradual; no se cumplió. La causa pasó por nueve juzgados. Cuando Ibarra y Díaz hicieron una huelga de hambre, el gobernador Zamora se negó a recibirlos, pero recibió a los apropiadores.

Los padres también enfrentan a la Iglesia santiagueña, experta en venta de bebés. “El obispo Francisco Polti autorizó misa todos los jueves en la catedral para que no me lo restituyan; hacen marchas con velas y volantean la escuela de mis hijos y sacan solicitadas en los diarios, diciendo que el nene morirá si lo devuelven”, denuncia Alejandra.

Ibarra pidió audiencia a Alberto Fernández y al secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde. Ninguno la recibió. La Fundación Adoptar denunció en 2005 que el tráfico de bebés en Santiago del Estero lleva cerca de 30 años con 25.000 chicos robados. Sólo en Añatuya hubo miles de alumbramientos sin registrar y hoteles con salas de parto; el hospital y clínicas privadas integran la red que involucra al obispo Baseotto, parteros, médicos, monjas y funcionarios judiciales (La Capital, 28/5). La Justicia protege las adopciones truchas.

Los apropiadores ya se presentaron ante la Corte Suprema nacional, defendidos por abogados de la Curia y la Universidad Católica santiagueña. Los Della Torre, que tienen otro niño “adoptado”, tal vez no sean sólo apropiadores sino parte activa de una red de tráfico.

Los hijos de las mujeres pobres no son mercancías. El bebé Ibarra debe ser restituido inmediatamente y sus apropiadores castigados.

 

Olga Cristóbal