El 14 de noviembre, una explosión en la planta estatal Petrochina (filial de CNPC, la mayor petrolera nacional), situada en Harbin, nordeste de China, derramó 100 toneladas de benceno en el río Shongua. El benceno es un potente cancerígeno y en grandes concentraciones, mortal; afecta el ADN, la médula ósea y produce leucemia, anemia y otras enfermedades de la sangre y el sistema respiratorio. La mancha abarca una superficie de 80 kilómetros y el nivel de contaminación es hasta 108 veces superior al admitido. El Financial Times advirtió que también se verá afectada la cadena alimentaria: “Si la mancha permanece un cierto tiempo, terminará infiltrada en las tierras vecinas y en consecuencia, en la hierba que comen los animales”. Como el río está congelado, la masa de benceno fluye lentamente.

Rusia denunció que la polución afectará su territorio fronterizo cuando las aguas del Shongua lleguen al río Amur; evacuó poblaciones, hizo acopio de agua potable y suspendió todas las exportaciones provenientes de esa región de China.

Los medios europeos califican a la explosión de Petrochina como “el Chernobyl ruso”, no sólo por la magnitud del desastre sino porque además el gobierno chino trató de ocultarlo. Las ciudades de Songhua y Zhaoyuan (4 millones de habitantes) usaron durante nueve días agua contaminada. Recién ante el pánico y el éxodo generalizados, el gobierno cerró escuelas y comercios y “ordenó cortar el suministro de agua en las ciudades de Harbin (9,3 millones de habitantes) y Shongua”, con la excusa de que realizaba tareas de mantenimiento. “La medida llega tarde” (El País, 23/11). El corte de suministro de agua caliente dejó a las viviendas sin calefacción, con temperaturas de 8º bajo cero. Como tantas veces ha señalado Prensa Obrera, la restauración capitalista genera grandes convulsiones sociales, y los jerarcas chinos parecen apelar al silencio para evitarlas, aun cuando condenen a muerte a la población.

Diez días después, otra explosión de una planta química a miles de kilómetros de la primera, en Chongqing (centro del país), derramó benceno en un río cercano. No hay mucha información aunque “el número de evacuados en Chongqing es mucho mayor que los de Harbin” (El País, 25/11).

Los jerarcas chinos, en su enfebrecido regreso a la economía capitalista, han arrasado con cualquier concepto de seguridad ambiental. “Lo ocurrido en Harbin y Chongqing es un claro ejemplo de la tremenda factura medioambiental que está pagando el país asiático por la política seguida durante los últimos 20 años de lograr industrialización y crecimiento económico al coste que sea. El 70% de los ríos chinos están contaminados, según ha develado esta semana el gobierno; la lluvia ácida afecta a un tercio del territorio y siete de las 10 ciudades con más polución del mundo son chinas. Alrededor de 180 millones de personas, de una población total de 1.300 millones, no tienen acceso a agua potable debido a problemas de polución” (El País, 24 y 25/11). Esto elevó meteóricamente los índices de cáncer e intoxicaciones en la población rural.

El deterioro medioambiental va de la mano del abandono absoluto de la seguridad laboral. “La restauración capitalista ha creado en China desigualdades sociales extraordinarias y, por sobre todo, ha llevado a un despojo de los derechos sociales de las mayorías, a las que lanza al mercado de trabajo para el capital” (Prensa Obrera, 18/3/04). Dos días después de la última catástrofe petrolera, una explosión en una mina de carbón dejó 88 mineros muertos y 36 desaparecidos en la provincia de Heilongjiang, en el nordeste del país. Sucedió apenas tres días después de otro accidente en la provincia de Hebei (norte), que costó la vida a por lo menos 17 mineros bloqueados en una mina inundada. “China es el país que registra el mayor número de accidentes mineros. Hay unas 24.000 minas de carbón en las que, según cifras oficiales, mueren 6.000 personas por año, aunque estimaciones independientes sostienen que el número real es de 20.000 (Clarín, 28/11).

Olga Cristóbal