Ni el Partido Obrero ni los compañeros de Mariano Ferreyra iban a ser tratados como víctimas; por el contrario, serían atacados desde el primer momento. El principal objetivo de este cuestionamiento era no dar crédito a la acusación concreta de los responsables del crimen de Mariano y las graves heridas de Elsa Rodríguez.

Al día siguiente del 20 de octubre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió a deslindar toda responsabilidad del gobierno nacional en los hechos. Dijo que él no podía hacer nada si “un tarado” sale de su casa con un arma. Y aseveró que la Policía Federal, cuestionada por la supuesta falta de intervención, “hizo lo que tenía que hacer” y fue “impecable” en su accionar.

Por su parte, la entonces presidenta Cristina Fernández sostuvo que “hay algunos que hace tiempo que buscan un muerto”. Defendió a la Policía Federal -cuya inacción denunciábamos- y acusó al Partido Obrero de actuar con “grados esquizofrénicos”. Sin nombrarlo, dijo que “el mismo grupo político” que ayer reclamaba que la policía no los había defendido, el 14 de octubre ocupó con “violencia” el Ministerio de Educación y “agredió” a la policía. Se refería a la toma del Palacio Pizzurno por estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en reclamo del edificio único prometido por el gobierno para 2007.

CFK evitó aludir a las patotas sindicales y eligió presentar los acontecimientos como un accionar entre violentos, al cuestionar genéricamente a “las bandas” y el uso de “armas y palos” en las manifestaciones –esto segundo, en clara alusión a los compañeros de Mariano. Y colocar al gobierno como víctima al sostener que “hay una marcada intención de desprestigiar y de ensuciar las cosas”.

El 20 de octubre aparecían declaraciones de la fiscal Cristina Caamaño quien “pidió” que los compañeros de Mariano “no usen la muerte de Mariano”, acusando que los testigos del Partido Obrero “demoraban su declaración en la fiscalía”, cuando en la tarde del día 21 ya habían declarado por lo menos dos testigos presenciales del PO. Dicha fiscal no recibió, ni aceptó por medio de sus auxiliares, el ofrecimiento de la abogada del Partido Obrero para coordinar la presentación de los mismos.

Cristina Kirchner no perdió la oportunidad de ahondar en los dichos de la fiscal para sumarse a la difamación: “contó que unos privilegiaron la asistencia a la marcha y otros las entrevistas con autoridades para que los cesanteados fueran reincorporados”, refirió la presidenta.

El gobierno siguió conspirando largos meses para proteger a los asesinos

Pero el gobierno siguió operando para proteger a los responsables intelectuales del crimen de Barracas. Como muestra de ello está la célebre conversación del entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con el entonces secretario general de la Unión Ferroviaria, y principal instigador del crimen, José Pedraza, donde lo trataba de “querido” y le decía en relación a la incorporación de los tercerizados que “la mejor defensa es un buen ataque”, al aconsejar introducir cuadros propios en el ingreso de los tercerizados para neutralizar el accionar de los “zurdos”. Esta conversación fue en el mes de diciembre, casi dos meses después del asesinato de Mariano.

La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, llamó a Pedraza para expresarle su solidaridad y ponerse a su disposición “para cualquier cosa que necesites”, en momentos en que el domicilio de Pedraza estaba siendo allanado en el marco de la investigación por el crimen de Mariano Ferreyra, en el mes de febrero, previo a su detención.

Tampoco dudó el gobierno kirchnerista en introducir “carne podrida” en el expediente, al presentar la teoría en la causa, mediante agentes de inteligencia, que trataba de involucrar a Duhalde en el asesinato.

El ataque hacia el movimiento de tercerizados y los compañeros de Mariano volvió a tomar forma en la directa imputación de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, de los incidentes del 23 de diciembre del 2010 en la estación Constitución, provocado por disturbios tras los cortes de vías de ese día que exigían el pase a planta permanente de los tercerizados. Esta persecución se plasmará con la detención de los ferroviarios Jorge Hospital y Omar Merino, y el pedido de captura contra Eduardo Belliboni (dirigente del Polo Obrero) y otro trabajador tercerizado de apellido Morales, el 26 de diciembre del 2010, quienes finalmente fueron arrancados de la prisión por la movilización popular y el repudio que generó la persecución a los compañeros de Mariano.

La detención posterior de Pedraza y el juicio oral y público fueron el resultado de la gigantesca presión popular que se enfrentó a la acción del Estado, que tuvo un accionar constante a lo largo de los meses siguientes al asesinato.

Para los agentes del Estado, Mariano Ferreyra quiso ser reducido a un pobre muchacho, tratando de desvirtuar su militancia, conciencia y su pertenencia al Partido Obrero y a la militancia socialista. Como también querían presentar a la compañera Elsa Rodríguez, como alguien que iba forzada por “el choripán o el bolsón de mercadería”. Lo que fue desvirtuado ante los medios por la indignación de sus hijas, en especial Vanesa, que en la puerta del Hospital Argerich, mientras Elsa luchaba por su vida, dejó bien claro en cadena nacional: “dicen que mi mamá iba engañada. Mi mamá hace ocho años que anda de acá para allá con el Polo Obrero, porque esa es su vida, luchar más por otros que por ella”.

Para el Partido Obrero, y para todos los luchadores del clasismo y la izquierda, la muerte de Mariano colocó sobre la mesa el carácter antiobrero y parasitario del régimen social y político que pretendió “reconstruir a la burguesía nacional”.

Mariano Ferreyra dio la vida por una salida obrera y socialista a esa quiebra nacional; el partido donde militó desde sus 14 años, colectivamente, estuvo a la altura y logró que la impunidad no fuera el final.