UNA MARAÑA DE INTRIGAS Y OCULTAMIENTOS

La entrevista del lunes pasado de miembros de la familia López con dos fiscales sacó a la luz las limitaciones brutales del gobierno en la “investigación” del paradero de Jorge López. La familia pidió, en primer lugar, que los fiscales “centralicen toda la información”, puesto que es “abordada todos los días y en momentos distintos por la Policía Federal, la Side y la Gendarmería” (Página/12, 4/10); o sea que el gobierno carece de cualquier control y que el caso es un campo de disputas y conspiraciones entre los ‘servicios’.

Por otra parte, dice el diario, “que los fiscales provinciales sigan al frente de la causa implica tácitamente que la desaparición de López se encuentra encuadrada en una ‘averiguación de paradero’ y no en un secuestro, que es un delito que está a cargo de la Justicia Federal” (ídem). Es decir que la dispersa “investigación” se lleva a cabo bajo la orientación señalada por Aníbal Fernández, primero, y por Bonafini, después, es decir, la del extravío o auto-confinamiento. Con ese mismo “criterio”, la búsqueda de López está desgajada de cualquier investigación sobre la oleada de amenazas contra testigos y jueces; de las llamadas anónimas a universidades y escuelas; de la paliza brutal que recibió Pablo Giachello, militante del PO de La Plata y activo luchador por la aparición de López.

Los aparatos de la dictatorial, del gatillo fácil, y de la asociación con el delito organizado desafian al gobierno, pero el gobierno les entrega la tarea de “hallar” a López. Por eso, la única “información oficial” son los rumores, los ocultamientos y las “versiones” dirigidas a eximir de toda responsabilidad al aparato de represión estatal.

En lugar de ocuparse de movilizar al pueblo para atacar una conspiración anidada en el propio Estado, Kirchner se pasea por Misiones para apoyar la reelección indefinida de un puntero político directamente asociado a la oligarquía y a la intimidación contra el pueblo.

Mientras Bergoglio sale a la palestra para reclamar una ‘reconciliación’ y una deposición de ‘odios’ que sabe a una exigencia de compromiso con los aparatos del Estado que reclaman una nueva variante de la amnistía, la secretaría general de la APDH de La Plata, Marta Vedio, denuncia precisamente que existe “una enorme presión sobre el Estado” para obtener un “nuevo punto final” (Clarín, 2/10). El silencio oficial es una cortina de humo para preparar esa suerte de compromiso que por el momento no parece haberse logrado.

La ‘inquietud’ oficial, por cierto que tardía, se ha manifestado por medio de Estela de Carlotto, que ha convocado a una manifestación, el 6 de octubre, que está decidida a regimentar políticamente, en especial teniendo en cuenta la decisión de toda la izquierda y movimientos obreros, populares y de derechos humanos de participar. Para esta movilización planteamos el llamado a un paro general activo. En un escenario de encubrimientos y tentativas de compromiso la clase obrera de estar en la calle y convertirse en protagonista principal. La crisis política en curso constituye, para la clase capitalista, una excelente oportunidad, para extorsionar al gobierno con sus reclamos pendientes, que en definitiva van contra los trabajadores. Vamos a una crisis de conjunto de la política oficial que pretende mediar entre la patronal y los obreros.

La conspiración de los servicios para parar los juicios por los crímenes de la dictadura y la impunidad para sus aparatos, de ningún modo significa que el gobierno de Kirchner se encuentre en peligro en su condición de representante fundamental de la clase capitalista en su conjunto. Esto lo recuerda un editorial del diario gusano anti-castrista The Miami Herald (2/10). “Nuestra opinión: Los juicios a los acusados por la ‘guerra sucia’ debe proseguir”. En el texto afirma que “en tanto los responsables por los crímenes de estado no sean llamados a rendir cuentas, Argentina seguirá siendo incapaz de concentrarse en los desafíos del futuro”. Obviamente se refiere al futuro capitalista. Pero la reconcilación entre el aparato transitorio de los funcionarios electos y el aparato permanente de la burocracia de los servicios y de la represión, es un objetivo que se le escapa una y otra vez a la burguesía en Argentina.

La lucha por la aparición con vida de López es, por sobre todo, la lucha contra esta red de encubrimientos. Debemos formular abiertamente que el gobierno informe, en forma diaria y pública, qué es lo que está haciendo para hallar a López.

Basta de intrigas y ocultamientos. Que se abran los archivos de la Side. Desmantelamiento del aparato represivo.

Aparición con vida.

Por un inmediato paro general activo.

Marcelo Ramal